Los gobiernos y la sociedad civil han probado varios enfoques diferentes para combatir la desinformación. Pero las barreras son formidables. América Latina tiene una de las tasas de uso de redes sociales más altas del mundo, lo que convierte a los países en un territorio fértil para las noticias falsas. Pero varias de las soluciones propuestas infringen la libertad de expresión o pueden ser fácilmente abusadas por gobiernos autoritarios con sus propias agendas, entre otras fallas.
A continuación, AQ compiló cinco categorías de iniciativas que se están probando, discutiendo o implementando en partes de América Latina.
de datos administrados por el Gobierno
En junio de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó Verificado, una operación de verificación de datos, como parte del servicio de noticias del Gobierno Notimex . En agosto de 2021 no tuvo actividad. Los grupos de la sociedad civil y el periodismo expresaron su preocupación de que la herramienta podría politizarse y socavar la credibilidad de los verificadores de datos independientes. (Verificado también enfrentó una batalla legal por el nombre en sí, ya que varios verificadores mexicanos ya lo estaban usando). En Argentina, la Defensoría Pública lanzó el Observatorio de Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio) en octubre de 2020, para “detectar, verificar, identificar y desarticular noticias maliciosas”. Críticos en toda la región dijeron que la iniciativa podría ser similar a la censura y algunos políticos de la oposición intentaron sin éxito demandar al defensor público que creó la unidad.
2. LegislaciónLa respuesta más común a la desinformación en la región es tratar de crear una legislación para detenerla, dijo Laura Duarte, investigadora de la Universidad de Columbia. En Brasil, el proyecto de ley de libertad, responsabilidad y transparencia de internet, conocido popularmente como el proyecto de ley de noticias falsas, fue aprobado por el Senado en 2020 y ahora está en la Cámara baja. El proyecto de ley tiene como objetivo combatir la difusión de información falsa al responsabilizar a las plataformas sociales de combatir la desinformación y crea un “consejo de transparencia en internet” con miembros del Gobierno y la sociedad civil. Tras la controvertida ley de responsabilidad social en radio de 2004 de Venezuela, que fue seguida por un cambio en el código penal del país en 2005, varios países latinoamericanos buscan criminalizar la difusión de noticias falsas, con sentencias de hasta 10 años como en la ley especial de delitos cibernéticos de Nicaragua de 2020. Los críticos dicen que lo ocurrido en Venezuela y la legislación de Nicaragua son efectivamente herramientas para la persecución política. En Chile, Colombia, Panamá y El Salvador se están discutiendo otras propuestas que tipifican como delito las noticias falsas. Según el Instituto de Prensa Internacional, 17 naciones han aprobado algún tipo de regulación dirigida a la desinformación durante la pandemia, y muchos otros proyectos de ley aún están pendientes en los órganos legislativos.
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Varios gobiernos están tratando de trabajar con empresas de redes sociales para abordar las principales herramientas que se utilizan para difundir noticias falsas. El Instituto Nacional de Elecciones (INE) de México firmó convenios de colaboración con empresas de redes sociales antes de las elecciones de 2018. Como parte de esos acuerdos, el personal del INE recibió capacitación sobre el uso y seguimiento de la plataforma de Facebook, mientras que Google se comprometió a difundir en YouTube la información generada por el INE sobre el proceso electoral, así como otras iniciativas como marcar los lugares de votación en Google Maps. La autoridad electoral de Argentina firmó un memorando de cooperación con Facebook, que se comprometió a ampliar la información electoral oficial y frenar la visibilidad de publicaciones falsas. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) también se asoció con las plataformas de redes sociales, con la creación de un chatbox oficial de la corte en WhatsApp donde las personas pueden enviar consultas sobre publicaciones dudosas directamente a los funcionarios del TSE. Otra herramienta permite a los funcionarios electorales y a WhatsApp recibir y recopilar información en cuentas de redes sociales sospechosas de difundir mensajes de forma masiva.
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En Uruguay, los seis partidos políticos con representantes en el Congreso firmaron un Pacto Ético contra la Desinformación en abril de 2019, comprometiéndose a “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en detrimento de los adversarios políticos”. El pacto fue propuesto por la Asociación de Prensa como parte de una campaña de tres frentes contra la desinformación que también incluye la capacitación de profesionales de los medios y una herramienta de verificación.
5. Alfabetización mediáticaLos investigadores y especialistas coinciden casi unánimemente en que los programas de alfabetización mediática son la herramienta a largo plazo más eficaz contra la difusión de noticias falsas. El estado de São Paulo en Brasil incluyó la alfabetización mediática como una clase electiva para estudiantes de secundaria a fin de ayudarlos a reconocer qué son noticias y cómo verificar las fuentes. Chequeado, el grupo argentino de verificación de datos, elaboró un manual con la Unesco para ayudar a capacitar a otros para detectar la desinformación. Fuera de la región, Finlandia ha introducido un programa de alfabetización mediática en las escuelas públicas, en 2014, que enseña a los niños a partir de los seis años a leer las fuentes de manera crítica. A los niños se les educa para evaluar y verificar sitios web y buscar fuentes dudosas. En 2019, el Gobierno de Finlandia encabezó el índice europeo de alfabetización mediática que mide la resistencia de los países a la desinformación y la desinformación.
LEONIE RAULS
AMERICAS QUARTERLYwww.Americas Quarterly.com
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