La violencia en contra de los periodistas y los medios, la proliferación de leyes y de proyectos que intentan controlar la actividad periodística, unidas a las presiones de las autoridades y a la falta de acceso a las informaciones oficiales constituyen los primeros obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión en la región, fue la principal conclusión a la que llegó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al culminar su 73.ª asamblea general.
Según la SIP, esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato, registrándose los casos más polémicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El caso de ColombiaEn cuanto a las agresiones a la prensa en Colombia, específicamente, a la SIP le preocupa el aumento de estos casos en comparación con las cifras de 2016.
De acuerdo con el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a esta fecha se registraron 237 casos, 21 más que en el periodo anterior, y la amenaza es la agresión más frecuente en Colombia, con 102 casos, cifra que duplica la de 2010.
Según la Flip, en el país se documentaron 151 casos de agresiones a la prensa, en especial en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Muchas de estas agresiones son cometidas por funcionarios públicos, mediante amenazas y acoso judicial.
Uno de los hechos más graves ocurridos en este periodo fue el secuestro, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender el lunes 19 de junio en la región del Catatumbo.
El responsable del hecho los liberó días después, tras afirmar que había sido un error.
Las investigaciones rara vez logran capturarlos y cuando lo hacen, solo logran identificar a los autores materiales, pero quienes planifican el crimen no son detectados
Con la presencia de directores y representantes de más de 1.200 medios de comunicación de la región, la SIP también concluyó que durante lo que va corrido del 2017, parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos.
Así las cosas, en lo que va corrido del presente año, ya son 18 los comunicadores que han caído víctimas de un crimen. En el comunicado final del encuentro, luego de cuatro días de sesiones en la ciudad de Salt Lake City, capital del estado de Utah (EE. UU.), la SIP advierte que los asesinatos son la expresión máxima de brutalidad que puede alcanzar la censura.
Pero no termina ahí la persecución a los profesionales de la comunicación, puesto que luego de cometidos los crímenes sus autores, en casi todos los casos, quedan en la impunidad absoluta.
Las investigaciones rara vez logran capturarlos y cuando lo hacen, solo logran identificar a los autores materiales, pero quienes planifican el crimen no son detectados.
El hostigamiento a la prensa se manifiesta también en las legislaciones y los proyectos de leyes que se discuten en diversos países. En muchos de ellos, las autoridades procuran inmiscuirse en los contenidos editoriales, como en Venezuela, El Salvador o en Colombia, donde un fallo de la Corte Constitucional ordena a los medios actualizar de oficio la información que publiquen en internet.
En Ecuador, por ejemplo, aún se mantiene vigente la estructura legal heredada del gobierno anterior que creó un sistema procesal y una Superintendencia de Comunicación que actúan en contra de la libertad de prensa.
La SIP entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el Gran Premio Libertad de Prensa, el máximo galardón que concede este organismo y que el uruguayo dedicó a los periodistas asesinados el año pasado en la región y a la prensa libre.
Almagro compartió el premio otorgado por su defensa a las libertades de expresión con “la prensa independiente de Venezuela”, que ejerce su labor “a pesar de las constantes amenazas y la violencia permanente”, y bajo “una dictadura que criminaliza toda forma de disenso”.
También manifestó que el galardón lo reafirma en su compromiso por luchar a favor de los principios que defiende, así como por los periodistas encarcelados y los presos políticos en Venezuela, quienes son víctimas de “persecución, encarcelamiento y todo el escarnio de la dictadura que hoy gobierna la tierra de Simón Bolívar”.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
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