La crisis carcelaria de Ecuador vivió este lunes un nuevo baño de sangre donde fueron masacrados y asesinados al menos 44 presos en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, con lo que superó los 400 reclusos reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años.
Si en 2020 fueron 46, la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas se desbordó en 2021, cuando se registraron 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 va rumbo a repetir una cifra similar al acumular de momento 64 muertes.
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Esta nueva masacre es la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos.
Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar a un grupo disidente que se hace llamar "R7".
Prisión de Bella Vista después de un motín, en Santo Domingo de los Tsachilas.
AFP
La crisis carcelaria en Ecuador, con cientos de presos asesinados en los últimos dos años, graves problemas de hacinamiento y también de impunidad, ha dejado al descubierto el complicado laberinto de un sistema atrapado entre la presión de la delincuencia y la fragilidad de un Estado que no ha podido hacerse con el control permanente de las prisiones.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, desde que inició su mandato en mayo de 2021, anunció que quería acabar con esa violencia, aunque en el tiempo que lleva en el poder aún no ha podido exhibir resultados alentadores.
En un reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfática en exhortar a que Ecuador recupere el control interno de sus cárceles, dé condiciones dignas a los presos y elabore una política de prevención del delito donde la encarcelación no sea el principal recurso.
Así, el Gobierno de Lasso asumió el reto de desarrollar un nuevo modelo penitenciario con la puesta en marcha recientemente de una política en derechos humanos para los reos, un programa de indultos a presos condenados por delitos menores y una serie de inversiones para multiplicar los guardias y mejorar infraestructura.
El Ejecutivo, que también busca vincular a la empresa privada en aspectos claves del sistema de rehabilitación, aspira a ver los resultados de su plan a medio y largo plazo, con la colaboración decidida de otras instituciones del Estado (especialmente el sistema judicial) y de la propia ciudadanía.
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Prisioneros de Ecuador en Cuenca durante motín.
FERNANDO MACHADO / AFP
Para Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad, la visión de Lasso —que pregona la reducción del tamaño del Estado— debería definir prioridades para que no se afecten políticas como las de seguridad y de rehabilitación social.
Asimismo, explicó a Efe que la versión del Gobierno, que atribuye la guerra de bandas criminales en las cárceles a la exitosa campaña contra el narcotráfico y el decomiso de grandes cantidades de drogas, "puede ser solo un componente" de la situación.
Y es que, según ella, de las 316 personas asesinadas en 2021 en los centros penitenciarios, el 70 % no tenía sentencia, muchos bajo el régimen de prisión preventiva (provisional), y un 39 % de los fallecidos se encontraban recluidos por delitos menores.
Las autoridades forenses ecuatorianas han identificado a 21 de los 44 cadáveres de la última matanza ocurrida en un motín en una prisión del centro de Ecuador, informó este martes la Secretaría de Derechos Humanos.
"Hasta la noche de ayer (lunes) se realizó la identificación de 21 cadáveres y se inició la entrega a sus familiares", reza un mensaje emitido por el organismo en Twitter.
La Secretaría precisó que personal de un equipo técnico "se encuentra brindando contención emocional a familiares de las personas privadas de la libertad que han llegado desde tempranas horas de esta mañana" del martes.
Y añade que "se han realizado 76 levantamientos de información y 38 apoyos emocionales" a familiares de las víctimas, como parte de las actividades que se ejecutan en el Centro Forense de Santo Domingo, donde ocurrieron los hechos.
#AccionesUrgentes | Hasta la noche de ayer se realizó la identificación de 21 cadáveres y se inició con la entrega a sus familiares. Nuestro equipo técnico se encuentra brindando contención emocional a familiares de las #PPL que han llegado desde tempranas horas de esta mañana. pic.twitter.com/JDOhEffprH
— Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador (@DDHH_Ec) May 10, 2022
#AccionesUrgentes | El trato digno a familiares de las #PPL es parte de las actividades que se ejecutan desde el Centro Forense #SantoDomingo, por lo cual se han realizado 76 levantamientos de información y 38 contenciones emocionales.@Paoflouj pic.twitter.com/6fGShAwzfo
— Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador (@DDHH_Ec) May 10, 2022
Andrade aseguró que el problema de las cárceles en Ecuador es más bien "estructural", pues "no hay mayor violencia que la desigualdad" en una sociedad que afronta también una crisis económica agravada por los impactos de la pandemia de la covid-19.
