Londres capituló. 249 días después de activar la salida británica de la Unión Europea (UE), el ‘brexit’, el gobierno británico aceptó todas las exigencias europeas. El coste del no acuerdo era mucho mayor para la economía británica que para la del resto del bloque.
La Comisión Europea y el gobierno británico anunciaron este viernes el pacto del divorcio que deberá sacar al Reino Unido de la UE el 29 de marzo de 2019. En el año largo que falta deberá acordarse la parte más complicada: un periodo transitorio de dos años, un acuerdo comercial y la futura relación.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este viernes que “romper es difícil, pero romper y construir una nueva relación es mucho más difícil”. La primera ministra británica, Theresa May, decía que “el acuerdo permite empezar a negociar la futura relación”.
Esa futura relación está abierta a debate, pero el negociador europeo Michel Barnier reconoció este viernes que, de mantenerse las líneas rojas de Londres, no será más estrecha que la que logró el año pasado un país como Canadá.
Bruselas no cedió en nada. Londres, ante el temor a una ruptura sin acuerdos que le privara del destino de la mitad de sus exportaciones y rompiera todos los puentes económicos, terminó por claudicar. Un no acuerdo hubiera llevado a situaciones disruptivas como, por ejemplo, que las aerolíneas británicas no pudieran volar a Europa.
El gobierno británico pagará una factura de salida que se irá hasta unos 45.000 millones de euros, a los que habrá que añadir la contribución británica a los presupuestos europeos todavía dos años después de su salida del bloque.
Esa contribución sumará aproximadamente otros 20.000 millones. El total, unos 65.000 millones, es más del triple de lo que había ofrecido May en octubre.
Londres también respetará todos los derechos que tienen actualmente los 3,2 millones de europeos residentes en el Reino Unido. Esos derechos, contra lo que prometió el gobierno británico durante meses, estarán vigilados por el Tribunal de Justicia de la UE, que primará sobre los tribunales británicos en ese asunto.
La tercera pata del divorcio es el futuro de la frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte, hoy una línea simbólica marcada en los mapas sin correlato sobre el terreno. Londres se compromete a que siga así, pero si sus propuestas no son aceptadas por los europeos (y los irlandeses tienen derecho a veto): “el Reino Unido mantendrá un completo alineamiento con las normas de la Unión Aduanera y del Mercado Común que sostienen la cooperación entre el norte y el sur de Irlanda”, dice el texto.
Es decir que el Reino Unido, contra sus promesas, podría seguir al final del proceso en el mercado europeo, para lo que tendría que seguir pagando su contribución y aceptando las normas europeas.
Las concesiones británicas cubren todos los aspectos. En el periodo transitorio que seguirá al brexit, entre marzo de 2019 y marzo de 2012, Londres tendrá que cumplir todas las normas de la UE como si todavía fuera un Estado miembro y pagar su contribución anual a los presupuestos. Pero ya sin derecho a voz ni voto en las decisiones europeas.
La no frontera física en la isla de Irlanda fue el último obstáculo, y en las negociaciones entraron también el primer ministro irlandés Leo Varadkar y Arlene Foster, líder del partido norirlandés DUP, unionista y sostén de la mayoría parlamentaria de May.
Ambos dieron su visto bueno al acuerdo, que lleva al diablo metido en los detalles porque nadie sabe, ni en Londres, ni en Dublín, ni en Belfast ni en Bruselas, cómo se podrá gestionar una frontera sin frontera ni controles a personas ni trámites aduaneros.
La creación de una frontera terrestre tradicional hubiera amenazado los Acuerdos del Viernes Santo de 1998, los que acabaron con el terrorismo en Irlanda del Norte tras décadas de violencia y más de 3.500 muertos.
El acuerdo logrado este viernes supone una dura lección para los más intransigentes en el gobierno británico cuando se abra la negociación sobre la futura relación y el acuerdo comercial. Nueve meses de negociaciones llevaron a una capitulación completa de Londres.
El canciller Boris Johnson les decía a quienes repetían que Londres debía pagar una factura de salida que podían irse “a silbar”. La factura es dura, y Europa no reduce ni un euro sus cálculos.
Londres pidió a Bruselas “flexibilidad” para alcanzar el pacto, pero la negociación no es entre iguales porque Europa presentó hace un año una lista de exigencias que Londres terminó por aceptar una a una. El gobierno británico no tenía alternativa.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
Bruselas
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