‘Salida del rey tiene carácter punitivo de cara a opinión pública’

‘Salida del rey tiene carácter punitivo de cara a opinión pública’

Teresa Martínez Díaz, profesora de Constitución de la Universidad Nebrija, habló sobre la monarquía.

Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I de España.

Foto:

AFP

Por: Juanita Samper Ospina
12 de agosto 2020 , 08:28 a. m.

La salida de España del rey emérito Juan Carlos I abre paso a interrogantes sobre su condición jurídica, la situación de la monarquía, el papel del independentismo, la actuación del presidente y las relaciones con sus socios de gobierno, entre otros. Teresa Martínez Díaz, profesora de Constitución de la Universidad Nebrija de España, habló con EL TIEMPO sobre la situación actual.

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¿Cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de las investigaciones al rey Juan Carlos I?

A día de hoy no existe ninguna causa penal abierta contra él; ni siquiera tiene la condición de investigado, razón por la cual el Tribunal Supremo ha rechazado adoptar medidas cautelares en su contra ante la solicitud de la organización independentista catalana Òmnium Cultural.

Hay solo unas diligencias de investigación seguidas en la Fiscalía del Tribunal Supremo español y en la Fiscalía suiza, que continúan su trámite ordinario y que ya veremos si terminan o no convertidas en querella contra él.

Por otra parte, la inviolabilidad del monarca lo exime de responder ante la Justicia por los actos cometidos hasta el 19 de junio de 2014, fecha en la que abdicó. Todos los hechos cometidos antes de ese día y que no estén prescritos penalmente estarían amparados por el estatus de inmunidad especial.

Con la abdicación perdió esa inmunidad absoluta y sus actos sí estarían sometidos al control jurisdiccional, como cualquier otro ciudadano. De tales actos podrían derivar responsabilidades fiscales o de otra naturaleza.

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Después de renunciar al trono, no debería existir impedimento legal alguno para investigar (y, llegado el caso, juzgar y condenar) a don Juan Carlos por hechos cometidos después de su abdicación.

El problema estriba en que algunos de ellos, aun habiendo sido realizados en la etapa posterior a su reinado, traen causa de hechos cometidos cuando ostentaba la jefatura del Estado y esta circunstancia supone una dificultad añadida. No está claro es si esa inviolabilidad se mantendría fuera de nuestras fronteras, pues la práctica internacional es que los jefes de Estado que ya no están en activo no gozan de ningún tipo de protección jurisdiccional cuando se encuentran fuera de su propio país.

Felipe VI

Felipe VI llegó al trono luego de que Juan Carlos I abdicara a su favor en 2014. El domingo pasado, el actual rey tuvo que quitarle el salario del Estado a su padre y rechazar su herencia.

Foto:

Juanjo Martín. AFP

La inmunidad ha sido objeto de discusión desde que comenzaron las investigaciones sobre Juan Carlos I. ¿Cuál es su posición al respecto?

Los dos rasgos que definen de forma más característica el estatus del rey son la irresponsabilidad y la inviolabilidad.

La irresponsabilidad está fundamentada en la necesidad de refrendo de los actos del rey, que (salvo los relativos al sostenimiento económico y nombramiento de los miembros de su Casa) han de ser refrendados por el presidente, los ministros competentes o el presidente del Congreso.

En cuanto a la inviolabilidad, el texto constitucional no concreta qué tipo de inmunidad tiene el rey o a qué actos se circunscribe, lo que deja lugar a interpretaciones diversas; pero en la literalidad del texto constitucional “la persona del rey es inviolable” y eso en el plano jurídico se traduce en que el titular de la corona no puede ser perseguido penalmente, ni se le puede demandar en la jurisdicción civil. Las constituciones de algunas monarquías parlamentarias, como Bélgica, Holanda o Dinamarca, también otorgan a sus reyes esta inviolabilidad en sentido amplio; otros países, como Suecia, la restringen al ejercicio de la función regia.

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‘Los padres’ de nuestra Constitución optaron (tal vez de manera intencionada) por no especificar el tipo de inviolabilidad y, por lo tanto, el monarca goza del mayor grado de protección. De cara a una futura reforma constitucional, esta prerrogativa real debería ser concretada para que no pudiera ser entendida como una licencia absoluta para violar la ley impunemente, sino que restrinja los actos considerados “inviolables” a los refrendados por el gobierno y deje fuera los particulares de la persona.

Rey Felipe de España

El rey Felipe VI.

Foto:

Ian Langsdon. EFE

¿Qué trámites tendría que cumplir una propuesta para reformar la Constitución?

La Constitución establece un procedimiento agravado de reforma constitucional cuando se propusiere una revisión total o una parcial que afecte los derechos fundamentales o a la corona, que es lo que nos ocupa en este caso.

Por lo tanto, el procedimiento requiere la aprobación por dos tercios de cada Cámara (Congreso y Senado), la disolución inmediata de las Cortes y que las nuevas Cámaras elegidas ratifiquen la decisión y aprueben de nuevo por idéntica mayoría el nuevo texto constitucional. Por último, la reforma habrá de ser sometida a referéndum.

El cuñado del rey Felipe VI está en la cárcel, el rey emérito es investigado... ¿Sobrevivirá la monarquía como institución?

Los errores son culpa de las personas y no de las instituciones que representan. El comportamiento personal de los últimos años del reinado de Juan Carlos I no tiene por qué enturbiar la institución monárquica ni ensombrecer su importante legado histórico; es su imagen personal la que puede verse dañada. La monarquía actualmente la encarna Felipe VI.

