Los hechos violentos presentados la semana pasada en Tumaco, Nariño, y que dejaron seis campesinos muertos, fueron condenados este jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “urgió a las autoridades colombianas” a esclarecer dicho ataque.
“La CIDH urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, indicó esa Comisión.
Los hechos se presentaron cuando cerca de 200 campesinos e indígenas impidieron por medio de bloqueos la erradicación forzada de cultivos de coca que iba adelantar un grupo de militares, custodiados por el Esmad, en el Alto Mataje y Frontera. La Fuerza Pública señaló que integrantes de las disidencias al mando de ‘Guacho’ lanzaron cinco tatucos y dispararon ráfagas de fusil contra la población civil y los uniformados.
Por su parte, asociaciones de la zona afirman que fue la Fuerza Pública la que atacó a los labriegos. De hecho el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera informó a través de un comunicado, que la muerte de los campesinos y los heridos fue una tragedia anunciada, pues ellos habían denunciado “oportunamente las amenazas, intimidaciones y abusos de todo tipo de las que han sido víctimas muchas de las comunidades que habitan esa región, sin que hayan existido medidas efectivas para evitar la tragedia”.
Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos anunció que conformará una comisión de alto nivel para que investigue este hecho y también la muerte de los líderes sociales en Colombia.
La CIDH también se pronunció sobre el ataque que habría sufrido una misión de varias ONG, que iba acompañada de periodistas, al parecer por parte de miembros de la Policía, cuando intentó ingresar a verificar la zona en donde murieron esos campesinos.
“La Comisión Interamericana expresa su consternación y condena al ataque contra la misión humanitaria y los periodistas (…) El Estado debe también garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”, precisó.
De acuerdo con versiones de testigos y vecinos de la zona, a eso de las 2 de la tarde en esta vereda, al parecer, policías habrían lanzado balas aturdidoras y hecho algunos disparos al aire en momentos en que transitaba por la zona una comisión con personal de las organizaciones de la Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) con varios periodistas. Una persona de la comisión habría quedado herida.
“La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de evitar que estos lamentables hechos se repitan”, indicó.
Frente a estos hechos, además del asesinato del líder de la zona Jair Cortés y el de dos indígenas awá, padre e hijo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también reitera su preocupación.
Esa institución "urge a que la investigación de los crímenes citados se haga en conjunto y a que se mantengan abiertas todas las hipótesis sobre presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales", además de las causas de los hechos. Esto, con el fin de establecer responsabilidades y esclarecer lo sucedido.
La misma Oficina pide a la Procuraduría General adelantar investigaciones y adoptar medidas "con relación a la falta de implementación de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, del acuerdo de paz y del accionar de la fuerza pública".
El contexto en que han ocurrido los últimos hechos de violencia en Tumaco, explica la Oficina de la ONU, está marcado por una presencia limitada del Estado, presencia de economías ilícitas, problemas estructurales de derechos humanos reflejados, sobre todo, en los índices de pobreza multidimensional, así como falencias en la reincorporación de las Farc, fallas en la implementación de varios capítulos del acuerdo de paz y el accionar de distintos actores armados.
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