El Gobierno de Bolivia aceptó este jueves aprobar la legalización de la siembra de 22.000 hectáreas de hojas de coca, unas 2.000 más que las que inicialmente pensaba permitir, tras unas protestas que acabaron en choques violentos con la Policía.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo en una rueda de prensa que el acuerdo con los cocaleros consiste en que se podrán cultivar 14.300 hectáreas en la región de los Yungas de La Paz y 7.700 hectáreas en la zona del trópico de Cochabamba, en el Chapare (centro), donde están las bases del presidente Evo Morales.
La decisión del Ejecutivo fue anunciada en una reunión de Romero y sus colegas de la Presidencia, René Martínez, y Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, con los dirigentes cocaleros de Yungas.
La resolución llegó tras negociaciones que sucedieron a protestas de los productores que fueron reprimidas por la Policía e incluyeron enfrentamientos y disturbios, y casi dos centenares de detenidos desde el lunes, de los que la mayoría ya fueron liberados.
Los cocaleros yungueños se habían movilizado para denunciar que la nueva norma beneficiaba al Chapare, pero hoy la aceptaron. El acuerdo será la base de la nueva ley sobre cultivos de coca, que reemplazará al Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988, que solo permite las 12.000 hectáreas de Yungas.
En el Chapare, un decreto de 2004 autoriza los cultivos de más de 3.000 hectáreas, pero actualmente hay de mas de 6.000.
Con los acuerdos, los Yungas y el resto de las regiones cocaleras de La Paz ganan 2.300 hectáreas en cultivos legales, mientras que el Chapare logra más del doble de lo que tenía permitido.
Los Yungas es una zona subtropical del departamento de La Paz donde se concentra casi todo el territorio considerado de producción tradicional de plantaciones de coca, que en Bolivia se permite con fines de consumo cultural, medicinal y ritual. En cambio, los campesinos de Yungas y la oposición denunciaron que gran parte de los cocales del Chapare no pasan por los mercados legales, sino que son desviados a la producción de cocaína.
Cocarico explicó que existen municipios de otras provincias de La Paz, además de Nor Yungas y Sud Yungas, reconocidos en la zona de cultivo tradicional, pero descartó que otras zonas como Inquisivi sean incorporadas en el nuevo proceso de legalización.
Martínez dijo que el nuevo marco normativo "divide dos aguas que siempre debieran estas separadas", en alusión a una norma general sobre cultivos de coca y otra que se redactará sobre regulación de la producción de drogas.
Romero destacó que el modelo de control y legalización de la hoja cuenta con apoyo internacional y que al día de hoy los cultivos de coca bolivianos representan el 13 % del total en la región andina, donde Perú y Colombia son productores mayores de la planta.
Según estudios financiados por la Unión Europea, que el Gobierno dio a conocer en 2013, Bolivia necesita solo 14.705 hectáreas de coca para los consumos tradicionales legales.
Un dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), David Huayhua, quien representó a los productores en las conversaciones, aseguró que la mayor parte de las federaciones de cocaleros que protestaban ya comenzaron su desmovilización.
Horas antes, el Gobierno había acusado a otro dirigente de los cocaleros, Franklin Gutiérrez, de "intentos golpistas" para tratar de desestabilizar el país con protestas, porque se había opuesto a la firma de los acuerdos.
El Parlamento, de mayoría oficialista, ha aprobado en primera instancia la norma y ahora debate los detalles con base en los acuerdos logrados entre el Ejecutivo y los sindicatos cocaleros.
EFE
