Por ser una medida inédita en España, la activación del artículo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía de Cataluña ante la insistencia de la Generalitat de continuar su ruta hacia la independencia, todos en ese país, en especial sus actores, desconocen a ciencia cierta cuál es el siguiente paso firme que hay que dar y han preferido reemplazar las acciones por los discursos y los plazos.
Lo claro es que este sábado se reunirá el consejo de ministros para definir el grado de aplicación del polémico articulado, pero algunos medios de comunicación se han adelantado a los posibles escenarios.
El polémico artículo es vago, pero permitirá al gobierno, según lo anunció el diario El País, de Madrid, relevar al presidente Carles Puigdemont y a su equipo de sus funciones para que las instituciones catalanas vuelvan a la legalidad constitucional. Además de tomar el control de las finanzas y la policía.
“El relevo afectará a todo el Consell, por lo que todos los consejeros serán destituidos de sus funciones. Estas acciones culminarán con la convocatoria de elecciones en enero”, asegura dicho rotativo.
Pero el diario barcelonés La Vanguardia cree que Puigdemont también podría convocar elecciones en un intento de evitar una situación en la que las consejerías autonómicas podrían ser gestionadas por delegados de los ministerios centrales, mientras que el presidente regional podría permanecer en su puesto, pero despojado de cualquier poder.
Sin duda alguna, su uso podría tensar más la cuerda con la región, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convocó para la reunión extraordinaria de ministros –ante la negativa de Puigdemont de aclarar si activó o no la declaración de independencia–, dice que cuenta con el respaldo de los dos principales partidos del país (PSOE y Ciudadanos), de la Unión Europea (UE) y ha desoído todas las peticiones del líder catalán.
En varias oportunidades, Rajoy ha dicho que no pretende suspender la autonomía de forma absoluta, sino que en su lugar haría requerimientos específicos al Gobierno regional para hacer respetar la ley. Sin embargo, la entrada en vigor del artículo, que necesita el respaldo del Senado, donde el PP de Rajoy tiene mayoría absoluta, llevaría varios días.
Por su parte, Puigdemont dice que podría llevar la votación formal sobre la secesión al Parlamento catalán si Madrid sigue firme en aplicar el 155. Mientras, el presidente catálán también afronta la presión en el seno de su propia coalición, incluida Esquerra Republicana de Cataluña.
Los independentistas anticapitalistas de la CUP solo tienen diez parlamentarios, pero podrían hacer caer al Gobierno catalán si retiran su apoyo, otro escenario que llevaría también automáticamente a elecciones autonómicas.
Según el sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, la preocupación entre los españoles por la situación en Cataluña se triplicó en septiembre, mes en el que el Parlamento votó la ley del referéndum de independencia.
Según el informe del CIS, el 66 por ciento cree que Rajoy hace bien en no ofrecer más autonomía a las 17 regiones. Entre los votantes del Partido Popular, este número se eleva al 86 por ciento. Sin embargo, continúa el temor a un aumento de la tensión social. Miles de manifestantes se han reunido pacíficamente en Barcelona para protestar por el encarcelamiento de los dos líderes del movimiento independentista y se espera para hoy una jornada de nuevas y masivas protestas en las principales ciudades del país.
Este viernes, los máximos dirigentes del país subieron el tono: el rey Felipe VI denunció que España vive “un inaceptable intento de secesión”, y el presidente Mariano Rajoy manifestó que se ha “llegado a una situación límite”.
La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como sanidad y educación y cuenta con una policía propia.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.
El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se pararía el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el Ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora. Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición. En las últimas tres semanas, y ante la incertidumbre, unas 1.200 empresas iniciaron trámites para sacar de Cataluña su sede, según el Colegio de Registradores.
En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. El viernes, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede, como CaixaBank y Sabadell. “Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana”, afirman.
INTERNACIONAL
Con información de Efe y AFP
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