Un helicóptero sobrevoló el Tribunal Supremo venezolano. A bordo del mismo iba Óscar Pérez, un miembro de la policía científica del vecino país. En ese instante se oyen explosiones. Según el gobierno, eran granadas y el hecho lo calificó como terrorista. Más tarde, en un video, Pérez pide la renuncia de Maduro y se presenta como la cara visible “de una coalición de policías, militares y civiles” descontentos con el régimen de Maduro.
Parece una situación delicada de no ser por varios aspectos. A Pérez se le conoce dentro de la institución a la que pertenece como un oficial talentoso, pero su influencia y poder dentro de la misma no es claro. De hecho, Pérez no era conocido para la opinión pública y no hace parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, el hecho de que afirme que hay varios policías y militares descontentos con el Gobierno no lo hace el líder o la "cara visible" de esta causa. Es más, el hecho de que haya actuado solo y que en el video que subió a las redes pidiendo la renuncia de Maduro sus compañeros aparezcan encapuchados le quita cierta credibilidad. En Colombia tenemos un hecho que si bien no es igual, sí es similar por la naturaleza de la grabación.
El ataque de Óscar Pérez al Supremo venezolano, si bien fue atrevido, tuvo resultados bastante limitados. No ha recibido apoyo público de alguna parte.
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En noviembre del 2015, el patrullero Rubén Darío Rozo subió un video a la web en el que arremete contra el presidente Santos. Incluso en la parte de atrás del escenario de la grabación hay un cartel que reza "Gobierno Santos enemigo de la Fuerza Pública". El video es muy similar al de Pérez: el patrullero Rozo en el centro y detrás de él supuestos miembros de la Policía con pasamontañas. La diferencia es que estos no muestran fusiles.
Sin embargo, el hecho no pasó a mayores: Rozo no tenía mayor influencia en la Policía (no era la cara visible de una rebelión de la institución contra Santos) y el caso, más bien, terminó siendo aislado y hasta pictórico.
Es muy probable que el caso de Pérez se replique, aunque hay que tener en cuenta otros factores diferenciales, como el ataque al Tribunal Supremo en Venezuela. Si bien es cierto que es una acción atrevida, también lo es que las consecuencias fueron bastante limitadas. En primer lugar, nadie le ha mostrado públicamente apoyo a Pérez. Segundo, el Gobierno de Maduro emitió el miércoles una orden de captura internacional contra el policía sin que nadie replicara.
Tercero, a pesar de que el presidente venezolano calificó el hecho como terrorista e incluso llegó a decir que fue un intento de golpe de Estado, lo cierto es que estuvo muy lejos, por lo menos, de ser la segunda apreciación, pues si la intención de Pérez hubiese sido esa, el ataque debió dirigirse al Palacio de Miraflores, que es la sede presidencial. Y los recursos hubiesen sido un poco más variados en calidad y cantidad, por lo menos en personal.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro (i), calificó el ataque de Pérez como "terrorista" y dijo que lo consideraba con un intento de golpe de Estado.
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En Venezuela temen, con razón, que esto pueda ser un montaje del Gobierno para endurecer las medidas de seguridad en el país, ya de por sí bastante represivas, lo que repercutiría en mayores poderes para las Fuerzas Armadas. Otras versiones hablan de un minuto de fama para Óscar Pérez, quien solo habría actuado para darse protagonismo.
Y aunque si la intención no era exactamente esa, sí se lograron ambas cosas. El Gobierno, en medio de la paranoia, cada vez le da más poder a las Fuerzas Armadas. De hecho, momentos antes del ataque de Pérez al Supremo, Maduro amenazó con recurrir a las armas si intentaban destruir la revolución bolivariana. Y en cuanto a lo otro, todos los medios desplegaron información sobre quién era Óscar Pérez y se conoció que además de sus especializaciones militares también es actor.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que en su país hay "terrorismo de Estado" y que va a defender la democracia y las instituciones con su propia vida.
EFE
El tema Pérez seguramente no trascenderá mucho. Incluso, los focos están puestos en este momento en la pelea entre la fiscal Luisa Ortega y el Gobierno. El miércoles el régimen de Maduro le congeló las cuentas a Ortega, le prohibió salir del país y la citó a una audiencia ante la máxima Corte para el 4 de julio. Mientras tanto, la jefa del Ministerio Público habló de que en Venezuela hay "terrorismo de Estado" y que va a defender las institucionalidad y la democracia del país con su propia vida. Es una situación de mucha más importancia y a la cual sí hay que seguirle la pista.
Redacción Internacional