La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua canceló este miércoles las personalidades jurídicas a otras 50 ONG nicaragüenses, con lo que suman 187 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
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Las 50 ONG fueron ilegalizadas con el voto a favor de 75 diputados sandinistas, cero en contra y 16 abstenciones, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
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"Estamos haciendo cancelaciones de personalidades jurídicas en una fecha especial (Día de la Dignidad Nacional). Son 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, quieren violentar la ley.
Los legisladores sandinistas tomaron la decisión en base de dos listas de 25 ONG cada una, emitidas por el Ministerio de Gobernación en las últimas 24 horas.
En la primera lista se incluyó a un organismo defensor de los derechos humanos, otro de las mujeres, un movimiento político ligado a antiguos "contras" que combatieron con las armas al primer régimen sandinista (1979-1990) y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
En la segunda lista aparecieron ocho ONG dedicadas a temas de desarrollo socioeconómico, cuatro feministas, tres juveniles, tres ambientales, dos campesinas y otras dedicadas a la promoción de los derechos humanos, la ciencia, la medicina, la democracia y las artes.
Una de las afectadas fue la Fundación 10, del Canal 10 de la televisión local, un medio de comunicación independiente que ha tenido que cerrar programas críticos con el Gobierno y que ha visto partir al exilio a algunos de sus periodistas que han alegado razones de seguridad.
También fueron canceladas las ONG que trabajan el tema de género: Asociación Programa Nacional Feminista La Corriente, Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala y Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres, así como la Academia de Ciencias de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, las ONG incumplieron con sus obligaciones, entre ellas que no reportaron sus estados financieros conforme a los períodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.
Los representantes de algunas de las ONG canceladas en meses anteriores, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 187 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018 —en su mayoría críticas—, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
En la imagen, de julio del 2019, el presidente Ortega celebra los 40 años de la revolución sandinista, en la que él participó y con la que se derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Inti Ocon. AFP
Entre ellas se encuentra la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), que fueron anuladas el 20 de abril pasado.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
EFE
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