La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió este lunes ante el Senado en que si fuera destituida en el juicio político al que está sometida, se deberán convocar a nuevas elecciones para devolverle al país un “gobierno legítimo”.

En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal,

Rousseff insistió en que si fuera desalojada del poder, “se habrá presenciado una elección indirecta”, en la que los 81 senadores “sustituyen a los 110 millones de votantes” que tiene Brasil. (Lea también: Rousseff propone elecciones anticipadas para tranquilizar a Brasil)

El juicio político está en sus tramos finales, y el Senado deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la presidenta hoy o a más tardar mañana, según las previsiones de la propia cámara legislativa.

Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, en el poder seguiría su antiguo vicepresidente, Michel Temer, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo en forma interina, pero completaría el mandato que vence el primero de enero de 2019 en caso de su destitución.

“Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un golpe de Estado y, también, frente a una elección indirecta”, dijo Rousseff en la fase de preguntas a las que la someten los senadores. (Además: Reloj no da marcha atrás para la suspendida presidenta Rousseff)

Para ella, una elección “indirecta supone un retroceso en relación con las prácticas que el país ha superado tras la dictadura” que gobernó entre 1964 y 1985 y representaría “un pacto político” sin el “consentimiento” de la población.

“Defiendo que, en ese caso, el único pacto posible sea tejido con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobre una elección directa anticipada y una reforma política”, pues “no es posible gobernar con 35 partidos”, como tiene hoy el país, declaró.

Así reiteró Rousseff la propuesta que –en caso de ser absuelta y recuperar el poder del que fue suspendida el 12 de mayo pasado– había presentado hace 15 días, cuando se comprometió a promover un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018 y para que la sociedad se manifieste sobre una reforma política.

Según Rousseff, esa reforma es “urgente”, pues “será muy difícil que los presidentes que venideros mantengan la gobernabilidad en un país con 35 partidos políticos”.

En la fase de preguntas que pueden formular cada uno de los 81 senadores, la mandataria también confirmó que, como sostiene su defensa desde el inicio del proceso, podrá apelar ante la Corte Suprema una eventual decisión que la despoje de su mandato. (También: Lula es acusado de beneficiarse de sobornos y Dilma sigue en juicio)

“Si me consideran culpable sin haber probado el delito, será un rotundo golpe, un golpe integral”, declaró Rousseff, y reiteró que si no ha apelado aún ante la Corte Suprema, ha sido por “respeto al Senado” y por su “confianza en la justicia”.

Sin embargo, advirtió que “si, aun siendo inocente, fuera condenada”, podría apelar contra el “mérito de la acusación” ante el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirige el proceso como garante constitucional de un juicio político realizado bajo una estricta supervisión de ese tribunal en cada una de sus fases.

A la mandataria la acusan de irregularidades fiscales que ha negado una y otra vez, y ante el Senado insistió este lunes en calificar de “pretexto” para desalojarla del poder y dar paso a una élite económica y política que califica de “golpista”.

Además, Rousseff aseguró que el combate a la corrupción a nivel nacional viene siendo utilizado como un “instrumento político”, refiriéndose a los avances de la investigación del Lava Jato que la han salpicado no solo a ella sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Lea: Dilma Rousseff cometió un 'gran fraude fiscal' en Brasil)

“En el 2013 envié al Congreso la ley de Organización Criminal, que prevé la institución de la delación premiada. Eso fue en mi gobierno. El hecho de que yo haya enviado esta ley no autoriza el uso del combate a la corrupción como un instrumento político. Hay un sepulcro blanqueado, como decía la Biblia, que divide en investigados y denunciados a algunos y a otros, los no investigados”.

De igual manera, la mandataria suspendida afirmó que hay un “uso ideológico” de la ley de Organización Criminal.

“El problema no es la ley. Es el uso indebido e ideológico de ella. Si queremos respeto y sustentabilidad legal, debemos hacer lo correcto”. En su alegato de defensa, Rousseff volvió a argumentar que no hay crimen de responsabilidad en este proceso de impeachment. “No será la primera vez en la historia, no solo en Brasil, que se condena a un inocente”, añadió. (Lea: Partido de Rousseff pide medidas cautelares por proceso de destitución)

En la sesión, Rousseff estuvo acompañada por dos grandes amigos: Lula y el cantautor Chico Buarque, uno de los mayores exponentes de la bossa nova.

“Esto es un golpe”, dijo Buarque a la salida del complejo legislativo, y añadió que ve muy “difícil” la situación de Dilma.

EFE y O GLOBO / GDA (Brasil)