¿Considera que Felipe VI debe adoptar nuevas medidas para acercar la monarquía a la ciudadanía?

Desde que heredó la corona en 2014 no ha dejado de adoptar medidas en pro de la transparencia de la institución y de acercamiento a los ciudadanos. Está a la altura de lo que se espera de la máxima magistratura del Estado. Su defensa de la Constitución y su compromiso con España están fuera de toda duda.

Con respecto a su padre, no cabe, de momento, que Felipe VI tome medidas más drásticas que las ya adoptadas: retirada de la asignación anual, renuncia a la herencia y ahora la salida de España.

¿Cómo afectan las investigaciones en curso y la salida del rey emérito de España la imagen de la monarquía?

Habrá que esperar a ver si finalmente se abre o no un proceso judicial contra don Juan Carlos, quien ya ha manifestado a través de su abogado estar a disposición del ministerio fiscal.

Una hipotética condena supondría un impacto negativo en la imagen y valoración del anterior rey. La salida de España del rey emérito busca facilitar la actividad institucional del actual monarca y tiene un carácter punitivo de cara a la opinión pública.

No cabe, de momento, que Felipe VI tome medidas más drásticas que las ya adoptadas: retirada de la asignación anual, renuncia a la herencia y ahora la salida de España.

Para sectores de la opinión pública, las acciones legales constituyen el inicio de una carrera para acabar con la monarquía. ¿Cuál es su opinión?

En el Parlamento español hay grupos contrarios a la forma política del Estado español establecida en la Constitución de 1978: la monarquía parlamentaria. Ellos tratan de utilizar la polémica actual para erosionar el marco constitucional y socavar la corona, símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

No quiero decir que la monarquía sea intocable, que no lo es, pero, como hemos visto, sustituir al rey por un presidente de la república requiere de una mayoría reforzada y de un pacto tan amplio como lo fue el constituyente. Estamos lejos de alcanzar ese consenso político y social. La instauración de una hipotética república no incrementaría el carácter democrático de nuestro sistema político, que es lo que nos debe importar.

Los socios del gobierno de coalición, Psoe y Unidas Podemos, tienen posturas enfrentadas ante la monarquía. ¿Podrían llevar a un rompimiento entre ambos?

Sí, mantienen posturas enfrentadas en este y otros asuntos. Unidas Podemos es una fuerza antisistema (populismo de izquierda radical) y el Psoe es uno de los dos grandes partidos de Estado españoles (Psoe y PP) que han contribuido a la construcción y consolidación del Estado democrático.

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(El presidente Pedro) Sánchez (Psoe) debería romper con su socio, Unidas Podemos, y buscar otros apoyos parlamentarios, si mantiene su compromiso con la monarquía.
La salida de Juan Carlos I del país se ha producido con el conocimiento y la aquiescencia del Gobierno, como corresponde en una monarquía parlamentaria. No es de recibo que algunos miembros hayan criticado el modo en que su propio gobierno ha decidido resolver la crisis institucional que se venía arrastrando desde que salieron a la luz los movimientos financieros de don Juan Carlos.

El presidente Cataluña debatió en el Parlamento local sobre la monarquía; partidos independentistas denominan “fuga” a la salida del rey emérito. ¿Puede ser un punto de distracción para alejar la atención de los rebrotes de covid-19 en su región? ¿Subyace un interés por alimentar la separación catalana que anhelan?

Los independentistas son las otras fuerzas políticas que participan de la estrategia de acoso y derribo al sistema constitucional, y la corona es pieza esencial pues simboliza la unidad de la nación, que es contra lo que ellos van. Hace tres años optaron por situarse en la ilegalidad al aprobar normas por un procedimiento irregular y tendentes a la celebración de un referéndum ilegal por la independencia de Cataluña.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por lo tanto, para que una parte del territorio español pudiera segregarse, sería necesaria una reforma constitucional previa y por el mismo procedimiento agravado mencionado para la corona.

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Es ridículo calificar de fuga el traslado de don Juan Carlos al no estar imputado y gozar de la presunción de inocencia y del derecho a entrar y salir del país cuando quiera. No se está combatiendo de manera enérgica el ataque del independentismo, pues el ejecutivo de Sánchez se sostiene principalmente (hasta la fecha) en dichas fuerzas a la hora de recabar apoyos parlamentarios.

También es evidente que la campaña contra la monarquía contribuye a la estrategia de distracción por los rebrotes de coronavirus, que no le sirve solo al ejecutivo catalán, sino tampoco al socio de Gobierno ante los crecientes indicios de irregularidades contables en su formación.

¿Qué opinión le merece la actitud de Felipe VI frente a lo que acontece?

El rey ha demostrado desde su proclamación en 2014 su compromiso con España y la defensa de la Constitución. También, que está dispuesto a hacer lo necesario para proteger a la monarquía y sacarla de la crisis institucional en la que la han sumido escándalos como el de su cuñado y su padre, mediante la aplicación de un nuevo código de conducta y transparencia.

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Goza entre los partidos constitucionalistas de gran apoyo y está haciendo un esfuerzo por hacerse merecedor del respaldo, afecto y confianza de la sociedad en unos años complicados, de crisis y en un ambiente de crispación y polarización

JUANITA SAMPER OSPINA 
Corresponsal de EL TIEMPO 
MADRID

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