Bolivia, el país de América del Sur con mayores cifras de feminicidio

Bolivia, el país de América del Sur con mayores cifras de feminicidio

Es el tercer país en la región con mayor tasa de asesinatos de mujeres por cuestiones de género.

Día Internacional de la Mujer en Bolivia

Miles de mujeres, la mayoría trabajadoras, marchan contra la discriminación y la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer en La Paz, Bolivia (8 de marzo de 2017).

Foto:

GETTY IMAGES

Por: NATALIA ROMERO PEÑUELA* 
06 de enero 2020 , 11:07 p.m.

El 30 de diciembre de 2019, una mujer murió en Potosí, en el sur de Bolivia, por la explosión de una carga de dinamita que su pareja detonó intencionalmente. Ella fue la última de 117 mujeres víctimas de feminicidio en Bolivia en 2019, según la Fiscalía General de ese país.

La cifra es inferior a los 130 casos registrados en 2018; sin embargo, para el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “son vidas que se han perdido, y debe llamar a la reflexión a todos”.

“Son muchos los factores que están detrás de cada una de las muertes, como el tema del machismo, la discriminación por solamente ser mujer, intolerancia y falta de respeto”, reflexionó el fiscal en un comunicado.

Los expertos y las ONG en Bolivia coinciden en que las causas van más allá y están fuertemente arraigadas en la cultura. Guillermo Dávalos, investigador de la Fundación Sepa, una ONG encargada de asuntos de niñez y género en Bolivia, aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, que “el trasfondo del feminicidio en Bolivia, como en otros países, está en que es una sociedad profundamente patriarcal, con niveles muy altos de inequidad de género y una presencia manifiesta de esto desde la pequeña infancia en los patrones de educación machistas”.

Sumado a ello, Primitiva Martínez, directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer en Bolivia, le dijo a este diario que “la mayoría de los casos están asociados a graves problemas de alcoholismo de las parejas de las mujeres asesinadas”. Si bien no hay estudios que certifiquen la correlación de la violencia machista con los problemas de alcoholismo, los expertos coinciden en que este es un factor que potencia las conductas violentas domésticas, pues es en el ámbito del hogar donde se da en mayor medida el delito del feminicidio.

Dávalos agrega que los patrones comunes se agravan si se añade un nivel socioeconómico bajo. Si bien atraviesan todos los niveles, “en hogares con mayores carencias la discriminación y el maltrato se manifiestan de maneras más crudas”. Y, sin duda, para el sociólogo “son patrones de conducta generados desde la educación, que son transmitidos de generación en generación”.

Marcelo Arequipa, politólogo y profesor de la Universidad de San Andrés, asegura que esto lo explica que la principal falla del gobierno de Evo Morales y del actual ha sido poner el foco “en la sanción y no en la prevención” de este delito, que solo se tipifica como tal desde el año 2013. Al respecto, Guillermo Dávalos considera que en Bolivia se ha hecho “mucha propaganda” sobre los cambios educativos, pero en realidad “en Bolivia la educación es arcaica”.

Las mujeres y sus familias en Bolivia son víctimas
de doble violencia: la violencia física o psicológica (...) y la violencia que ejerce el mismo Estado cuando no garantiza justicia.

“El sistema sigue siendo basado en un sistema vertical autoritario, repetitivo, homogeneizador, antidemocrático, y en medio de eso se habla de promover la equidad de género; pero no está incorporado a la práctica educativa”, critica el sociólogo. Y añade que el cambio “no se trata solo de enseñar, sino de formar, de practicar esas conductas desde el aula”.

En Bolivia, además de la falta de prevención, hay altas tasas de impunidad. De los 117 casos de feminicidio registrados en 2019, solo 22 tienen sentencia condenatoria por procedimiento abreviado, 10 se extinguieron por muerte del agresor e igual número cuenta con acusación formal, 52 con imputación, 18 están en etapa preliminar y cuatro con rechazo, según detalló la Fiscalía.

El fiscal general sostuvo que el Ministerio Público trabaja “en la persecución penal de feminicidios para no permitir que queden impunes”. De hecho, desde 2013 Bolivia tiene vigente la Ley 348, que protege a las mujeres de “todo tipo de violencia” y castiga el feminicidio con 30 años de prisión, pena máxima de la legislación boliviana.

No obstante, las organizaciones defensoras de derechos de la mujer afirman que la ley no es suficiente y falta voluntad política en las entidades públicas para destinar presupuestos necesarios a acciones efectivas contra la violencia de género.
Además, según la diputada boliviana de la Unidad Demócrata Shirley Franco, “hay leyes, pero no existe persecución penal garantizada”. “Ni siquiera existe un observatorio oficial encargado del tema, por lo que no hay una caracterización, y el subregistro es elevado”, añade.

Según ha documentado la diputada, solo en 2020 ya se han generado dos feminicidios y cuatro infanticidios. Esto se debe a que “el Estado ha dado una señal equívoca respecto a las sanciones que se deberían ejercer sobre los agresores. Tenemos un Estado que no sanciona la violencia contra la mujer”, sostiene. Sumado a ello, Franco ha denunciado en repetidas ocasiones que no existen juzgados especializados en temas de género –establecidos por la ley–, por lo que quienes atienden los casos de violencia contra la mujer son los juzgados anticorrupción, “que, además, tristemente son muy corruptos”.

Los expertos coinciden en que las mujeres y sus familias padecen de revictimización. “Cuando se creó la ley, el problema era que las mujeres no denunciaban; hoy denuncian, pero no encuentran justicia. Son víctimas de doble violencia: a la que son sujetas por sus parejas y la violencia que ejerce el mismo Estado”, asegura la diputada.

NATALIA ROMERO PEÑUELA*
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
*CON INFORMACIÓN DE EFE

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