El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este martes un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares para enfrentar la grave situación financiera del país agravada por la emergencia sanitaria por la covid-19.
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En un discurso grabado a la nación, el mandatario justificó una serie de medidas de ajuste presupuestario del Estado en que, de esa manera, se podrán paliar "los estragos" generados por la pandemia.
Las medidas incluyen la priorización de los gastos públicos garantizando la viabilidad de sectores como la salud, educación, seguridad y protección social, además de destinar financiación a la reactivación productiva del país y un ajuste de los precios de los combustibles.
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Moreno dio a conocer que Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares a causa de la emergencia por coronavirus a escala mundial, cantidad que sumó al déficit de 4.000 millones del Presupuesto General del Estado (PGE).
En total, el país ha dejado de ingresar 12.000 millones, afirmó el jefe de Gobierno antes de subrayar que la actual crisis ha provocado que 150.000 ecuatorianos perdieran su trabajo por el cierre de empresas, pese a los esfuerzos para mantenerse a flote.
Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y reactivar la economía.
"Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos", recalcó.
Y en este contexto anunció la puesta en marcha del recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares que corresponderá a una reducción de la masa salarial de 980 millones, bienes y servicios 400 millones y gasto de capital 1.300 millones. También expuso que con la renegociación de la deuda se ahorrarán 1.300 millones en intereses.
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Unas 400 personas se manifestaron contra la recién aprobada Ley Humanitaria, impulsada por el Gobierno de Lenín Moreno para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia.
EFE
En el ámbito de la Función Ejecutiva, la jornada laboral pasará de ocho a seis horas diarias con remuneración equivalente y prioridad al teletrabajo, excepto para funcionarios esenciales como de la salud, Policía, Fuerzas Armadas y entidades de seguridad.
La jornada de los docentes se reducirá solo una hora, decisión que según Moreno, "permitirá no desvincular a ningún maestro". El presidente ecuatoriano afirmó que, en línea con la política de austeridad propuesta desde el inicio de su Gobierno hace tres años, se han eliminado 43 entidades y se prevé la supresión o fusión de 10 más.
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Anunció la eliminación de siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME -con pérdidas de más de 400 millones en cinco años-, que entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas.
En el sector exterior resolvió cerrar algunas embajadas y oficinas diplomáticas, entre ellas la de Irán, Nicaragua y la Representación ante el Parlamento Andino, y la vuelta de 70 funcionarios del servicio exterior.
La jornada laboral pasará de ocho a seis horas diarias con remuneración equivalente y prioridad al teletrabajo.
Asimismo, detalló que los poderes del Estado, reunidos en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) presentarán hasta finalizar el mes, un ahorro de entre el 10 y 15% de los presupuestos en gasto corriente.
En relación a las críticas recibidas por haber pagado deuda externa al inicio de la pandemia, el dirigente argumentó que se cancelaron 341 millones, lo que permitió un ahorro de 1.300 millones por intereses, gracias a los cuales se obtuvieron 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables.
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"Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y reactivar la economía", aseveró. Informó que se destinarán 750 millones para fortalecer los sistemas de salud y protección social y detalló un programa de financiamiento de más de 1.000 millones para la reactivación productiva.
Moreno recordó que el sistema de fijación de los precios de los combustibles no permite a la ciudadanía beneficiarse del descenso de los precios del barril de crudo y que, para contrarrestar esta situación, se aplicará un nuevo con el que se podrá disminuir el precio de la gasolina Extra y Ecopaís, de 1,85 a 1,75 dólares, y el precio del diésel a 1 dólar.
Por último, justificó la recientemente aprobada Ley de Apoyo Humanitario, además de la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, propuestas para enfrentar la crisis por el COVID-19.
De la primera, dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener el empleo y evitar que empresas quiebren, mientras la segunda, defendió, transparenta y ordena la economía nacional.
El analista Francisco Escandón dijo a EL TIEMPO que el escenario del coronavirus, y miles de muertes y contagios, “está siendo usado maquiavélicamente por el gobierno de Moreno para imponer las medidas neoliberales condicionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Para varios expertos, nadie puede negar la recesión que vive el país, pero se percibe que el fenómeno de corrupción ha crecido a pasos agigantados y las medidas de gobierno dan pie para que las elites exploten a los trabajadores y evadan contribuciones económicas y se cargue el peso de la crisis a los trabajadores. En ese sentido está causando mucha polémica la reducción de 8 a 6 horas laborables para la Rama Ejecutiva, con el consiguiente descenso del ingreso. Los profesores también trabajarán una hora menos.
Iván Bastidas, presidente de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, en diálogo con este diario, rechazó el anuncio y lo calificó como una “propuesta que transgrede los derechos de los trabajadores y desvalorizan el trabajo”.
“Nuevamente somos los trabajadores los que tenemos que llevar la carga de la crisis (...) mientras desayunamos y cenamos mirando los actos de corrupción mediante los cuales se llevan los dineros que jamás se recuperan”.
El servicio exterior también recibirá ajustes, pues se cerrarán algunas embajadas y oficinas diplomáticas, entre ellas de la Nicaragua, Irán y la representación en el Parlamento Andino, en Bogotá, y el regreso al país de 70 diplomáticos. La idea acá es ahorrar entre el 10 y el 15 por ciento de los presupuestos en gasto corriente.
“Estos son recursos que se destinan a seguir salvando vidas, a proteger a los más vulnerables y reactivar la economía”, concluyó el mandatario.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EFE
