La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes un proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación y que ahora deberá pasar al Senado para su debate y eventual sanción. Este es el clima que se vive desde la política en el país austral y lo que se espera que pase con la iniciativa en el Senado.

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El texto, que fue impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras una sesión que se extendió 20 horas y durante la que una multitud de personas se manifestó, tanto a favor como en contra, a las afueras del Congreso en Buenos Aires.

Una vez culminó el debate por el proyecto para legalizar el aborto, los diputados comenzaron a tratar otro también ideado por el Ejecutivo, que crea el plan "de los 1.000 días", para bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia, promoviendo el desarrollo emocional y físico y la salud de las madres y de sus hijos hasta los 3 años.

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El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual, pues hoy solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del
aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.

Esta aprobación por parte de la Cámara Baja se da dos años después de que los diputados ya aprobaran un texto similar, con 129 votos a favor, pero que quedó truncado después en el Senado, cuyos miembros representan a las provincias, algunas de ellas con perfil más conservador.

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De nuevo, se estiman dificultades en la Cámara Alta, ya que, aunque el oficialismo tiene mayoría absoluta (41 bancas), el aborto genera diferencias en el seno de los principales grupos políticos, tanto de la coalición gobernante como de la oposición.

Aún falta fijar el día en que el Senado tratará el proyecto en el pleno, algo que podrá ocurrir antes de final de año.

"El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y las violencias contra la mujer, y en lugar de resolver las causas venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema, ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su hijo", criticó Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal.

La legisladora fue más allá y aseveró que "aunque se quieran atenuar y utilizar eufemismos", lo que se está haciendo es "descartar una vida de un ser humano", y eso es, a su juicio, lo que convierte la ley en "inconstitucional".

Por su parte, Silvia Ginocchio, del gobernante Frente de Todos, consideró que para terminar con la clandestinidad, es necesario avanzar con políticas de prevención y educación sexual en todo el país.

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"Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública", dijo la diputada oficialista Cecilia Moreau, en el mismo sentido en que Fernández viene pronunciándose desde la campaña electoral de 2019, cuando se comprometió a impulsar el proyecto con la principal motivación de reducir los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

"El aborto existe. Los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar", señaló Silvia Lospenato, del opositor Juntos por el Cambio.

Al conocerse el resultado de la votación, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que se trata de "un paso fundamental y un reconocimiento a una larga lucha que vienen llevando adelante los movimientos de mujeres" en el país desde hace años.

"Pero también es producto de la decisión política del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que con el envío de este proyecto cumplieron con una de las promesas de campaña", agregó Gómez.

"La decisión del Poder Ejecutivo es clara: que nunca más una mujer o una persona gestante se vea obligada a realizar un aborto clandestino y a poner en riesgo su vida o su salud; pero, a la vez, que ninguna mujer se vea en la situación de tomar la decisión de abortar en virtud de su estado de vulnerabilidad económica o social”, indicó Gómez.

EFE

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