Desde que Cataluña inició su proceso en búsqueda de la independencia, España siempre ha jugado con la carta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Este viernes ambos hechos se cumplieron. En un evidente choque de fuerzas, mientras el Parlamento de Cataluña aprobaba la declaración de independencia, el Senado español también le daba el sí a la aprobación de dicho artículo.
La medida permite iniciar un proceso para "restaurar la legalidad en Cataluña y asumir competencias del gobierno autonómico catalán".
El artículo 155 dice que el gobierno central "podrá adoptar las medidas necesarias" para forzar a una comunidad autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, lo que se dio precisamente este viernes.
El 155 dará lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los "Mossos d'Esquadra".
El parlamento de Cataluña aprobó este viernes una resolución declarando la independencia de esta región del noreste de España.
Albert Gea / REUTERS
El gobierno central de Madrid no ha aclarado todas las medidas que podrían tomarse con el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero ya se conoce cesa de todo el Gobierno de Cataluña, disuelve el Parlamento de esa región y convoca a elecciones e para el 21 de diciembre
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis. En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.
Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos y una participación del 43% y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.
En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
Según algunos juristas, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.
REDACCIÓN INTERNACIONAL*
*Con Efe
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