Ante la máxima instancia de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet expresó este lunes su preocupación por la situación en Colombia, en donde su oficina ha documentado la muerte de 47 defensores en lo corrido de 2020 y se encuentra en proceso de verificar la de otros 44.
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“Con respecto a las recientes protestas en Bogotá y Soacha, en las que el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte de hasta trece personas y las heridas de otras 300, incluidas 77 con arma de fuego, mi oficina se encuentra verificando los casos”, añadió la alta comisionada, quien reiteró la disposición de su equipo para brindar asistencia técnica a las autoridades en materia de control policial de las protestas.
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Será crucial fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos en la respuesta a los crecientes niveles de violencia en la región
“El acuerdo de paz de 2016 abrió un nuevo capítulo para todos los colombianos y debe ser enteramente implementado para prevenir más violencia y abusos y violaciones de derechos humanos”, aseguró Bachelet en su discurso ante la plenaria del Consejo, que inició en Ginebra su última sesión anual.
La Alta Comisionada incluyó así a Colombia en su actualización ante esta instancia de la ONU, en la que también se refirió a por lo menos treinta países que presentan situaciones urgentes de vulneración de derechos humanos, como Bielorrusia, China, Filipinas, el Líbano e incluso Estados Unidos.
Acerca de otros países latinoamericanos, Bachelet indicó que en Brasil, México y El Salvador se está presentando un aumento en la participación de los militares en actividades de orden público y recordó que el recurso a las fuerzas armadas en este contexto debe ser estrictamente excepcional y rigurosamente vigilado.
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La Alta Comisionada también manifestó su preocupación por las intimidaciones, ataques y asesinatos de periodistas y defensores en la región por lo que hizo un llamado a todos los Gobiernos a abstenerse de estigmatizarlos y a garantizar que las agresiones en su contra no queden en la impunidad.
Finalmente, Bachelet aseguró que el impacto social y económico de la pandemia en América puede configurar un escenario de alto riesgo de agitación social. “La única manera de construir una recuperación sostenible será hacer frente a las verdaderas causas de la desigualdad, la exclusión y la discriminación. Será crucial fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos en la respuesta a los crecientes niveles de violencia en la región”, añadió la también expresidenta chilena.
Las respuestas de los Estados y la sociedad civil tendrán lugar el martes en horas de la mañana, durante el debate sobre el discurso de la alta comisionada.
Por un mandato previo del Consejo de Derechos Humanos, la funcionaria presentó actualizaciones específicas sobre Nicaragua y Venezuela. Acerca del primer país, Bachelet aseguró que “no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”.
La comisionada denunció que, desde julio, su oficina registró 30 amenazas contra representantes de la sociedad civil y el asesinato de al menos una persona por parte de paramilitares. De igual manera, indicó que 94 personas “percibidas como opositoras al Gobierno” continúan detenidas de manera arbitraria y que dos de ellas fueron recientemente hospitalizadas en delicado estado de salud.
Así mismo, aseguró que la respuesta de las autoridades a la pandemia “ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos del personal médico” por lo que pidió transparencia y difusión de la información.
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Así mismo, aseguró que la respuesta de las autoridades a la pandemia “ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos del personal médico” por lo que pidió transparencia y difusión de la información.
Con respecto a Venezuela, la Alta Comisionada indicó que, gracias a la renovación de un compromiso con el Gobierno, su oficina aumentará su presencia en el país para continuar con sus labores de cooperación técnica, que hasta ahora han permitido, por ejemplo, llevar a cabo 15 visitas a centros de detención, la revisión de protocolos policiales sobre uso de la fuerza y el intercambio de información sobre casos individuales.
Bachelet también destacó el compromiso del fiscal general en el sentido de “avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y en 35 casos de muertes documentados en el contexto de protestas” y pidió continuar liberando a las personas privadas arbitrariamente de la libertad, en referencia al reciente indulto de 101 detenidos.
Finalmente, anunció que el próximo 23 de septiembre se referirá específicamente a la situación en materia de derechos humanos en el país. Ese mismo día, el Consejo discutirá el informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, mecanismo creado por la ONU en septiembre de 2019 para investigar violaciones graves de derechos humanos ocurridas en territorio venezolano desde 2014.
CARMEN LUCÍA CASTAÑO
PARA EL TIEMPO
GINEBRA
