Uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, la mayoría por crímenes más graves que aquel que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más emblemáticas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado, y que son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones de América Latina.
En Brasil, los grupos del crimen organizado, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, nacieron en cárceles y desde allí coordinaron, expandieron sus operaciones, hasta montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay.
Sus líderes Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para sus acciones. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el saldo de las riñas es monumental, obligando al Gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que dejaron unos 140 prisioneros muertos –varios mutilados– a inicios del año.
Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, contribuyeron a alimentar su leyenda, ya que túneles, engaños y sobornos horadaron las restricciones más severas. Antes de exponerse a otra huida, el Gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a Estados Unidos.
Para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos por ahí reciben protección frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en El Salvador.
Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes de las pandillas pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos pueden aprovechar su condena para implementar estrategias.
Hay prisiones donde las bandas se han vuelto verdaderas instituciones, con reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico, hay por lo menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi cuarenta años.
Sus reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos internos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición de la organización a lo largo de los años por ‘maestros’.
La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana, como muestra la encuesta Latinobarómetro de Mori, parte fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde río Grande hasta Tierra del Fuego.
Es que Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la región tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia.
Y la justicia no ha logrado atacar ese problema. El 90 por ciento de los asesinatos no son resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.
Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América (GDA), las primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados son el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú). Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina, el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, comenta.
Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida para enfrentar el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100 por ciento. En Venezuela, la cantidad de reclusos supera más de cuatro veces el número de plazas de todo el sistema carcelario.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos niveles de aglomeración generan una “masacre silenciosa” y agravan los problemas, como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes.
El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes, y cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad el mantenimiento del control y del orden.
Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, en el cual murieron más de 80 reclusos, se vio que en los mismos pabellones convivían vendedores callejeros de películas piratas y asesinos.
La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva en Latinoamérica. El procesamiento de los casos puede tardar años y las cárceles se van llenando poco a poco de personas que no han sido condenadas. En promedio, 33,4% de los reclusos de la región están en prisión preventiva.
Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México y quien se ha dedicado a estudiar en la última década las cárceles latinoamericanas, asegura que se dejan de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser instrumento de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser centro de rehabilitación y reinserción social. El experto afirma que se deben encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen.
“Del fondo de mi corazón: si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir”, dijo una vez el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.
Argentina: Abogado y exjugador de ‘rugby’, Eduardo ‘Coco’ Oderigo resolvió crear el equipo Los Espartanos, con reclusos de la cárcel de máxima seguridad de San Martín (Buenos Aires). Mediante los valores del deporte, el programa ha logrado bajar la reincidencia y los niveles de violencia.
Chile: Leer y escribir ayudan a rehabilitar personas, gracias a un convenio entre Gendarmería y la Dirección de Bibliotecas. En 2016 prestaron 10.996 libros. “Mi profe de literatura dice que soy vivita, porque tomo libros y leo los finales”, escribió la reclusa Ana Bascur en ‘Tus cárceles, nuestros relatos’, escrito por presos.
Colombia: En el Meta existe la colonia agrícola de Acacías, donde los internos realizan trabajo agrícola para cumplir con su reinserción. En julio pasado, gracias al éxito del plan, el Ministerio de Justicia firmó un convenio para construir una nueva colonia agrícola en Yarumal, Antioquia.
El Salvador: Desde 2014, se puso en marcha el programa ‘Yo Cambio’, que integra educación, religión, deporte, salud, trabajo penitenciario, arte y cultura. Así se preparan para la vida en libertad. Hoy, 80 % de la población penal participa, logra acortar su pena y ganan dinero.
Puerto Rico: Reclusos condenados por delitos no violentos, vinculados a uso y abuso de alcohol y sustancias controladas, pueden acceder a la iniciativa Drug Court. Según esta, se puede cumplir la sentencia participando y finalizando los tratamientos que el preso necesita. Así limpia su historial criminal.
Venezuela: Se busca transformar la vida de los reclusos a través de la música, la creación de orquestas y coros. El Programa Académico Penitenciario es implementado en ocho cárceles del país. La participación puede ser tomada en cuenta para la redención de la pena.
Steven Dudley considera que los Estados han dejado vacíos de poder en las cárceles que son llenados por criminales. Para el cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado Insight Crime y analista del Woodrow Wilson Center es necesario crear mejores condiciones de vida para los presos, para evitar que se unan a organizaciones criminales.
¿Las cárceles en Latinoamérica podrían ser capaces de disminuir la crisis de seguridad?
No de la manera como están, pues a la larga generan más inseguridad. Los presos entran en contacto con criminales más organizados y en instituciones cada vez más debilitadas. Un espacio que se convierte en una escuela de criminalidad, donde hay unos Ph. D. del crimen que son poderosos dentro y fuera de las cárceles.
El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia, entonces nadie presta atención a lo que pasa dentro. Y fuera de ellas las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos, para poder tener una vida digna. Ni hablar de la corrupción que hay.
Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos y grupos criminales poderosos pueden utilizar esa falta de atención, esa falta de necesidades básicas, para acumular poder. Eso es lo que posibilita que grupos más fuertes, como los de Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel. Eso se ve cada vez más en otros países: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado. Entonces quienes ‘gobiernan’ a los presos son otros presos. Quienes alimentan a los presos son los otros presos, quienes dejan o no dejan el espacio para visitas son los otros presos, o que reciban o no reciban cosas desde afuera, son los otros presos. En ese mundo, donde el Estado deja un vacío de poder, este es llenado por los criminales.
Insight Crime ha investigado sobre las prisiones de gran parte de Latinoamérica. ¿Qué países de la región considera usted que viven las situaciones carcelarias más extremas?
Donde hemos visto situaciones muy graves es en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también, y se están poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose con soluciones políticas cortoplacistas de mano dura. Esa idea siempre surge porque es la manera que los políticos tienen de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo y cómo ganar esos espacios políticos y sociales dentro de las prisiones. Donde los mismos presos puedan trabajar, puedan expresarse, puedan tener cierta vida humana.
Finalmente, ¿qué opciones existen además de las cárceles para luchar contra la crisis de seguridad regional?
Dejar de criminalizar algunos delitos que ahora están considerados en los códigos penales. Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias es un problema de salud, no debería ser un problema criminal en muchos casos. Hay que pensar en programas de prevención, creando los mismos espacios sociales para los jóvenes, abriendo más espacios de entrenamiento para el trabajo, espacios de educación, pensar en las penas alternativas y programas de rehabilitación. Pero también educar a la población para aceptar a los excarcelados. Si no, los programas de rehabilitación no servirán para nada.
AMANDA MARTON RAMACIOTTI
El Mercurio, Chile
