Varios miles de indígenas de Ecuador llegaron este lunes a Quito en el octavo día de protestas contra el gobierno del conservador Guillermo Lasso, cuyo manejo de la situación fue tildado de "errático" por parte del Legislativo.
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Un manifestante patea una bomba lacrimógena en Quito.
Cristina Vega RHOR / AFP
Con 81 de los 137 votos, el Legislativo -en el que el partido indígena Pachakutik es la segunda fuerza- aprobó una resolución en la que exige al gobierno una propuesta "seria, clara y honesta" de diálogo. Además, llamó a una mesa de trabajo a organismos como la ONU, la Cruz Roja, universidades y la Iglesia católica para proponer mecanismos de solución.
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Tras la llegada de la marcha a la capital, Lasso amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, a las andinas Chimborazo y Tungurahua, y la amazónica Pastaza.
"Con esta decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente", señaló la casa de gobierno a través de su secretaría de Comunicación.
A pie, en motocicletas y en abarrotados camiones, los aborígenes iniciaron una marcha pacífica desde el sector de Cutuglagua, en la entrada sur de la capital.
Al final se concentraron en universidades que sirven de albergue en el norte de la ciudad, de tres millones de habitantes. Algunos cientos de indígenas también entraron por el norte.
En la costera Guayaquil (suroeste) se registraros dos marchas multitudinarias: una por la paz y otra en contra el gobierno.
La opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005, impulsa desde hace una semana marchas en Quito y otras ciudades, y bloqueos de rutas para reclamar al Ejecutivo una rebaja de precios de combustibles.
El galón de diésel subió un 90% (a 1,90 dólares) y el de gasolina corriente en 46% (a 2,55) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
La Conaie, liderada por Leonidas Iza desde 2021, reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
Grupos policiales salen a las calles de Quito para contener las manifestaciones.
Cristina Vega RHOR / AFP
En una semana, las manifestaciones han dejado 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 90 detenidos, 55 civiles heridos. Además, la policía informó que tres personas cayeron a una quebrada en Quito y una de ellas, un joven de 22 años, falleció.
No obstante, destacó que estos casos "no tienen nada que ver con las actividades de mantenimiento del orden" y que son "accidentales".
Lasso acusó este lunes al movimiento indígena de tener la intención de poner fin a su gobierno, que inició en mayo de 2021.
"Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren botar al presidente", declaró el gobernante en un video divulgado en su cuenta en Twitter.
Para aceptar conversar, los indígenas, que representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos, piden que el gobernante atienda un pliego de 10 demandas.
La lista incluye también una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, el control de precios agrícolas, más empleo, la suspensión de concesiones mineras en territorios indígenas y más presupuesto para salud, educación y seguridad. Pero Lasso ha enfatizado que la rebaja de los combustibles no es negociable.
Leonidas Iza.
Cristina Vega RHOR / AFP
En la caravana, que ocupó los dos carriles de una gran avenida, iban hombres y mujeres con niños en brazos. Unos llevaban banderas de Ecuador y otros palos y escudos de madera y metal.
"Somos pueblo y tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias", dijo a la AFP Víctor Taday, un indígena de 50 años de la provincia de Chimborazo (sur) y que vive en Quito. Su deseo es que Lasso, un exbanquero de derecha, "se vaya".
La universidad Salesiana, en el norte de la capital, decidió el lunes "abrir las puertas" de sus instalaciones como "zona de paz y acogida humanitaria" para los indígenas y llamó "a deponer acciones y actitudes que interfieran o alteren los procesos de diálogo y la búsqueda de soluciones".
Tradicionalmente, los indígenas se alojaban en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), también en el norte, pero la víspera la entidad fue ocupada por la Policía, que la requisó.
Allí se instaló personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden "ante las amenazas de grupos sociales que usan como forma de protesta la violencia", dijo la institución policial.
No es la primera vez que una protesta social de indígenas intenta derrocar a un gobierno.
En 2005, Lucio Gutiérrez, en ese entonces presidente, enfrentó una de las más importantes olas de protestas en el país, luego de que fuera acusado de amenazar a sus opositores e insultar a la prensa.
Ante la rebelión social, que comenzó en Guayaquil y se extendió por todo el Ecuador, Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia, anulando derechos como la libertad de prensa y la inviolabilidad de domicilio.
El estallido, sin embargo, no cesó, pues los manifestantes se llegaron a tomar el Ministerio de Bienestar, lo que provocó que el Congreso tomara medidas urgentes y decidiera destituir a Gutiérrez por haber violado la Constitución al haber ordenado el cese de las funciones de los magistrados.
Recientemente, en 2019, medidas económicas como la liberación del precio de la gasolina y del diésel causaron una nueva ola de protestas. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción e instauró el toque de queda debido a la escalada de violencia. En ese entonces los enfrentamientos más importantes también fueron entre la policía y la comunidad indígena.
Ese año fallecieron 11 personas en este marco y más de 1.300 personas resultaron heridas.
Indígenas montan una barricada para bloquear una vía durante una jornada de protestas.
EFE/ José Jácome
Una persona falleció al caer a una quebrada cuando huía de la represión policial en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno Lasso por la carestía de la vida, denunció este lunes la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
De acuerdo a la Alianza, el hecho ocurrió en la madrugada en el sector de Collas, en el noreste de la capital ecuatoriana.
En una rueda de prensa, delegados de la Alianza indicaron que "debido a la fuerte represión por parte de policías y militares, cinco personas cayeron a una quebrada, una persona falleció y dos se encuentra en estado de gravedad".
María Morillo, del Frente Nacional Antiminero, relató que una avanzada de manifestantes, que buscaban llegar a Quito desde la provincia de Imbabura (norte), se encontró en Collas con represión policial con "bombas lacrimógenas y gas pimienta".
Fuentes cercanas a la Policía confirmaron a Efe que cayeron "a una quebrada tres manifestantes y uno de ellos murió, pero no es en enfrentamiento".
Según la Alianza, desde que comenzaron las manifestaciones el pasado lunes, se han registrado 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares, y 18 con heridas graves.
Asimismo han quedado asentadas 86 detenciones, de acuerdo a la Alianza, que advierte que en esas cifras no están registradas las detenciones de personas "a las que les llevan varias horas por diversos lugares, las amedrentan, las obligan a hacer llamadas para amedrentar a su familia, y después las dejan tiradas en distintos sectores".
Las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría.
"La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos", dijo en un pronunciamiento ante la prensa el ministro de Defensa, Luis Lara.
Añadió que el "único objetivo" de las acciones de grupos violentos "es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades".
Las Fuerzas Armadas "contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones".
Lara agregó que existe un hecho aún más grave: "Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado". "Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones", señaló.
"Las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia", indicó el ministro.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de Efe y AFP
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