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Latinoamérica

'En lucha contra la corrupción, indispensable participación ciudadana'

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Foto:Esteban Biba / EFE

Entrevista con el exmagistrado Iván Velásquez, que dirige Comisión contra la Impunidad en Guatemala.

Holman Rodríguez
Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y actual jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estuvo la semana pasada en Ginebra, en donde fue panelista en dos foros sobre corrupción y derechos humanos.

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Por decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la Comisión que dirige el jurista colombiano solo funcionará hasta el 3 de septiembre de 2019, cuando expira el convenio que la creó.
El mandatario guatemalteco dio a conocer esta decisión a la ONU en agosto de 2018 y también prohibió el ingreso de Velásquez al país. Aunque la Corte de Constitucionalidad dejó sin efectos esa prohibición, el comisionado no ha podido regresar a Guatemala, por lo que continúa con su labor al frente de la Comisión desde el exterior.
En entrevista con EL TIEMPO, Velásquez relató por qué no ha podido volver a Guatemala, cómo funciona actualmente la CICIG y qué está en juego para un eventual futuro de la Comisión en el contexto de las elecciones presidenciales. El comisionado se refirió también al papel de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y a la idea de Colombia de crear una corte internacional para combatirla.
¿Por qué no pudo regresar a Guatemala en enero, como lo tenía previsto?
El 7 de enero el presidente de la República expidió un acuerdo gubernativo declarando terminado unilateralmente el convenio de constitución de la CICIG y ordenando abandonar el país de manera inmediata.
Eso significaba unas condiciones distintas, o más graves, a las que se vivían en los últimos meses de 2018. Efectivamente hubo un repliegue, como de una semana, y se produjo después la decisión de la Corte suspendiendo ese acuerdo gubernativo. Entonces pudieron retornar los compañeros, excepto diez extranjeros, conmigo once, a quienes se nos había revocado la visa o no se nos había renovado.
Cuando regresábamos de vacaciones el domingo 6 de enero, un investigador colombiano que estaba en las listas de visas no renovadas estuvo por más de 24 horas en el aeropuerto porque le prohibían el ingreso al país. Lo iban a montar a un avión a la fuerza, pero prosperó un recurso legal y pudo ingresar al país en la mañana del 7 de enero. Luego vino la respuesta presidencial con el acuerdo gubernativo.
Variaron todas las condiciones y entonces nos enfocamos en continuar el trabajo de la Comisión y eso se ha logrado en muy buena medida.
¿Cómo se está desarrollando el trabajo de la CICIG?
Desde el 11 de febrero se retomó plenamente la presencia de la CICIG como querellante adhesivo en los juicios, acompañando al Ministerio Público. El 14 de enero retomaron la actividad los analistas financieros y el 21 de enero lo hizo el grupo administrativo. Así se fue recomponiendo hasta hoy, cuando están prácticamente todos los funcionarios de la Comisión, excepto los diez extranjeros de la visa y yo, que estamos por fuera de Guatemala.
Estoy coordinando desde el exterior pues, por las circunstancias que mencioné, no era recomendable ingresar al país. Pero la continuidad del mandato se mantiene por la decisión de la Corte y la declaración del secretario general de la ONU, quien dijo que terminar el convenio de esa forma iba contra la normativa internacional.
Entonces, con apoyo en estas dos decisiones, reorganizamos todo el trabajo y es lo que venimos adelantando. Los compañeros que no han ingresado a Guatemala siguen atendiendo de manera virtual y enviando a través de otros medios sus análisis e informes. Podemos decir que estamos más o menos en un 90 % de la actividad. Tal vez lo que falta todavía plenamente es lo relativo a la actividad investigativa de campo, aunque tenemos un acumulado muy importante de información que venimos procesando.


¿Cómo funciona actualmente el trabajo de coordinación con la Fiscalía?


