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Manifestantes olvidados del 11 de julio cubano presionan cambios económicos
Protestas en Cuba

Miles de cubanos marcharon contra el gobierno el 11 de julio gritando “Abajo la dictadura”.

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Adalberto Roque. AFP

Manifestantes olvidados del 11 de julio cubano presionan cambios económicos

Miles de cubanos marcharon contra el gobierno el 11 de julio gritando “Abajo la dictadura”.

Mientras cientos de activistas y protestantes siguen encarcelados, el Gobierno acelera cambios. 

Las inusitadas protestas que el 11 de julio sacudieron Cuba marcaron un antes y un después en la opinión publica de la isla. Y mientras cientos de manifestantes y activistas siguen encarcelados, en medio de denuncias por malos tratos, falsas acusaciones e irregularidades procesales; el Gobierno sintió el coletazo, sacó músculo movilizando en varios actos a la maquinaria partidista al tiempo que ha metido el acelerador a las reformas económicas.

Al menos 805 personas fueron detenidas durante o después de las protestas, de las que 249 han sido liberadas, 516 permanecen en prisión y 40 en paradero desconocido, según el centro de asesoría legal Cubalex.

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“El proceso de verificación es lento. Hay miedo dentro de Cuba y las familias temen que se haga pública determinada información”, explica la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de Cubalex, que brinda asesoría legal a los arrestados y sus allegados.

Algunos, sin embargo, han perdido el miedo y denuncian la situación de sus seres queridos en las prisiones cubanas.

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Jennifer lleva un mes sin ver a su marido, Aníbal, un mecánico automotriz de 25 años que fue detenido durante una protesta en Güines, 50 km al este de La Habana, acusado de “atentado” -delito que conlleva entre uno y tres años de prisión- y encarcelado sin opción de recibir visitas.

Desde hace 31 días solo ha podido comunicarse con su familia en dos llamadas telefónicas a su esposa, a quien relató el momento de su arresto. “Me dijo que ya se retiraba hacia la casa, estaba hablando por teléfono. Le vienen arriba policías vestidos de civiles y boinas negras. Empezaron a darle golpes. Le dieron descargas eléctricas con un bastón, se cayó al piso y en el piso le siguieron dando”, asegura su esposa, técnica de laboratorio de 21 años.

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A la mayoría de los cientos de manifestantes arrestados se les imputan delitos como desacato, incitación a delinquir, propagación de epidemia, desorden público, atentado y resistencia, castigados con entre varios meses y años de cárcel en el Código Penal. No obstante, organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que en su mayoría las acusaciones son falsas o carentes de pruebas.

En medio de esa presión, el gobierno de Miguel Díaz-Canel dio a conocer varios decretos que esperan la luz verde una vez sean publicados en la Gaceta Oficial, y que buscan calmar los ánimos sociales. Entre ellos está la creación de las Pymes, bien sean estatales o de particulares, además de dar la bienvenida a invertir en negocios en la isla a cubanoamericanos.

A eso se suman bonificaciones en comunicaciones telefónicas, la eliminación temporal de aranceles e importaciones, la autorización de ventas de garaje y los pagos a plazos en tiendas cuyo pago no sea en divisas.

Cuentapropistas están ilusionados con las posibilidades de ampliación del marco empresarial pero también temen que todo quede en papel mojado como en otras ocasiones.

“Desde el 2010 vemos que se aprueban decretos y resoluciones para el desarrollo del Trabajo por Cuenta Propia, pero a la hora de la verdad son más las trabas que los avances. Hay que fijarse que junto con estas nuevas medidas también publican las sanciones para los autónomos que cometan infracciones. Eso da pie a que los inspectores busquen tres pies al gato para presionarnos y que les paguemos”, comenta un emprendedor hostelero que pidió reservar su nombre.

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Justamente, las protestas empezaron pacíficamente en San Antonio de los Baños por la escasez de alimentos y medicinas. Peor luego derivaron en vandalismo y saqueos, ofensas a miembros del Ejecutivo, gritos de “libertad”, “abajo el comunismo” y llamados a la intervención militar extranjera. Tanta violencia contra los manifestantes tampoco se había visto.

