Tras una breve reunión de los magistrados de la Sala Plena convocada este martes por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Poder Judicial venezolano decidió abrir un antejuicio de mérito para destituir del cargo a la ahora muy incómoda fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Para comenzar el proceso, el máximo tribunal –de evidente inclinación oficialista– aceptó la demanda introducida el pasado viernes por el diputado chavista Pedro Carreño, en la que pide el antejuicio contra Ortega alegando que ha cometido “faltas graves” que han “afectado el honor” del Poder Ciudadano venezolano, el quinto poder público establecido en la Constitución venezolana y conformado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
Días antes, Carreño dijo que pediría al TSJ la conformación de una junta médica para evaluar a la fiscal, a la que acusó de dar “sobradas manifestaciones de tener insania mental” y cuyas actuaciones “pueden llevar a una guerra civil” y “a las condiciones de una invasión extranjera”.
El TSJ no se pronunció sobre esta solicitud en específico o si activaría alguno de los castigos preliminares solicitados por el diputado contra la fiscal, como prohibirle la venta de sus activos y la salida del país.
La decisión del Tribunal también abrió un nuevo capítulo en la protesta opositora, que el lunes pasado cumplió 80 días de reclamos en la calle y ha costado un saldo de más de 70 muertos y al menos 3.000 detenidos.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a partir de una declaración pública hecha por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, convocó a la militancia opositora a acogerse a los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana.
Este último reza exactamente que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En ello, Borges llamó a los venezolanos a la desobediencia civil contra el régimen de Nicolás Maduro y a movilizarse activamente para impedir la elección e instalación de la asamblea nacional constituyente.
Los señalamientos y acusaciones contra Ortega comenzaron tímidamente por parte del chavismo hace dos meses, cuando esta se pronunció contra las sentencias del TSJ que pretendieron anular las competencias de la AN y acabar con la inmunidad parlamentaria. Con el paso de los días, el endurecimiento de la posición de la fiscal hacia las actuaciones oficiales contra las protestas ciudadanas confirmaron su ruptura con el oficialismo.
Pero fueron las demandas que introdujo la semana pasada contra la constituyente propuesta por el presidente Maduro y contra la designación de los 33 magistrados del TSJ las que le ganaron no solo la calificación de “traidora” por parte de sus antiguos aliados políticos, sino la activación de un antejuicio que podría sacarla del tablero político en tiempo récord.
El diputado Diosdado Cabello, considerado hombre fuerte del régimen de Maduro, ha dicho que cada día que pasa hasta la constituyente es un día menos de gestión que tiene la fiscal.
“Cuando instalemos la constituyente, voltearemos la Fiscalía como una media”, amenazó.
Aunque la Constitución establece que la AN es la única instancia que puede aprobar o no la destitución de la fiscal luego de que la Sala Plena emita una opinión formal, vale la pena recordar que desde que el Parlamento venezolano es mayoritariamente opositor el TSJ lo declaró en “desacato”.
Con esta figura ha ignorado y anulado todas sus acciones y decisiones, por lo cual es previsible que una vez más el TSJ actúe de forma unilateral.
La aceleración del proceso contra Ortega ocurre un día después de que un grupo de la Guardia Nacional venezolana atacó a balazos a una manifestación opositora en la que un joven de 17 años resultó muerto y otros seis, heridos.
La existencia de imágenes fotográficas y en video recabadas por los periodistas que cubrieron la marcha representan pruebas con las cuales la Fiscalía venezolana puede iniciar procesos judiciales no solo contra los autores materiales de los disparos, sino contra la cadena de mando responsable, lo que podría incluir a comandantes de la Guardia Nacional; el ministro de Interior, Néstor Reverol; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, e incluso a Maduro.
Además de estos heridos, el solo hecho de que en las protestas hayan sido asesinados al menos 55 personas directamente por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado podría servir de causa suficiente para incoar la acción penal.
De hecho, Ortega dijo en la noche de este martes en un programa de radio que “ha sido grave la violación de derechos humanos en Venezuela”.
Por eso, los análisis no descartan que antes de que la fiscal active esta posibilidad, el chavismo adelante su jugada a través del TSJ.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que Venezuela nunca más volverá a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras participar el lunes y este martes en la asamblea del organismo y enfrentarse con Estados Unidos y otros países.
A pesar de haber llegado con una nutrida delegación al centro turístico mexicano de Cancún, donde se desarrolla la reunión, Rodríguez dijo que su país no avala ninguna resolución de la asamblea, en medio de discusiones de varios países para emitir una en torno a la crisis de la nación petrolera.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
