Noventa hombres y dos mujeres 18 días detenidos en Caracas, hacinados, sin poder bañarse y casi sin comer. Luego fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en San Cristóbal, donde este martes cumplieron otros ocho días apresados y sin ningún tipo de procedimiento judicial abierto.
Por ahora se les señala de estar indocumentados, pero ni se les deporta ni se les abre expediente para darle curso legal a su situación, y sus familiares denuncian una desmejora considerable en sus condiciones de salud.
“Ya tienen 27 días detenidos y no nos dicen nada de qué va a pasar con ellos, es una cosa desesperante. Hoy hace 11 días nos dijeron que iban a ser deportados, pero los dejaron en San Cristóbal. Por lo menos están un poco mejor que en Caracas, donde pasaban el día en una azotea y dormían en el piso”, explica a EL TIEMPO Yurelis Terán, esposa de Luis Padilla, uno de los detenidos. (Lea también: Venezuela y Colombia reactivan comercio con paso de cargas en frontera)
“No he podido visitarlo porque no tengo plata y acabo de tener una bebé a través de una cesárea y no puedo moverme. Cuando lo detuvieron se la arrebataron de los brazos, salíamos del pediatra”, agregó.
La cantidad de detenidos (92) coincide con el número señalado el primero de septiembre por el presidente Nicolás Maduro como supuestos paramilitares que estarían preparando una “agenda violenta” en su contra desde “un campamento militar” ubicado a escasos 500 metros del palacio de Miraflores.
Aunque el mandatario venezolano afirmó que allí fueron apresados, poco a poco se supo que todos fueron detenidos en diversos puntos de Caracas. Padilla, por ejemplo, fue detenido en la populosa zona de Petare.
Sin embargo, con el paso de los días, el Gobierno y las autoridades venezolanas dejaron de referirse al supuesto complot paramilitar y apenas señalaron que la detención de estos colombianos se debe a “problemas migratorios”, tal como afirmó a la prensa hace varios días el gobernador de Táchira, José Vielma Mora. El dirigente regional del partido de gobierno afirmó incluso que la mayoría “son padres de familia” –algunos tienen hasta 31 años viviendo en Venezuela– y se comprometió personalmente a velar por su situación, sin que todavía haya alguna resolución al respecto, no obstante las gestiones del Gobierno colombiano. (Además: Desmienten que hospital venezolano reciba a bebés en cajas de cartón)
La señora Terán tenía esperanzas de que la visita de Maduro a Cartagena para la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc pudiera despejar el limbo de estos detenidos. “Pero nada”, se lamentó.
La denuncia de planes desestabilizadores en su contra es una muletilla del Gobierno venezolano en momentos de tensión política, y justo el primero de septiembre la oposición logró movilizar a sus seguidores en la ‘toma de Caracas’.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