Un conjunto de circunstancias favoreció ese estallido. Ni siquiera los disturbios del 5 de agosto de 1994 tuvieron tal impacto, ya que se circunscribieron solo a la capital. Los recientes, que unos pocos vieron como de no retorno, se multiplicaron por varias ciudades.

Y mientras el Gobierno insiste en responsabilizar a EE. UU. de estar detrás de la violencia y de aprovecharse de la escasez de alimentos y medicinas para provocar su caída, lo cierto es que a la crisis económica, que Cuba arrastra desde aquellos años del llamado “periodo especial”, se suma al efecto de las sanciones estadounidenses arreciadas durante mandato del millonario republicano Donald Trump (2017-2012).
Desde entonces, las cerca de 250 medidas para endurecer el embargo unilateral impuesto en 1961 contrajeron el turismo y las remesas, que representan casi tanto como los ingresos por turismo.

En 2015 la ayuda familiar se cifró en unos 3.300 millones de dólares mientras que, en 2019, apenas llegó a 2.055, un 2 por ciento del PIB de Cuba, según datos oficiales.En 2020 quedaron suspendidas oficialmente.

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Y lo peor es que la esperanza de que el presidente demócrata Joe Biden continuara la política de acercamiento de la era Barack Obama y aliviara el cerco del embargo se está disipando. De hecho, el viernes su Gobierno sancionó a dos funcionarios del Ministerio del Interior y a la unidad militar de Prevención en respuesta a la represión de las protestas en la isla.

Y si bien está documentado que desde el triunfó la revolución liderada por el fallecido Fidel Castro en 1959, las sucesivas administraciones estadounidenses han tratado de mil maneras de derribar del poder al Partido Comunista de Cuba (PCC). El momento actual conjuga crisis económica, una pandemia que suma más de 3.800 fallecidos y una escalada en la crisis sanitaria por falta de medicamento.

Sin embargo, esas medidas no satisfacen a las familias de los detenidos, quienes encontraron un defensor público en el cantautor Silvio Rodríguez. El trovador pro-revolucionario, se reunió en julio con el actor y dramaturgo Yunior García, uno de los detenidos, y su esposa, la productora cinematográfica Dayana Prieto.

Tras el encuentro Rodríguez, publicó en su blog Segunda Cita: “No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo (libertad) para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada”, escribió Rodríguez, de 74 años.

No obstante, eso destaca la aparente arbitrariedad con la que las autoridades deciden mantener arrestados a los manifestantes del 11 de julio o ponerlos en libertad como en los casos del realizador Anyelo Troya, la youtuber Dina Stars y el ajedrecista Arián González.

Según la directora de Cubalex, las autoridades “han ido liberando a las personas con más visibilidad, mientras a las menos conocidas cuyos familiares no han hecho pública la información las han mantenido en la cárcel”. “La presión en redes sociales ha funcionado para que el Estado reaccione y la aplicación de la justicia es selectiva”, sentencia.

Sin embargo, conocidos activistas opositores siguen entre rejas. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del opositor Movimiento San Isidro (MSI), y José Daniel Ferrer, presidente de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cumplen un poco más de un mes de encierro pese a las intensas campañas por su liberación en redes sociales.

También permanecen en prisión el rapero Maykel Osorbo, cointérprete de la famosa canción ‘Patria y Vida’, y el artista Hamlet Lavastida, que fueron arrestados semanas antes de las protestas.

Desde la oposición continúan los llamados a la resistencia y quieren aprovechar el tirón, pero no hay eco suficiente, además de que el gran despliegue de uniformados en las calles lo inhibe, por lo que justamente los jóvenes deberán asumir el motor del país.

Entretanto, el Consejo editorial de la plataforma digital de opinión política La joven Cuba recordó que “es necesaria una salida política y constitucional a la crisis. Hacemos un llamado a las partes involucradas a mantener la calma e iniciar un proceso de diálogo por el que muchas personas han abogado, para evitar derramamiento de sangre. La violencia no es la vía para solucionar los problemas que sufre el país”.

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO
Corresponsal de EL TIEMPO
*Con información de EFE
LA HABANA

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