En su afán por revertir la política de deshielo iniciada por su antecesor, el demócrata Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió el viernes pasado con una de sus promesas electorales al dar un giro a la política de su país respecto de Cuba: respaldó el embargo que EE. UU. mantiene sobre la isla y endureció los requisitos para que estadounidenses puedan viajar a la isla.
El mandatario también anunció que Washington vetará los negocios con empresas cubanas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, estamento que controla un alto porcentaje de la economía del país y sus sectores estratégicos, entre ellos el turismo.
Luego del anuncio, el Gobierno cubano afirmó que cualquier “estrategia que pretenda cambiar el sistema en la isla está condenado al fracaso”, agregó que Estados Unidos no puede dar lecciones sobre derechos humanos e insistió en su voluntad de “continuar el diálogo y la cooperación” con el país vecino.
En su discurso, Trump señaló que no romperá las relaciones entre ambos países, que mantendrá abierta la embajada de EE. UU. en La Habana y no restaurará la política de ‘pies secos, pies mojados’, que durante más de 20 años otorgó un trato preferencial a los inmigrantes cubanos.
Sin embargo, los cambios no entrarán en vigor hasta que los departamentos del Tesoro y de Comercio ajusten sus regulaciones sobre la materia, un proceso que debe iniciarse en menos de 30 días, pero que podría durar “varios meses”, según la Casa Blanca.
A continuación, los principales puntos del anuncio hecho por el presidente Trump.
Los turistas de la isla tal vez no sepan que el famoso bar Floridita de Hemingway o el restaurante Sloppy Joe son de propiedad de militares cubanos. Es a esos lucrativos negocios a los que apunta Trump con su política, pues quiere limitar que compañías de EE. UU. hagan negocios con estas empresas, que alimentan con dinero la “columna vertebral” del régimen. El objetivo más obvio sería el Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa), un conglomerado presente en todos los sectores de la economía y que encabeza el general Luis Alberto Rodríguez, yerno del presidente Raúl Castro. Pero habrá algunas excepciones, como viajes aéreos y marítimos, lo que protegerá a aerolíneas y cruceros.
2. Restricciones a viajerosLos estadounidenses que deseen viajar a Cuba bajo una de las 12 categorías de ley, la de actividades educativas, tendrán que hacerlo en grupo y acompañados por un representante de una empresa patrocinadora de EE. UU.
Además, los viajes individuales para abrir contactos quedarán prohibidos, aunque podrán seguir haciéndose dentro de un grupo organizado. La cifra de estadounidenses que viajan a Cuba, principalmente en grupos grandes debido a las regulaciones de Washington, se ha triplicado en los últimos años, y se esperaba que llegaran alrededor de 400.000 visitantes en el 2017.
Pese al tono de los anuncios, Trump mantuvo sin cambios varias de las iniciativas de Obama, incluyendo la apertura de la embajada estadounidense, a pesar de que buscó mostrar que estaba cumpliendo con su promesa de adoptar una postura más dura hacia Cuba, especialmente en derechos humanos. El presidente de EE. UU. tampoco planea restablecer los límites que Obama eliminó a la cantidad de ron y cigarros que los estadounidenses pueden traer de la isla para uso personal. Lo mismo que las ventas de productos agrícolas y médicos a Cuba.
4. Quietas remesas e internetTambién estarán exentas las transacciones para enviar, procesar y recibir remesas, adquirir visados permitidos, los programas de apoyo a la democracia en la isla y de expansión de telecomunicaciones e internet y todas las operaciones para los intereses de seguridad nacional o de política exterior de EE. UU. Mientras que la plataforma Airbnb, que conecta a propietarios de viviendas con turistas, no se verá afectada, aún no está claro si Starwood Hotels, una filial estadounidense del grupo Marriott International que tiene un hotel en La Habana, entrará dentro de las excepciones.
5. Derechos humanosEl Departamento del Tesoro ampliará ligeramente la lista de funcionarios cubanos con los que EE. UU. y sus ciudadanos no pueden hacer negocios bajo ninguna circunstancia. El Secretario de Estado de EE. UU. deberá entregar un informe a Trump en el que evalúe si el Gobierno cubano ha hecho avances democráticos y revise los casos de “abusos de derechos humanos” en el país. Por su parte, en un plazo de 90 días, el fiscal general, Jeff Sessions, tendrá que emitir un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que se cree viven en Cuba o están siendo protegidos por ese gobierno.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
