A Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo apodaron el ‘Temible’ y ese miedo que infunde por donde pasa llevó al presidente, Jimmy Morales, a declararlo persona 'non grata' y pedirle que abandone el país.
Velásquez (Medellín, 1955) es un hombre con una misión que todavía está pendiente: limpiar las malas prácticas que rodean a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas y combatir el crimen organizado.
Desde que asumió el mandato de la Cicig en el 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en el 2007, su mensaje en favor de la justicia y en contra de la impunidad no titubeó.
Durante el 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retiró la inmunidad y se emitiera una orden de captura.
Desde entonces, Velásquez, junto a la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno de los cuales involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente Morales, y otro al propio mandatario. Probablemente el punto de inflexión para echarlo del país.
Sin embargo, pese a la directriz del presidente, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó, horas después del anuncio de Morales, un amparo provisional al jefe de la Cicig y dejó en suspenso la expulsión del país del abogado colombiano.
El presidente del Constitucional, Francisco de Mata Vela, comunicó a la prensa la decisión del mayor ente jurisdiccional del país en referencia a un amparo presentado por dos abogados, en el que pedían revocar la decisión del presidente.
“Esta corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente”, proclamó, y pidió notificar de inmediato a varios ministerios, entre estos Interior y Exteriores, para que “se abstengan de ejecutar la decisión del presidente, que quedó en suspenso”.
La decisión de la CC provocó alegría entre los manifestantes que ya se habían aglomerado para apoyar a Velásquez y también a la fiscal Aldana.
A estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada de protestas sociales como las vividas en el 2015
Horas después, la ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández, presentó su renuncia porque, según ella, el presidente Jimmy Morales favorece la “impunidad”. Hernández llegó a la Secretaría General de la Presidencia donde entregó su dimisión. “Señor Jimmy Morales, en el momento que usted decide declarar persona ‘non grata’ al señor Iván Velásquez, usted asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país”, dice la carta de dimisión de Hernández y sus viceministros.
El anuncio de Morales vino acompañado de la destitución fulminante del canciller y el vicecanciller por motivos que se desconocen y se produjo luego de que la Fiscalía y la Cicig (Velásquez) pidieron retirarle el fuero a Morales para que pueda ser investigado por irregularidades en la campaña del 2015.
Para el activista de derechos humanos, Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una crisis en el país centroamericano. “Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada de protestas sociales como las vividas en el 2015”, dijo Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala.
Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad en Guatemala.
Luis Echeverria /Reuters
Sin embargo, esta lucha no es ajena para el exjuez colombiano Velásquez, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos. En Colombia se dio a conocer como el “magistrado estrella” del escándalo de la ‘parapolítica’.
En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde en conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de Autodefensas. Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000.
A partir del 2006 hasta agosto del 2012 coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, y logró que se condenaran a más de 50 congresistas.
Velásquez también reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas a los llamados ‘narcopolíticos’. Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Velásquez, quien estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de Defensa de la Justicia, que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.
En el 2011, la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en el 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.
AFP Y EFE
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