Es una coordinación más difícil en el nivel superior del Ministerio Público. Nuestra contraparte directa es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, una dependencia del Ministerio Público. Con esa dependencia sigue normal la situación: se sigue acompañando en investigaciones, en la presentación de casos y en las audiencias.
Hay, tal vez, una cierta desaceleración en la actividad general del Ministerio Público, pero seguimos apoyándolo. La fiscal general ha declarado que se siente satisfecha con el apoyo que brindamos y que espera también que se pueda continuar.


¿Qué va a pasar con la CICIG?


El 31 de agosto de 2018, el presidente Morales le informó al secretario general de la ONU que no habría prórroga del acuerdo, es decir, que la CICIG terminaría el 3 de septiembre de 2019. Esa es la voluntad del presidente quien, por el convenio, está legitimado para pedir la prórroga del mandato.
Entonces podría decirse, y dada la situación particular de él, que es una situación de impunidad no solo por las investigaciones en su contra sino también por el juicio que hay respecto de su hijo y de su hermano, que no va a tener ningún interés en que la CICG pueda continuar y, por el contrario, como ya dije, lo que pretende es que cesemos inmediatamente las funciones y que nos retiremos totalmente del país.
¿Cómo se maneja el tema de la CICIG en el contexto electoral de Guatemala?
Las elecciones presidenciales son en junio y la campaña empezó apenas el 18 de marzo. Pero hay dos encuestas que hizo Gallup, en septiembre de 2018 y en enero de 2019, que muestran que siete de cada diez guatemaltecos están de acuerdo con la Comisión y con su permanencia en el en el país. Creo que ese es un elemento que los candidatos deberían tener en cuenta si van a buscar el favor popular.
Sin embargo, hay unos candidatos declaradamente anti-CICIG que están muy vinculados a lo que en Guatemala han denominado, con mucha propiedad, el “pacto de corruptos”, en el que intervienen la junta directiva del Congreso de la República, el presidente, ministros, personas del Ejecutivo y también del Organismo Judicial, empresarios, militares y exmilitares.
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Es un frente muy amplio proimpunidad que tiene varios candidatos que argumentan que la CICIG afecta la soberanía, que afecta la economía, que el país se paraliza porque se lucha contra la corrupción o que hay una persecución ideológica. Además, bloquean, limitan o afectan la participación de otras fuerzas que están de acuerdo con la Comisión y que reclamarían también su permanencia en el tiempo, como es el caso de la exfiscal Thelma Aldana, quien tuvo grandes dificultades para su inscripción.
Sí hay algo que nos preocupa, y es que si todo el propósito de todo este frente proimpunidad es precisamente no responder ante la Justicia, ellos necesitan que haya una continuidad en el Gobierno: porque saben que el 14 de enero de 2020, si no llega un Gobierno que continúe adscrito al frente proimpunidad, va a haber las consecuencias penales que hasta ahora han detenido o dilatado.


La embajadora de Guatemala en Ginebra dijo recientemente en una reunión pública con Michelle Bachelet que la CICIG no es un tema de derechos humanos, por lo que no sería de su competencia. ¿Qué opina de esta declaración?


El presidente de la República dice exactamente lo contrario: que la CICIG es una organización que se acordó crear para investigar violaciones de derechos humanos y no corrupción y que, por lo tanto, yo como comisionado me he extralimitado en mis funciones, investigando cosas que no correspondían, que no estaban dentro del mandato.
Creo que los dos están equivocados porque el estrecho vínculo entre corrupción y violación de derechos humanos es lo que posibilita que nosotros, en la CICIG, habiendo surgido específicamente como una organización para combatir las estructuras criminales vinculadas a la represión ilegal de la disidencia durante la época del conflicto armado interno, pudiéramos continuar desarrollando nuestro trabajo enfocados en lo que denominamos las redes político-económicas ilícitas.
Estas son el continuum en la actividad de un sector en Guatemala que tiene bajo su poder a un Estado que sirve a sus intereses y no a los intereses colectivos. Por eso, lo mismo pueden generar una represión porque hay oposición a la industria extractiva, decretar el estado de sitio porque en una región los campesinos o indígenas manifestaron en contra de alguna empresa o generar grandes actos de corrupción como los vemos cotidianamente en Guatemala.


