Parece no haber en este momento en Brasil un resultado más cantado, y no precisamente en los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en Río de Janeiro. Es en la votación de la parte final del proceso de destitución o ‘impeachment’ de la actual presidenta suspendida Dilma Rousseff tras acusarla de adulteración de los balances fiscales.
La votación del miércoles pasado, que ratificó la recomendación hecha tras un informe presentado por el senador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Antonio Anastasia, reflejó una realidad que a todas luces parece casi ineludible y es que a Rousseff, no obstante tener todas las garantías procesales de un juicio en derecho, le van a mostrar la salida más temprano que tarde.
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Gran parte de los analistas políticos brasileños hacen una operación con plena lógica. El proceso prevé que en la última y definitiva sesión plenaria del Senado, dirigida por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, voten por la destitución 54 de los 81 integrantes de la Cámara Alta. El miércoles votaron a favor 59 y en contra 21, con un Partido de los Trabajadores (PT) sin más margen de ganancia de votos, como se demostró en las anteriores etapas.
“El resultado es casi irreversible porque ya se formó en el país la convicción de que Rousseff no tendría una base parlamentaria suficiente para tener una gobernabilidad en caso de que vuelva a ser presidenta en propiedad”, le aseguró a EL TIEMPO Antonio Augusto de Queiroz, analista del centro de pensamiento Macropolítica.
A partir del próximo 25 de agosto, el Senado se convertirá en un ente dual. En primera instancia, una comisión especial hará las veces de Corte Suprema, en la que se recopilarán todas las pruebas en contra de la mandataria y se oirá tanto a la parte acusadora como a la defensora. Y la segunda instancia es la política, que espera los resultados de la pericia judicial para votar. (Además: Juicio político a Dilma Rousseff terminará tras Juegos Olímpicos)
Aunque el plazo inicial previsto para el fin de esta etapa es noviembre (teniendo en cuenta el periodo de seis meses previsto desde la votación por la suspensión temporal, la cual se dio el pasado 12 de mayo), el gobierno del presidente interino, Michel Temer, está haciendo todo lo posible para apurar los términos.
“En vez de estar mostrando que su gobierno va a ser innovador y moralizador, está repitiendo las técnicas del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), que es una colectividad fisiológica y burocrática por excelencia. Temer está más preocupado en mantenerse en el Palacio del Planalto que en realmente tener actitudes innovadoras”, le dijo a este periódico el analista Roberto Romano, profesor de ética política de la Universidad Estatal de Campinas.
Ante este panorama, diputados y senadores del PT interpusieron peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que esta decrete medidas cautelares en favor de Rousseff, con el argumento de que se lleva a cabo “un golpe de Estado” en contra de la presidenta.
“No hay ningún crimen cometido por la presidenta de la República, ella no ha estado ante ningún proceso penal”, dijo a la prensa Paulo Pimenta, diputado por el estado de Río Grande do Sul.
Este punto argumentado por Pimenta es el mismo en el que se basa buena parte de la defensa de Rousseff, liderada por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo. En efecto, la mandataria suspendida no tiene cargo penal alguno en su contra, pero los informes del 2014 y el 2015 del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) son muy claros en hacer notar la adulteración de los balances, cosa que otros gobiernos, como los de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) también hicieron.
El futuroAnte la casi certeza de la destitución definitiva de Dilma Rousseff, la realidad indica que Temer no tendrá ni de lejos una presidencia pacífica. Las mismas circunstancias que derivaron en su llegada al Palacio del Planalto le auguran una presidencia con la estabilidad de una montaña rusa, con una economía hecha trizas y la investigación del Lava Jato aún en desarrollo y que lo tiene perfilado en varios de sus folios.
“El presidente Temer es un político muy hábil, pero la situación es difícil, sin duda. El legado económico de los gobiernos de Lula y Rousseff es catastrófico. No hay cómo retomar el crecimiento sin antes ajustar las cuentas gubernamentales y reconquistar la confianza de los inversores. Lo que hay es una carrera contra el tiempo, pues cuanto más se demore el ajuste, más difícil será crear expectativas positivas. El apoyo parlamentario también tenderá a reducirse si el ritmo es lento”, le dijo a EL TIEMPO Bolívar Lamounier, analista y director de la firma Augurium Análisis.
Rostros grisesTemer también arrastra el lastre heredado del gobierno de Dilma: su bajo nivel de aprobación. En julio, según una encuesta de la empresa Ibope encargada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), apenas un 13 por ciento de la población brasileña aprobaba su gestión. A esta mala imagen ayuda que Temer decidió integrar su gabinete con nombres muy relacionados con la vieja política brasileña.
“Algunas de esas personas que Temer ha acercado a su gobierno tienen sospechas de malversación de dineros públicos, que pueden caer en cualquier momento en el Lava Jato, como el caso de Romero Jucá, quien a dos días de haber sido nombrado ministro de Planeación tuvo que renunciar. Y hay otros en la misma situación”, aseveró Romano.
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Por el momento, el exvicepresidente de Dilma Rousseff ha descartado ser candidato para las elecciones presidenciales del 2018, para las que ya se perfila Aécio Neves, líder del PSDB y quien fue derrotado por muy poco en el 2014.
La carta de la izquierda es aún el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero anda navegando en mares judiciales muy turbulentos que lo sacarían de la carrera, todos ellos relacionados con la ya conocida Lava Jato.
LUIS ALEJANDRO AMAYA E.
Subeditor Internacional
En Twitter: @luisamaya2
