En Latinoamérica hay un antes y un después del escándalo Lava Jato. La gigantesca investigación por corrupción originada en Brasil se extendió rápidamente a otras naciones, sobre todo después de reconocer la constructora Odebrecht, ante las autoridades estadounidenses, haber pagado sobornos en varios países.
Tan relevante es el caso que los fiscales y procuradores generales de diez países latinoamericanos y Portugal acordaron realizar indagaciones coordinadas. Hoy se investiga o procesa a funcionarios y exfuncionarios, incluidos varios expresidentes. No obstante, hay un buen número de exmandatarios cuestionados o investigados por otros casos. Sea por uno u otro asunto, ahora todos están asociados: ahora todos forman parte del club de expresidentes en problemas.
Al ritmo de la delaciónEn Brasil, los cinco expresidentes vivos tienen cuestionamientos por Lava Jato. Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien dejó la presidencia con 87 por ciento de aceptación, es figura central. El líder del Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso. El más avanzado es uno en el que es acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS. En esa indagación, el procurador a cargo sostiene que Lula sería el jefe de la organización del caso Petrobras, una consecuencia de la operación Lava Jato.
En sus delaciones premiadas por la justicia, exejecutivos de Odebrecht confirmaron que su planilla con el nombre ‘Amigo’ contabilizaba las coimas para él. Y el expresidente de la firma, Marcelo Odebrecht, aseguró haberle entregado a Lula más de cuatro millones de dólares entre el 2012 y el 2013, y que en el 2010 abrió una cuenta con 13 millones para él.
Lava Jato también puso contra las cuerdas a su heredera, Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público investiga a la única mujer que ha ejercido la presidencia en ese país por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como por nombrar ministro a Lula poco antes de ser destituida. Días atrás, la constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff del 2010 y 2014.
José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir sobornos. En el 2015, un exfuncionario aseguró que líderes de su partido (PMDB) incurrieron en esa conducta. Entre ellos estaba el exmandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario de coimas por la construcción de un ferrocarril. Además, al igual que Rousseff, es investigado por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar usar su influencia para proteger a un aliado.
En cuanto a Fernando Collor de Mello (1990-1992), ya fue denunciado por la Procuraduría. Sometido a un proceso de ‘impeachment’ en 1992, es acusado de haber recibido más de ocho millones de dólares y de haber influido en contratos firmados por una subsidiaria de Petrobras.
Ricardo Pessoa, quien presidió la constructora UTC, dio detalles de los pagos. Dos exejecutivos de Odebrecht también acusaron al expresidente de recibir poco más de 250.000 dólares para su campaña al Senado del 2010.
La constructora señaló además que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998. Además, es investigado por el supuesto uso de una empresa como intermediaria para dar dinero a una expareja.
En Perú hay tres expresidentes vinculados a Lava Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Toledo (2001-2006) tiene la situación más complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra la corrupción, en la actualidad se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, que une a Perú y Brasil. Como parte de la indagación al respecto, el Poder Judicial (PJ) ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Hace unos días, el PJ volvió a dictar la misma medida, pero por un proceso relacionado con la compra de inmuebles. Toledo está prófugo en Estados Unidos.
Alan García, su sucesor, es investigado por las coimas de Odebrecht. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que exfuncionarios de su segundo gobierno están presos.
Ollanta Humala (2011-2016) es otro exmandatario en una situación compleja. En su delación, Odebrecht reveló que su compañía entregó tres millones de dólares para su última campaña presidencial. La Fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los aportes que recibió en las campañas del 2006 y el 2011.
Hay otros dos exmandatarios peruanos que no están relacionados con Lava Jato pero han sido sentenciados. Uno es Alberto Fujimori, condenado por delitos durante su mandato (1990-2000). Hoy está cumpliendo sus penas (la mayor es de 25 años de cárcel). El otro es el expresidente de facto Francisco Morales (1975-1980). A fines de enero, un tribunal italiano lo condenó a cadena perpetua por su implicación en el Plan Cóndor, aunque sigue en libertad en Perú.
Como en Brasil y Perú, en Argentina y El Salvador hay expresidentes en problemas, aunque no por Lava Jato. Con 22 causas penales, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es la exmandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones desde el retorno a la democracia en 1983, seguida por Carlos Menem (1989-1999). Este tiene dos condenas, de 4 y 7 años de prisión, que no están en firme. Fernández no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin orden judicial ni cobrar la pensión.
En El Salvador hay dos expresidentes cuestionados. Antonio Saca ha sido acusado de dirigir una red que habría lavado 246 millones de dólares durante su gobierno (2004-2009) y de enriquecerse ilícitamente en casi cuatro millones. Actualmente está detenido.
A su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el partido de la otrora guerrilla salvadoreña, se le abrió un juicio por enriquecimiento ilícito. En su patrimonio y el de su familia nuclear se halló un desfase de 728.329 dólares. Está asilado en Nicaragua.
En México y Colombia hay expresidentes que fueron acusados y salieron bien librados. Luis Echeverría (1970-1976), el único exmandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio por dos hechos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como El Halconazo. Se libró de la última acusación, pero no de la primera. En el 2006, a los 84 años, fue detenido por el caso Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en el 2009 fue exonerado por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive en la casa donde estuvo encerrado.
El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por el financiamiento del cartel de Cali a su campaña de 1994. La Cámara de Representantes votó en favor de la preclusión del caso, al considerar que no había pruebas directas de que Samper supiera del ingreso de cinco millones de dólares del narcotráfico. Sin embargo, el mismo caso produjo investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador general.
MARTÍN LEÓN ESPINOSA
EL COMERCIO (Perú) - GDA
