El fallido golpe de Estado del 15 de julio del año pasado lo cambió todo. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió a la asonada militar lanzando una purga que mandó a prisión a miles de personas, despidió a decenas de miles de empleados públicos y cerró decenas de medios de comunicación.
Turquía es hoy la mayor cárcel de periodistas del planeta, el Gobierno rompió toda negociación de paz con las milicias armadas kurdas e intervino militarmente en Siria. Desde entonces, varios atentados de ultranacionalistas kurdos o del Estado Islámico (EI), como el del pasado Año Nuevo, agravaron una crisis que también es económica.
En esa situación, y mientras las relaciones con Europa se deterioran hasta el punto de que Erdogan llegó a llamar “nazis” a dirigentes alemanes y holandeses, los turcos van este domingo a las urnas para validar o rechazar en un referendo la reforma constitucional propuesta por Erdogan.
Cengiz Aktar, politólogo y escritor turco, profesor de las universidades Bahcesehir de Estambul y de La Sorbona de París y autor de varios libros sobre las relaciones de Turquía con Europa, explicó a EL TIEMPO que “sea cual sea el resultado, el régimen continuará reforzando su control y la desoccidentalización del país”.
En las urnas, los ciudadanos turcos deben decidir este domingo sobre el mayor cambio legislativo que se presenta desde la creación de la Turquía moderna tras la Primera Guerra Mundial y sobre la deriva autoritaria del presidente Erdogan.
El mandatario espera que olviden el estado de la economía: inflación de dos cifras, desempleo en aumento e ingresos del turismo en caída por el miedo a la inestabilidad política y a los atentados.
El partido AKP de Erdogan, en el poder desde 2002 y que va dibujando una Turquía más islámica y menos laica, explica que la reforma constitucional acabará con la inestabilidad política creando gobiernos más fuertes y un sistema presidencialista.
Con unas encuestas poco fiables por el control casi absoluto que las autoridades tienen sobre los medios de comunicación desde el golpe de Estado del año pasado, Erdogan animó el 8 de abril a sus seguidores en una gran concentración en Estambul prometiendo la reintroducción de la pena de muerte, lo que sacaría a Turquía inmediatamente de la lista de países que negocian su adhesión a la UE.
Erdogan dijo ese día que Europa es “el hombre enfermo, fascista y cruel, antiislámico y antiturco”. En marzo llegó a decir que “los europeos ya no estarán seguros en las calles en ningún sitio del mundo”.
Europa, destinataria de la mitad de las exportaciones turcas y origen del 75 por ciento de las inversiones y del 80 por ciento del turismo, espera que la retórica de Erdogan y su creciente autoritarismo se calmen tras el referendo.
Aktar cree que se equivocan: “En caso de ganar el sí, el régimen tendrá un soporte constitucional –para su deriva autoritaria–, pero si gana el no, simplemente continuará su línea autoritaria manteniendo el estado de emergencia”, que se decretó tras el fallido golpe de Estado.
La reforma constitucional que se vota este domingo refuerza los poderes del jefe de Estado eliminando la figura del primer ministro y convirtiendo a Erdogan a la vez en jefe de Estado y de Gobierno con poder para nombrar a todos los ministros.
Además, Erdogan controlará el Parlamento –pues lo podrá disolver a su antojo–; en el poder judicial, podrá nombrar a 12 de los 15 jueces de la Corte Constitucional, y podrá gobernar por decreto en un amplio margen de políticas y declarar el estado de emergencia. Además, tendrá derecho de veto sobre cualquier ley aprobada por el Parlamento.
Así, Turquía se convertiría en un régimen presidencialista al estilo estadounidense o francés sin los contrapoderes legislativo y judicial que controlan la Casa Blanca o el Elíseo, y Erdogan –o “el nuevo sultán”, como lo llaman sus adversarios– podría seguir en el poder hasta el 2029 porque las próximas elecciones serían en 2019 y obtendría la posibilidad de ser reelegido en 2024.
El politólogo y escritor turco Cengiz Aktar concluye que Erdogan “no solo quiere transformar el sistema político, sino toda la sociedad, haciendo que la educación, la milicia, la justicia, la economía, la administración y la diplomacia funcionen sobre la base de la lealtad al régimen islamista”.
IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
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