Una demanda regional como la que este miércoles se presentó por primera vez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y que compromete a Nicaragua, Guatemala y Ecuador en la protección de derechos humanos y reproductivos es, sin duda, un campanazo para Colombia que, a juzgar por las cifras, tiene una deuda gigantesca con los niños, niñas y adolescentes.
Los casos de la demanda de Lucía, Fátima, Susana y Norma*, cuatro niñas víctimas de violencia sexual por parte de su círculo cercano y de maternidad forzada, no son para nada ajenos a la realidad colombiana.
A principio de 2019, el país se estremeció con el asesinato, violación y tortura a manos de un vecino de Angie Lorena Nieto, una niña de 12 años proveniente de Cabuyaro, Meta. Y el caso de Yuliana Samboní, de apenas 7 años, generó la mayor ola de rechazo en la opinión pública por la forma y las circunstancias en que Rafael Uribe Noguera, hoy preso en Valledupar y con una condena de 58 años de cárcel, abusó y asesinó a la menor.
Los delitos sexuales en el país se han mantenido por encima de los 21 mil casos anuales en los últimos 10 años, y en 2018 tuvieron una cifra récord de 26.059.
Las denuncias por violencia sexual, por su parte, contra niños, niñas y adolescentes no solo han crecido sino que llegaron a niveles alarmantes en 2018, la cifra de denuncias llegó a 22.788. Es decir que cada día 62 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, fueron abusados. Las niñas llevaron la peor parte. Representan cerca de 85, 5 por ciento de las denuncias (22.304).
Entre enero y marzo de 2019, ya van 6010 denuncias de violencia sexual contra menores, siendo los niños entre los 10 y los 14 años los más afectados por abusos. En total 4.514, de los cuales, 3830 eran niñas y 684 niños.
Más del 80 por ciento de los casos quedan en la impunidad y no pasan de la indagación preliminar. La acción de la justicia es, a todas luces, ineficiente y muchas veces normaliza y excusa estas conductas. Eso desalienta a las víctimas que ven como una y otra vez son revictimizadas en los procesos.
“Este es un problema grave porque se da de manera sistemática y estructural. Una niña abusada es probablemente una niña con un embarazo no deseado y eso tiene consecuencias que profundizan la desigualdad. Deriva, por ejemplo, en aislamiento de las niñas, la perpetuidad del círculo de violencia, el abandono de la escuela y el ingreso a trabajos muy precarios. Eso sin contar las consecuencias psicológicas y físicas en las niñas, la posibilidad de mortalidad materna, niños prematuros o que nacen en condiciones de salud difíciles, entre otras”, afirma Susana Chávez, secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai).
Los cuatro casos reúnen todos y cada uno de los escenarios planteados por Chávez, así como las formas más recurrentes en que se vulnera a un niño. Lucía, Fátima, Susana y Norma fueron violentadas por personas de su círculo cercano, por un profesor o por un sacerdote.
El patrón se repite en todo el mundo y confirma que la violencia sexual empieza con el círculo más cercano. En Colombia, en 2018, 9.923 niñas menores de 14 años fueron abusadas por sus abuelos, tíos, padres, padrastros, primos o hermanos. Luego siguen las personas de confianza de sus padres o las que están en sistemas cercanos a los niños (iglesia, colegios, amigos).
La demanda regional demuestra que la escala de violencia no para de subir. Los alegatos incluyen vulneración de derechos fundamentales, consentimiento y revictimización por omisión o ineficiencia. En los cuatro casos tanto los organismos estatales, la justicia, el aparato de salud, los médicos o las instituciones educativas desprotegieron la infancia, llevaron a las menores a una maternidad forzada, incurrieron en violencia obstétrica y discriminación e incumplieron su derecho a la educación sexual.
En Colombia, en 2018, 9.923 niñas menores de 14 años fueron abusadas por sus abuelos, tíos, padres, padrastros, primos o hermanos
“A mejor educación, las mujeres tienden a tener una fecundidad deseada. Ahí también entran la educación sexual. Garantizar la igualdad de género en todas las políticas y programas nacionales es un principio que permitirá reducir las brechas en los lugares en las que las mujeres tienen menores oportunidades”, explicó recientemente a EL TIEMPO Martha Lucía Rubio, representante auxiliar y oficial encargada en Colombia del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) –organismo de la ONU que se encarga de temas de población y desarrollo, haciendo énfasis en la salud reproductiva y la igualdad de género.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morirActualmente, Colombia cuenta con los Planes de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), que son lineamientos específicos del Ministerio de Educación y la ley 1620 que habla de los Derechos Sexuales y Reproductivos en instituciones educativas. Sin embargo, aunque la normativa es obligatoria, cada colegio lo interpreta a su modo o simplemente lo ignora.
Sin acceso a una educación sexual y con barreras para el acceso a un aborto seguro y legal, la vida y desarrollo de las mujeres sigue quedando subordinado a unos pocos.
“Una niña a la que obligan a tener un embarazo que no quiere, que no busco, que no desea, es una mujer que tendrá obstáculos de desarrollo, que no podrá tener el goce efectivo para participar como ciudadana en la discusión política. En definitiva alguien que probablemente sufra de algún tipo de no inclusión”, explica Chávez.
En embarazo adolescente, el promedio latinoamericano es de 74 jóvenes en embarazo por cada 1.000 niñas entre los 15 y los 19 años. Colombia tiene una tasa de 75, muy por encima de Brasil (62), Argentina (65) y Chile (41), pero debajo de Ecuador (111) y Venezuela (96).
