EE. UU. sanciona a cuatro funcionarios de Daniel Ortega en Nicaragua

EE. UU. sanciona a cuatro funcionarios de Daniel Ortega en Nicaragua

Se les acusa de persecución política, censurar a la prensa y negar atención médica a los opositores.

Noticias internacionales de la semana

El Gobierno estadounidense ya puso sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo (i.), y contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Daniel Ortega (d.). 

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AFP

Por: Efe
21 de junio 2019 , 07:09 p.m.

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro funcionarios del "círculo interno" del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.

La medida, que consiste en el bloqueo de los bienes que estos funcionarios posean en EE. UU., afecta al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras Cortés, y al director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR), Orlando Castillo, así como a los ministros de Salud, Sonia Castro González, y de Transporte, Oscar Salvador Mojica Obregón.

"EE. UU. está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia", señaló la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.

La funcionaria aseguró que el Ejecutivo estadounidense no dudará "en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión" y apoyan "el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense".

Protestas en Nicaragua

Desde hace 14 meses miles de personas protestan contra la corrupción del régimen de Daniel Ortega y exigen una transición democrática. 

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Jorge Torres / Efe

"El Gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos del pueblo, implementando leyes de explotación y violencia y manteniendo a cientos de personas como presos políticos", puntualizó Mandelker.

El régimen de Ortega enfrenta desde hace 14 meses una crisis sociopolítica que se cobró la vida de unas 200 personas, según cifras difundidas el pasado 17 de junio por la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El informe elevó la cifra que reconocía Ortega, de 199 fallecidos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 325 y diversas organizaciones humanitarias locales estiman que hubo 594 muertes en protestas y distintos hechos ocurridos en el país centroamericano.

La violencia generada por la crisis y el temor hacia la Policía Nacional y los grupos paramilitares oficialistas llevaron a decenas de miles de nicaragüenses al exilio.

La nota del Departamento del Tesoro describe a Porras Cortes como el operador político más importante de Ortega e indica que la Asamblea Nacional promulgó a principios de este mes una ley de amnistía que perdona a los policías involucrados en la represión de las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018.

Además, la norma perdona a las personas que participaron en las movilizaciones, a quienes requiere que se abstengan de participar en futuras acciones en contra del Gobierno, al tiempo que prohibió a nueve organizaciones de derechos humanos que operen en el país.

Protestas en Nicaragua

Los choques con la policía han cobrado la vida de unas 200 personas, según cifras difundidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

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Maynor Valenzuela / AFP

En cuanto a Castillo, el Tesoro estadounidense detalla que, junto al presidente Ortega, "utilizó TELCOR para silenciar a los medios independientes".

Sobre la ministra de Salud, el Departamento del Tesoro la señala por dirigir una entidad que "cometió violaciones significativas de los derechos humanos" y advierte de que esa institución rechazó tratar a las víctimas de la represión y dio la orden al personal sanitario de denunciar a los manifestantes.

Mientras, a Mojica Obregón, un general retirado del Ejército y actual Ministro de Transporte e Infraestructura, se le acusa de promover la estrategia de "exilio, cárcel o muerte" del Ejecutivo de Ortega para silenciar a la oposición, a la vez que administra parte de las finanzas personales de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Efe

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