Hoy, 10 de enero de 2017, es la fecha límite para lograr un verdadero cambio en el rumbo político que hasta ahora ha tenido Venezuela bajo el liderazgo, o la falta de él, de Nicolás Maduro. Por eso, es importante conocer algunos antecedentes que permitan entender la decisión tomada el lunes por la Asamblea Nacional de ese país de declarar el abandono del cargo y exigir la realización de elecciones de inmediato.
De acuerdo con el artículo 233 de la Constitución del vecino país, cuando la falta absoluta del Presidente -sea ésta por muerte, renuncia, incapacidad, revocatoria de su mandato o abandono del cargo- se produce dentro de los primeros cuatro años de su periodo, se debe convocar a unas nuevas elecciones, es decir, Nicolás Maduro dejaría la presidencia y se tendría que elegir un nuevo mandatario, que bien puede ser del oficialismo o de la oposición, según decida en las urnas el pueblo venezolano. Pero, si la falta absoluta se produce en los dos últimos años de su mandato, será el Vicepresidente Ejecutivo quien asumirá la presidencia para completar el periodo restante. Bajo ese escenario, Nicolás Maduro dejaría de ser el presidente y este rol lo asumiría el recién nombrado Vicepresidente Tareck El Aissami, reconocido como parte del ala radical del chavismo.
Hay que recordar que las elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2012, dieron como ganador a Hugo Chávez, permitiéndole así continuar en el Palacio de Miraflores en el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2013 y el 10 de enero de 2019. Sin embargo, como consecuencia de su muerte el 5 de marzo de 2013, se tuvieron que realizar unas nuevas elecciones en las que el cuestionado triunfador fue Nicolás Maduro, quien se posesionó el 19 de abril de ese año. A pesar de que su posesión fue en abril y no en enero, se entiende que el mandato de Maduro es continuidad del de Chávez y, por lo tanto, que inició el 10 de enero de 2013.
Por esa razón, el 10 de enero de 2017 constituye la fecha límite en que cualquier medida que saque a Nicolás Maduro del sillón presidencial, por ser dentro de los primeros cuatro años de su periodo como jefe del Gobierno, puede derivar en una convocatoria a elecciones y la esperanza de un cambio en el hasta ahora dramático destino de Venezuela.
Ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de convocar al pueblo a un referéndum para revocar al presidente, la Asamblea Nacional en donde tiene amplias -aunque no absolutas- mayorías la oposición, no encontró otra alternativa dentro de la Constitución que la declaración de abandono del cargo, única medida que, entiende el legislativo, puede tomar autónomamente sin necesidad de algún tipo de acción por parte de otro de los poderes, que hasta ahora han demostrado estar cooptados por el ejecutivo. No obstante, es importante aclarar la medida acogida por la Asamblea no fue tomada por la falta de presencia o ausencia física del mandatario, sino por no cumplir con sus deberes constitucionales en materia de salud, seguridad, alimentación, y en general, bienestar de los venezolanos, adicionado a otras graves violaciones a los derechos humanos.
Lastimosamente, la medida adoptada por la Asamblea es un recurso desesperado que no tendrá ninguna consecuencia, como incluso lo reconoció en su intervención en las sesiones parlamentarias de ayer el ex Presidente de la Asamblea y líder la oposición Henry Ramos Allup. Lo cierto es que con la declaración de abandono del cargo nada va a pasar. Se trata de una más de las tantas razones que yacerán en la memoria histórica de estos tiempos para atestiguar la precaria legitimidad con la que se mantuvo en el poder Nicolás Maduro, pero nada más.
Por el contrario, sí preocupa, y es en lo que debe ser prudente la oposición venezolana, la debilidad que implica el argumento del abandono del cargo como medida para retirar al chavismo del poder. No se deriva de manera nítida de la Carta Política que por abandono se entienda el indebido cumplimiento de las funciones, se trata de una interpretación amplia y un tanto acomodada del parámetro normativo constitucional que, si bien pueda ayudar a presionar la salida de Nicolás Maduro, en un futuro también puede servir para que seguidores de Hugo Chávez con mayoría en la Asamblea busquen la salida de un gobierno opositor, sin mucha posibilidad de contradicción.
Muchos pueden no estar de acuerdo con la opinión desarrollada en este análisis, considerando en su lugar, que cualquier argumento, no importa lo fuerte o débil que sea, es válido si genera la destitución de Nicolás Maduro y con ella la esperanza de un cambio de rumbo para Venezuela, pero ante un gobierno con una falta de legitimidad democrática tan profunda, resulta contraproducente querer retirarlo del poder con razones que no sean constitucionalmente evidentes.
Quien tiene la razón no tiene que inventársela, solo debe demostrarla.
CARLOS ARÉVALO
Jefe del Área de Derecho Internacional
Universidad de La Sabana
