Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario del presidente Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre.
En Cancún, los cancilleres del hemisferio se reúnen este lunes para definir una respuesta común a las prácticas represivas del Gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder.
El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la que un grupo de generales venezolanos discuten sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero, luego expresa su temor de que en el futuro, el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer preso cualquiera de nosotros”.
Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión, e incluso manipularon causas penales contra víctimas.
Sin embargo, la misma Fiscal General ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. El mes pasado repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro.
¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de derecho? Mucho ha cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador.
Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes.
Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la Fiscal General haya empezado a distanciarse de la represión, ni que los generales teman terminar en la cárcel.
En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos sean llevados tarde o temprano a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional que les advierta a los responsables de abusos que deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces.
En pasadas crisis políticas en América Latina, era usual que algunos abogaran por amnistías, sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.
JOSÉ MIGUEL VIVANCO Y DANIEL WILKINSON*
Especial para EL TIEMPO
* José Miguel Vivanco es director ejecutivo de la División para las Américas de Human Rights Watch
Daniel Wilkinson es director adjunto de la División para las Américas de Human Rights Watch