La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreció este martes un balance sobre las últimas tres semanas de protestas y aseguró que detectó violaciones al debido proceso judicial en decenas de detenciones e investiga 255 casos de personas heridas por exceso de fuerza policial, delitos en los que habría violación de los derechos humanos.
Ortega detalló que en el marco de las manifestaciones han muerto 26 personas (de las cuales, 18 han sido asesinadas y ocho murieron electrocutadas al intentar saquear una panadería), 437 resultaron heridas y 1.289 han sido detenidas. De estas últimas, 65 han sido formalmente apresadas y otras 217 serán presentadas ante los tribunales.
Se trata de la primera aparición pública de la Fiscal tras declarar en marzo que el Tribunal Supremo de Justicia alteró el hilo constitucional del país, con las sentencias que anularon la inmunidad parlamentaria y anulaban de facto las competencias de la Asamblea Nacional.
Aunque su intervención impulsó la reversión de las sentencias, estas fueron el chispazo para reiniciar las protestas contra el gobierno de Maduro. Igual que en esa oportunidad, este martes la Fiscal se desmarcó del discurso oficial –al que solía apoyar abiertamente– advirtiendo desórdenes en las detenciones de manifestantes y violaciones flagrantes al debido proceso.
Aunque señaló que hay más casos, se refirió específicamente a 38 detenidos en la región de Nueva Esparta, el pasado 19 de abril, sobre quienes no hay pruebas incriminatorias ni un acta policial que describa su supuesta conducta irregular.
Para ellos, la Fiscalía pidió la nulidad de la detención “por carecer de sustento”, pero el Tribunal decidió mantenerlos presos hasta que consiguieran un fiador, violando la jurisprudencia y dejando en entredicho el sistema judicial. “El país necesita seguridad jurídica”, advirtió la Fiscal, quien recordó que “hasta en estados de excepción se debe respetar el debido proceso, es incluso una de las pocas garantías constitucionales que no se suspenden”.
Estas irregularidades, y otras como la imposición de defensores públicos a detenidos que quieren nombrar su propio abogado, también fueron denunciadas por la ONG Foro Penal Venezolano, que asiste gratuitamente a la mayoría de los detenidos.
Esta agrupación contabiliza, de forma independiente, 1.426 aprehensiones relacionadas con las protestas.
Por primera vez en la historia reciente, las declaraciones de la Fiscal no fueron transmitidas en vivo en medios estatales, quienes optaron por mostrar una agresiva alocución del diputado Diosdado Cabello, curiosamente cuando la Fiscal advertía a los dirigentes políticos que “no se puede promover un discurso de odio y descalificar a quienes piensen distinto”.
Entre los datos más reveladores, Ortega destacó el uso de la violencia como arma política. No se atrevió a calificar si eran del oficialismo o de la oposición, pero por primera vez se refirió a la existencia de “grupos civiles armados” que han actuado en torno a las marchas y que están involucrados en el asesinato de Paola Ramírez, de 23 años.
A través de fotografías colgadas en las redes sociales y testimonios de decenas de personas, se ha dejado constancia que tanto en las protestas opositoras como en las barricadas y saqueos nocturnos en zonas de Caracas han participado las bandas armadas conocidas como ‘colectivos’, que amedrentan a quienes se manifiestan contra el Gobierno. Los más altos voceros del Gobierno aseguran que la violencia solo viene de la “derecha terrorista”.
A pesar de estos grupos y la fuerte represión a que han sido sometidas las seis últimas grandes marchas de protesta, la oposición convocó para salir este miércoles a la calle en otro intento para marchar hacia las defensorías del Pueblo en cada estado del país y mantener la presión en la calle, en exigencia de la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y la configuración de un cronograma electoral.
Por otra parte, el parlamento, de mayoría opositora, dio este martes al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, tres días para que califique de “falta grave” la actuación de siete magistrados del Supremo acusados por la oposición de haber dado un “golpe de Estado” y de esa forma iniciar el proceso de destitución.
La Organización de Estados Americanos evaluará la posibilidad de convocar una reunión de cancilleres sobre la crisis en Venezuela durante una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este miércoles.
La sesión, la quinta en la OEA sobre Venezuela en un mes, fue solicitada por 16 de sus 34 países miembros que, “considerando la creciente preocupación” continental sobre ese país, buscan elevar el debate al nivel ministerial.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Con información de AFP