El hecho de que más de 97.000 emigrantes ecuatorianos hayan tratado de ingresar ilegalmente el año pasado en Estados Unidos, sobre todo a través de la frontera con México, es un síntoma de que el país afronta una crisis estructural.
Las autoridades suelen "estigmatizar la pobreza", pero no incrementan los presupuestos en áreas sociales. "¿Qué tipo de futuro aspira para sus hijos una madre pobre y rodeada de violencia, donde cada vez son más escasas las oportunidades?", se preguntó.
Si se invierte en la lucha contra la pobreza, se podrían reducir también las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por estructuras criminales, enfatizó la experta.
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Andrade también sostuvo que las políticas de "mano dura" no han dado resultados y dijo que muestra de ello es el hecho de que en prisiones con resguardos redoblados de policías y militares se hayan encontrado armas de grueso calibre.
Tampoco la politización de las instituciones y de las estrategias de seguridad han dado buenos resultados, sostuvo, al criticar que autoridades hayan insinuado, sin presentar pruebas, que detrás de las reyertas carcelarias habrían supuestos intereses opositores contra el Gobierno.
Para la experta, las crisis carcelarias en Brasil o El Salvador son ejemplos de que la "mano dura" no es, por sí sola, una estrategia eficaz. Se requiere una intervención integral, remarcó.
Lo que está sucediendo es producto de la falta de políticas públicas, de planes y programas concretos
Por ello, sugirió acelerar los programas de recategorización de reos y aplicar estrategias diferenciadas para presos considerados de alta peligrosidad.
Lo fundamental —dijo— es lograr la presencia efectiva del Estado con políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza, desarticular las estructuras criminales y no llenar las cárceles por delitos menores.
Esta última masacre se dio con el presidente, Guillermo Lasso, fuera del país, en el primer día de su visita oficial a Israel, donde precisamente uno de sus objetivos es conseguir aún más apoyo y cooperación del Gobierno israelí en materia de seguridad para hacer frente a la violencia de las organizaciones criminales.
"No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden las cárceles es firme", escribió Lasso desde Israel para anunciar el traslado inmediato de seis presos señalados por las autoridades como los presuntos cabecillas y responsables de la matanza en Santo Domingo.
Pero los expertos coinciden en que el gobierno Lasso ha tenido múltiples fallas en el manejo de la crisis carcelaria.
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“Va a cumplirse el primer año de funciones del gobierno de Guillermo Lasso quien, desde un inicio, dijo que la seguridad era una de sus prioridades”, comentó Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Y agregó: “Sin embargo, lo que está sucediendo es producto de la falta de políticas públicas, de planes y programas concretos que nos permitan, al menos, comprender qué acciones se pueden implementar para solucionar el problema”.
En pocas palabras, para Alarcón, el problema es el exceso de “diagnósticos” y la poca acción. “El Gobierno recurrió al discurso fácil, a entender que la inseguridad es únicamente producto del narcotráfico y de actividades irregulares, y ordenó un estado de excepción para movilizar a los militares”.
Lo que está sucediendo es producto de la falta de políticas públicas, de planes y programas concretos
“Pero la situación es tan crítica que, a pesar de eso, acabamos de tener una nueva masacre en un centro de rehabilitación social, un centro que no es ni considerado prioritario para calmar esta situación”.
¿Y cómo se explica que el Gobierno haya recurrido únicamente a esta salida? El especialista consideró que es porque la gran mayoría de funcionarios públicos no tienen experiencia en el Estado. Sus órdenes, por tanto, no suelen considerar “cómo funciona la burocracia”.
“Muchos creen que un buen gerente del sector privado es, automáticamente, un buen gobernante en la función pública. No es así y lo estamos viendo. Esto se suma, además, a que los ministerios no actúan por [miedo al] bajo nivel de confianza y popularidad del Gobierno”.
“La improvisación nos está pasando factura”, sentenció.
Este martes, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también dijo que la última masacre muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y del penitenciario para resolver esta prolongada crisis carcelaria.
*Con información de EFE y El Comercio/ Perú (GDA)
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