A fines de marzo, cuando Argentina entró en un bloqueo impuesto por el Estado, los argentinos de toda la sociedad se movilizaron en las redes sociales para ubicar a Cristina Iglesias y su hija, Ada, en la ciudad de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Habían estado en cuarentena en la casa de la pareja de Cristina, y los familiares no habían tenido noticias suyas desde el 25 de marzo. Tres días después, se confirmaron los peores temores del país: ambas mujeres fueron encontradas enterradas en el patio trasero de la pareja. La policía ya ha arrestado a la pareja.
Lamentablemente, el hogar no siempre es un refugio para las mujeres en toda América Latina. En Argentina, siete de cada diez feminicidios ocurren en el hogar de la víctima.
Durante esta pandemia, muchas más mujeres en la región se refugiarán bajo el mismo techo que sus potenciales abusadores. Ya hay indicios de que el cierre de los servicios, la ausencia de compromiso social y los efectos del desempleo y la angustia económica sobre las masculinidades frágiles y las familias enteras están provocando un aumento en la violencia doméstica y de género. En Argentina, las llamadas a líneas directas de violencia doméstica crecieron un 40 % después de que el Gobierno instituyó una cuarentena obligatoria.
En Colombia, las llamadas aumentaron más del 90 %. En México aumentaron un 60 % en las semanas posteriores a que el Gobierno llamara por primera vez al distanciamiento social. Pero la pandemia también está dejando al descubierto lo que ya sabíamos: que la violencia contra las mujeres casi siempre ocurre fuera de la vista de la sociedad, y detenerla requiere esfuerzos intencionales para rastrear mejor y hacer visible el alcance del problema.
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Las prácticas divergentes en el registro y el enjuiciamiento de la violencia contra las mujeres dificultan el alcance completo del problema en América Latina. Al menos 3.529 mujeres en la región fueron víctimas de feminicidio en 2018, o aproximadamente una mujer perdió la vida cada dos horas, según los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El número es probablemente más alto.
La violencia contra las mujeres casi siempre ocurre fuera de la vista de la sociedad, y detenerla requiere esfuerzos intencionales para rastrear mejor y hacer visible el alcance del problema
La necesidad de buenos datos sobre la violencia contra las mujeres es claramente más urgente que nunca. Como directora de investigación de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (Ilda) sé que mejores datos pueden ayudar a los gobiernos y las organizaciones a comprender mejor los riesgos que enfrentan las mujeres, en una pandemia o no, y luego diseñar mejores políticas basadas en la evidencia.
Desafortunadamente, la visibilidad de esta crisis no se ha visto acompañada por una mejora significativa de los sistemas de registro oficial de estos incidentes, lo que permitiría a las sociedades y gobiernos tomar mejores decisiones y generar políticas públicas basadas en evidencia.
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Al observar la legislación que hay en América Latina, convivir y tener una relación romántica existente con la víctima son los factores más recurrentes para clasificar el asesinato de una mujer como un feminicidio. Pero todavía hay al menos 16 criterios diferentes y recurrentes para identificar un feminicidio, y diferentes países también dan esta información de manera diferente. Honduras, Costa Rica y Panamá, por ejemplo, publican datos sobre el área geográfica de los feminicidios, pero solo Honduras y Panamá publican el tipo de arma y solo Honduras comparte la ocupación de la víctima.
¿Cómo podemos esperar mejores políticas cuando el diagnóstico colectivo del problema sigue sin estar claro o limitado? Desde 2017, Ilda ha estado explorando cómo estos datos sobre feminicidio en América Latina pueden producirse de manera más uniforme y estandarizada, ayudando así a las autoridades a desarrollar políticas públicas más informadas que protejan a las mujeres. Ilda ha desarrollado un estándar para registrar instancias de feminicidio y ha trabajado con gobiernos de Argentina, Ecuador, Jamaica, Panamá y Uruguay. A través de estos procesos de estandarización de datos, las organizaciones del sector público se ven obligadas a pensar qué tipo de datos necesitan, cómo los recopilan, cómo se almacenan y, finalmente, cómo usarlos.
Si bien estos procesos pueden parecer muy técnicos e incluso aburridos, los estándares de recopilación de datos han llevado a transformaciones silenciosas dentro de las burocracias del sector público a medida que las unidades del sector público han comenzado a reflexionar sobre cómo producen, almacenan y publican estos datos. Pero el cierre de las sociedades durante esta pandemia ha puesto en peligro este progreso en un momento en que las mujeres necesitan la atención de los formuladores de políticas tanto como siempre.
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Hemos aprendido varias lecciones de nuestro esfuerzo por estandarizar los datos sobre feminicidios, una de las cuales es la importancia de establecer mecanismos institucionales que permitan que los datos estén disponibles en diferentes niveles de acceso (por ejemplo, los datos serán de acceso público a lo que se recopila, pero reservado). Es especialmente importante identificar claramente quién habla al comunicar datos y qué mecanismos existen para validar los datos oficiales. Esto es particularmente importante cuando las grabaciones de audio falsas y las historias están en nuestras redes sociales y cuando diferentes datos e información provienen de diversas fuentes.
Estos procesos de estandarización son críticos no solo para mantener a las mujeres a salvo de los abusadores, sino también para mantener a todos a salvo del coronavirus. La rápida propagación de este virus en todo el mundo ha revelado que los mecanismos existentes para la cooperación internacional y el intercambio de información son ineficientes. Lo que América Latina necesita son datos de calidad, estandarizados y compartibles para poder comparar, determinar y justificar las drásticas medidas económicas y sociales que los gobiernos están tomando para frenar la propagación del virus. Los medios también lo necesitan para garantizar que las personas obtengan información precisa y actual sobre el desarrollo de la pandemia, con estándares claros sobre las mejores prácticas y en términos de infección, sospecha de casos, tasa de transmisión y letalidad.
Nuestra experiencia trabajando para estandarizar la recolección de datos sobre feminicidios ha demostrado cuán esencial es la calidad de los datos para informar las políticas públicas. Todavía tenemos un largo camino por recorrer en términos de calidad de datos y acuerdos de gobernanza, pero sin algunos pasos básicos hacia la estandarización, solo será más difícil entender la situación actual e idear políticas basadas en evidencia para avanzar en nuestra comprensión y promover la colaboración para encontrar soluciones a estos graves problemas.
SILVANA FUMEGA*
Americas Quarterly
Buenos Aires* Silvana Fumega es directora de investigación y política de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos.