¿Cómo ve la iniciativa de Colombia en el sentido de crear una corte internacional contra la corrupción?


Detrás de esto tendría que estar el reconocimiento de una realidad que por lo menos la ciudadanía, tanto en Colombia como en Guatemala, reconoce: la falta de independencia de los órganos nacionales en la administración de justicia, desde la Fiscalía en la presentación de los casos ante los jueces.
Creo que hay un gran alcance en los organismos supranacionales en términos de independencia y del aporte que pueden prestar para el debido funcionamiento de la Justicia y en la lucha contra la impunidad en todos nuestros países, pero lo que se requiere inicialmente es el reconocimiento del compromiso cierto, real, fuerte, en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Porque muchas veces, de puertas hacia fuera, se pueden presentar grandes iniciativas que podrían mostrar que el país es un abanderado contra la corrupción internacionalmente, pero internamente se ven acciones como lo que viene sucediendo en Colombia: las investigaciones que adelanta la Fiscalía, por ejemplo, en todo lo relacionado con el tema Odebrecht.
En general, me parece que estas ideas pueden aportar, pero lo que se necesita es que haya un fortalecimiento institucional en términos de independencia tanto de los poderes judiciales de nuestra región como de las Fiscalías o Ministerios Públicos: que puedan adelantar las investigaciones y los juicios sin interferencias de ninguna clase. Y sin que los fiscales generales sean nombrados por los poderosos de los países.


Los colombianos están cansados de tanta corrupción. ¿Qué pueden hacer para exigirle al Estado que acabe con ella?


El gran motor de la transformación es la ciudadanía. Creo que en estos procesos de lucha contra la corrupción es indispensable la participación ciudadana y la del periodismo independiente, que pueda presentar a la vista pública los actos de corrupción de cualquiera, sea quien sea, y no de manera selectiva: porque muchas veces se presenta la corrupción del rival político o del enemigo económico y se justifica la de los cercanos.
Un muto acompañamiento entre movimiento ciudadano y periodismo independiente reclamando al Estado siempre el cumplimiento, censurando la falta de independencia judicial e inclusive la corrupción que hay dentro de los organismos de justicia y promoviendo su funcionamiento adecuado.
Muchas veces se generan escándalos solo para mostrar que el sistema funciona, como el Cartel de la Toga. Finalmente, queda reducido a uno o dos algo que, por su propia esencia, por su naturaleza, por el propio funcionamiento de los organismos, tendría que ser mucho más amplio: se extradita al colaborador y se acabó el problema del Cartel de la Toga. ¿Significó que se acabó la corrupción judicial en el país? Creo que en eso tiene que haber mucha presencia ciudadana, mucho reclamo ciudadano, mucha participación de la ciudadanía.


¿Cuándo vuelve a Colombia?


Todavía sigo al frente de la CICIG y, aunque permanezco por muchos días o semanas en el país, mi atención fundamental está en Guatemala y la CICIG. Digamos que no me he ido de Colombia, pero mi atención tiene que estar dirigida fundamentalmente a algo que sí es ajeno a Colombia.
Yo espero el desarrollo de esta situación de la CICIG en Guatemala y espero también poder retornar pronto ya mi atención a Colombia porque creo que por lo menos esto de la corrupción judicial, y el inadecuado funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto, merece una atención especial y la generación de un movimiento muy fuerte que desnude las cosas: que revele cuál es la realidad.
¿Qué es la CICIG?
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un organismo adscrito a la ONU que fue creado por acuerdo del Estado guatemalteco y la organización en 2007.
En el transcurso de su labor conjunta con los órganos de justicia de Guatemala, la CICIG ha identificado por lo menos 60 estructuras criminales y ha abierto múltiples investigaciones de gran impacto, incluyendo el caso conocido como La Línea, que condujo a la renuncia y posterior arresto del expresidente Otto Pérez Molina.
Carmen Lucía Castaño
Para EL TIEMPO
Ginebra
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