Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña pone en jaque las diferentes medidas adoptadas hace días por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que 140 presos han muerto durante la primera quincena del año.
La muerte de 30 presos la noche del sábado en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.
La rebelión comenzada en la tarde del sábado estalló luego de que presos de diferentes organizaciones criminales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse. Las fuerzas de seguridad cercaron el exterior de la cárcel y debieron esperar hasta el amanecer del domingo para irrumpir con vehículos blindados, ya que los detenidos había cortado la luz y conseguido armas pesadas.
El coordinador de la administración penitenciaria estatal, Zemilton Silva, señaló en la víspera que había cuerpos decapitados, un símbolo recurrente del nivel de violencia que se vive en las cárceles superpobladas del país.
Este motín se produjo pocos días después de que el gobierno y varios organismos intensificaron sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el jueves pasado al gobierno “acciones concretas” contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de más de 140 personas, en su mayoría reclusos, en sucesos ocurridos en presidios de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (noreste).
La primera medida inmediata fue el envío de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitaron el apoyo federal.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció que el “mayor problema de las cárceles es la corrupción”. El gobierno comprometió un presupuesto de 135 millones de dólares para instalar escáneres en todas las cárceles y en construir cinco prisiones federales para reducir el hacinamiento.
La semana pasada, el secretario de Justicia de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones. El Consejo Nacional de Justicia ha señalado que el 65 por ciento de las prisiones del país no tienen detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, los cuales son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.
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EFE
