Mientras la oposición y el chavismo se preparan para demostrar este miércoles su fuerza en las calles, en una masiva pulseada, el saldo de víctimas y afectados por las protestas de los últimos 14 días llegó a 7 muertos y 538 arrestados por manifestarse contra el Gobierno venezolano y exigir la activación inmediata de un proceso electoral.
Seis de las víctimas, hombres, habían participado o estaban cerca de alguna de las protestas en sus respectivas ciudades y recibieron impactos de bala. Las primeras investigaciones apuntan a que todos cayeron por fuego de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional –los cuerpos de seguridad encargados de la contención de las manifestaciones–, con excepción de dos de ellos, víctimas de las bandas armadas progobierno que salieron a la calle a defender la “revolución” en la ciudad de Barquisimeto.
A ellos puede añadirse la señora Ricarda González, de 87 años, quien falleció en su apartamento asfixiada por la lluvia de gases lacrimógenos disparados por la Policía en la zona de Bello Monte en Caracas, el 8 de abril, día en que arreció el uso de gas para disuadir a los manifestantes.
Además de la represión 'in situ', el sistema judicial ha reactivado la estrategia de encarcelamiento masivo aplicado a las protestas del 2014, con un saldo actual de 538 personas detenidas, según conteo de la organización Foro Penal Venezolano.
De estas, solo 36 han sido liberadas plenamente, 165 liberadas sin haberlas presentado a tribunales, 64 liberadas con medidas cautelares, 152 deben presentar un fiador para su liberación, 89 aún están pendientes de ser presentadas ante tribunales y 32 de ellas están formalmente tras las rejas.
Abogados de organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunos tribunales han tomado atribuciones fuera de la ley para dificultar o condicionar la liberación de los detenidos (a presentar fiador, por ejemplo), aun cuando la Fiscalía solicita las liberaciones o admite no tener pruebas para acusarlos.
La ralentización del debido proceso judicial es otra de las estrategias que comienza a verse en el trato de los manifestantes detenidos, 89 de los cuales llevan cuatro o más días sin ser presentados ante tribunales, aunque la ley obliga a que esto debe hacerse en menos de 24 horas.
Barquisimeto es la ciudad donde ha habido más detenciones hasta ahora (66) y donde las protestas no han tenido tregua. Incluso este lunes hubo choques entre manifestantes y la Policía, la cual dispersó las protestas con bombas lacrimógenas.
Sin embargo, decenas de voces coinciden en que la máxima violación al proceso judicial la hizo el propio presidente Nicolás Maduro el domingo en la noche, cuando presentó a través de la televisión el testimonio de tres muchachos, de nombres Guido Rodríguez y los hermanos Alejandro y José Sánchez –del partido opositor Primero Justicia–, sin presencia de fiscales o de sus abogados, admitiendo su supuesta complicidad en la planeación y ejecución de actos vandálicos durante las protestas.
Como en otras ocasiones, el mandatario, además de revelar elementos de una investigación en curso, presentó los rostros de los involucrados, violando la presunción de inocencia.
Horas antes de esta alocución, la dirigencia de Primero Justicia había advertido que los jóvenes Sánchez fueron sometidos a torturas para que dieran los testimonios incriminatorios. “No los habíamos terminado de capturar cuando empezaron a hablar”, dijo el Presidente. “Todos (los detenidos) se han acogido a la delación”.
Uno de los muchachos aseguró a su padre haber sido atado de manos en alto por más de 24 horas y rociado con gasolina para dar nombres de miembros de Primero Justicia y diputados como José Guerra, Marialbert Barrios y Tomás Guanipa.
El acoso a la oposición ha llegado a niveles superiores de hostigamiento, como los sufridos por las diputadas Delsa Solórzano y Gabriela Arellano, cuya dirección de domicilio fue publicada en redes sociales por seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Lo mismo ocurrió con decenas de manifestantes opositores anónimos, cuyos rostros fueron publicados en la cuenta de Twitter oficial de la Policía científica de Venezuela (CICPC), pero pronto fueron retirados de la red.
En la conmemoración del séptimo aniversario de las Milicias Bolivarianas, el presidente Nicolás Maduro se rodeó de estas y de funcionarios militares para enviar un mensaje de fuerza y cohesión, de cara a las movilizaciones de mañana.
El mandatario prometió la defensa del proyecto revolucionario, para lo cual dijo que pronto le entregaría a cada uno de los 500.000 “milicianos” –un componente creado por el presidente Hugo Chávez y adscrito a la Fuerza Armada venezolana, aunque no aparece en la Constitución– un fusil para cumplir ese propósito.
Pero fue el discurso del ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, el que captó la atención de los venezolanos, pues, en este momento de máxima crispación y a pesar de las cientos de denuncias de represión de los cuerpos policiales y militares, descartó que hubiera alguna violación de las leyes.
“No puede llamarse represión a la acción del Estado orientada a la restitución del orden público con perfecto apego a lo consagrado en la Carta Magna y demás instrumentos jurídicos que rigen los derechos humanos”, expresó Padrino, quien aseguró que la Fuerza Armada es totalmente leal al presidente.
Once países de América Latina pidieron el lunes al Gobierno de Venezuela que “garantice" el derecho a la manifestación pacífica a dos días de una gran marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que rechazan las muertes registradas en las jornadas de protestas anteriores.
“Teniendo en cuenta que para el miércoles 19 de abril se anuncia una jornada de marchas por parte del oficialismo y de la oposición, hacemos un llamado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que garantice el derecho a la manifestación pacífica”, dijeron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay en un comunicado conjunto difundido por Bogotá.
Valentina Lares Martiz
Corresponsal de EL TIEMPO
