Tras más de dos meses de discusión sobre las condiciones técnicas para la recolección de las firmas que permitan solicitar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió este miércoles que la jornada se realizará entre los días 26, 27 y 28 de octubre, lo que descarta de inmediato la posibilidad de que el proceso se lleve a cabo este año y se logre un cambio de gobierno, como esperaba la oposición.
Además, como algo inesperado, el CNE anunció que cada estado del país deberá aportar el 20 por ciento de las firmas correspondientes a su registro electoral. En caso de que algún estado falle en el aporte del porcentaje mínimo, el CNE tendría la potestad de anular todo el proceso, aunque la Constitución establece como único requisito que al menos el 20 por ciento de los votantes del registro electoral nacional soliciten el referéndum, sin distingo de regiones. (Lea también: 'Si expulsan a Venezuela de Mercosur, entrará por la ventana': Maduro)
El organismo electoral descartó que el referendo que impulsa la oposición contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pueda celebrarse este año, e indicó que recién tendría lugar en el primer trimestre de 2017. “El evento pudiera efectuarse a mediados de primer trimestre de 2017”, señaló en un comunicado el CNE, tras señalar que si se cumplen los requisitos, la consulta sería convocada a inicios de diciembre y a partir de entonces correrán los 90 días “reglamentarios que tiene el organismo”.
Vale recordar que para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en el año 2004, la recolección de firmas se hizo a nivel nacional.
“No entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas y que motivaron en definitiva la decisión de que este 20 por ciento fuera asociado a cada una de las entidades, decisión que no comparto y así decidí salvar mi voto”, señaló a la prensa el rector electoral Luis Emilio Rondón, quien explicó la decisión y a quien se le vincula con el sector opositor. (Además: El gran dilema venezolano: ¿el diálogo para qué?)
La primera consecuencia que se desprende del anuncio hecho por Rondón es que, de tomarse el CNE los 90 días establecidos como máximo para organizar la consulta luego de la recolección de firmas, el revocatorio se llevaría a cabo después del 10 de enero del 2017. Luego de esta fecha, si por votación popular el mandato del presidente Maduro es revocado, el periodo presidencial lo culminaría su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.
Horas más tarde, Jesús ‘Chúo’ Torrealba, secretario general de la MUD, indicó que tras la medida se declaraba en sesión permanente y que, al parecer, hoy (jueves) informarán su decisión sobre si seguirán adelante con el proceso. También advirtió que la decisión revelada por el CNE es demostrativa de que el Gobierno chavista está “perdido”.
Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, expresó su rechazo a través de la red social Twitter. “Los venezolanos les vamos a dar una lección histórica. ¡Uds. no seguirán hundiendo a este país en la miseria!”, escribió sobre una foto de las cuatro rectoras que completan la directiva del CNE. (Lea: 'Venezuela no cumple requisitos para estar en el Mercosur': Macri)
La máxima autoridad electoral venezolana decidió abiertamente establecer las condiciones más desfavorables para la oposición al descartar todas las solicitudes hechas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pues además de las fechas establecidas y la “regionalización” de la recolección de las firmas aprobó la instalación de 5.392 máquinas de identificación biométrica, un número muy inferior a las 19.500 máquinas solicitadas por la coalición opositora.
Igualmente decidió que habilitará solo 1.355 centros de votación, aunque la MUD solicitó la activación de 6.500 (en una elección nacional se habilitan 14.500 centros) y que los tres días de recolección tendrán horario de oficina: de ocho de la mañana a doce del mediodía y desde la una de la tarde hasta las cuatro.
Los primeros cálculos hechos por los analistas y personas expertas concluyen que con ese número de centros y máquinas activadas, la oposición apenas podría sobrepasar los cuatro millones de firmas que requiere para activar la consulta popular, aunque las últimas encuestas señalan que al menos 11 millones de venezolanos están dispuestos a firmar para pedir el revocatorio. (También: El 'montaje' del que fue víctima el líder venezolano Leopoldo López)
A estas estimaciones todavía falta añadir otro elemento esencial: la distribución de los centros para la recolección de las firmas. Sobre esto no hay expectativas alentadoras para la oposición, que, en vista del desfavorable panorama, espera que la distribución de estos centros se parezca a la de la colecta del primer uno por ciento de las firmas cuando fueron habilitados muchos centros en áreas escasamente pobladas y pocos en lugares de densa población electoral, lo que generó filas sin precedentes.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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