La Encuesta Nacional de Demografia y Salud (Ends), realizada por Profamilia en 2018, muestra un ligero avance en este tema. Aunque la cifra de mujeres entre los 15 y 19 años en Colombia que ya son madres o han estado embarazadas aún es alta (17, 4 por ciento) el indicador bajó dos puntos por primera vez en 20 años. La media en América Latina es de 15 por ciento.
El mismo informe reveló que 1.900 adolescentes y jóvenes mueren cada año en Colombia durante el embarazo, parto y posparto y que 48 % de las jóvenes en estado de embarazo solo había cursado la educación primaria.
De acuerdo con el Dane, entre enero de 2018 y marzo de 2019, 310.746 mujeres entre los 10 y los 54 años han sido madres en Colombia. De ellas, 2.562 son niñas entre 10 a 14 años de edad (0 82 por ciento) y 58.869 entre los 15 y los 19 años (18, 9 por ciento). Un dato relevante es que el 40 por ciento de los embarazos adolescentes son deseados.
Sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) -una lucha cuya visibilidad en América Latina se ha incrementado más en los últimos años- Colombia fue uno de los pioneros pero, como en casi todos los países de la región, aún existen muchas barreras de acceso.
La emblemática sentencia C-355 con la que el país despenalizó el aborto en tres casos (cuando la vida o la salud física o mental de la mujer esté en riesgo, por incompatibilidad del feto con la vida por fuera del útero, o cuando la mujer sea víctima de violación o incesto) fue un esfuerzo realizado haced 13 años por la abogada Mónica Roa y su equipo de Women’s Link Worlwide.
1.900 adolescentes y jóvenes mueren cada año en Colombia durante el embarazo, parto y posparto y el 48 % de las jóvenes en estado de embarazo solo había cursado la educación primaria
Aunque esta sentencia es una de las más avanzadas con respecto a América Latina, su ejecución es compleja, especialmente en zonas rurales, y siguen existiendo vacíos con respecto a las cifras globales de atención.
El instituto Gutmacher, una de las organizaciones con más prestigio en el manejo y conteo de estos temas, afirmó en 2012, pero con cifras de 2008, que 400.400 abortos se realizaron en el país, de los cuales, apenas 322 fueron hechos en el marco legal. En 2017 se practicaron 10 mil abortos legales en el país, de acuerdo con Profamilia.
“Colombia ha logrado una normatividad robusta y políticas públicas muy apropiadas. Tiene un instrumento muy progresista en la sentencia C355 de 2006, pero el problema está en las barreras de acceso. Gran parte de los servicios recaen en el sistema de salud y eso hace que otros sectores no asuman su responsabilidad. Esto pasa por la política, la educación y la justicia”, explica a EL TIEMPO Juliana Martínez Londoño, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia.
Esta organización también logró otra histórica decisión legal en pro de los derechos sexuales y reproductivos al regular los precios de los anticonceptivos. Desde agosto de 2018, mediante la circular 07, del Ministerio de Salud, se ordenó la disminución de al menos 64 presentaciones comerciales de anticonceptivos, en los cuales la ciudadanía se ahorra más de 70.000 millones al año.
Entre los medicamentos que están en esa regulación se encuentran las píldoras Yasminiq Flex –una de los más utilizados por las mujeres en Colombia–, que pasaron de valer 58.000 pesos a 22.000 pesos (62 por ciento menos), así como las pastillas Bellaface, que pasarán de 40.000 a 12.600 pesos (67 por ciento).
El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentado el año pasado confirma que se necesita reforzar el poder de elección de las mujeres. El 57 por ciento de mujeres casadas o con pareja en el mundo no pueden decidir sobre las relaciones sexuales y si prevenir o no sus embarazos. Además, cuatro de cada 10 mujeres no pueden decidir de forma libre sobre métodos anticonceptivos y hay 214 millones de mujeres en países menos desarrollados que, a pesar de que quisieran prevenir o retrasar un embarazo, no tienen acceso ni a información ni servicios médicos.
Las minorías siguen siendo quienes más resultan afectadas por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente los adolescentes, personas solteras, población LGTBI, etnias, discapacitados y la gente con menos recursos en zonas rurales como urbanas, de acuerdo con el informe.
¿Quiero o no tener hijos? ¿Cuántos, cómo y cuándo? ¿Qué tipo de familia quiero formar? ¿Puedo acceder a educación sexual y a métodos anticonceptivos? ¿Me van a atender de forma segura para tener pleno goce de mi salud sexual y reproductiva? ¿Requiero asistencia para lograr tener hijos? ¿Puedo expresar libremente mi orientación sexual y mi identidad de género?
Las respuestas a estas preguntas forman lo que se conoce como derechos sexuales y reproductivos, y, sin duda, son un asunto pendiente e importante porque determina la libertad de las mujeres, pero también el desarrollo de la población, la distribución de los recursos, la salud mundial, el rumbo de la economía, la disminución de la pobreza, la movilidad humana y la relación de la sociedad.
Desde la declaración de los Derechos Humanos hace 71 años, el mundo ha intentado disminuir y eliminar todo tipo de discriminaciones y permitir el ejercicio libre de la sexualidad, el derecho a una educación sexual y a una oportuna atención salud en. Los avances han sido notorios, pero evidentemente, desiguales en todo el mundo.
CINDY A. MORALES
Subeditora de ELTIEMPO.COM
Correo: cinmor@eltiempo.com
En Twitter: @cinmoraleja
