El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una creciente presión internacional y una ofensiva de la oposición para obligarlo a suspender la elección de su Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
En una sesión celebrada en una plaza del este de Caracas, la oposición, mayoría en el parlamento, designó a 33 magistrados de una corte paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusan de servir al Gobierno.
El desafío forma parte de una estrategia tras el plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo, que recaudó 7,6 millones de votos contra la constituyente.
El jueves se realizó un paro general de 24 horas para exigirle a Maduro que desista de la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Carta. En el paro hubo cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.
Maduro asegura que su Constituyente “va”, especialmente –dijo– luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con sancionar económicamente a Venezuela.
Gobiernos de América, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han pedido que se retire el proyecto.
En su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) pidió a Maduro restablecer el orden institucional y el Estado de derecho. Caracas calificó esa cumbre de “ilegal” y consideró “alarmante” el uso “temerario” del bloque “al servicio del hostigamiento” contra Venezuela.
En Estrasburgo, Francia, un grupo de expertos en derecho constitucional, que pertenecen al Consejo de Europa, consideró que la Constituyente podría poner en cuestión la “credibilidad democrática” en Venezuela.
El Legislativo quiere “señalar el camino del cambio que pronto tendrá nuestro país, una justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política”, aseguró el presidente del parlamento, Julio Borges, al juramentar a los magistrados paralelos.
Estado paralelo
En ese momento, en la sede del TSJ, en el centro de Caracas, la Sala Constitucional advertía que la designación de nuevos jueces constituía “usurpación de funciones” y “traición a la patria”, castigada con prisión.
Al igual que la oposición, la fiscal general, Luisa Ortega, sostiene que los jueces del TSJ fueron nombrados irregularmente a fines del 2015 por la anterior mayoría chavista en el Congreso, poco antes de que los opositores tomaran el control tras el triunfo en las parlamentarias.
Para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez, “Venezuela se encamina a la constitución de un Estado paralelo”. “Mediante la Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno comienza un proceso de desmontaje de las instituciones que lo adversan”, apuntó.
El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, pidió a las autoridades que se apliquen “acciones de coerción” contra el parlamento por “usurpación de funciones” al designar a nuevos magistrados del TSJ. Mendoza evitó responder si con este pronunciamiento la Sala ordenaba detener a los jueces nombrados.
Hasta el viernes en la noche se esperaba una respuesta del Gobierno.
AFP
