La Fiscalía Superior de Cataluña ordenó este lunes a la policía regional catalana (Mossos D'Esquadra) que registre los colegios electorales y que requise todo el material relacionado con la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.
En una instrucción cursada este lunes, el fiscal catalán, José María Romero de Tejada, piden que los agentes se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió el pasado jueves a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.
Romero de Tejada solicita al jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, identificar a los responsables de esos centros e interrogarles, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación del Gobierno de Cataluña solicitando su colaboración en el referéndum.
En caso afirmativo, prosigue el fiscal, los responsables deberán entregarles la documentación que posean sobre estos hechos, como sería la comunicación de su designación como colegio electoral, instrucciones de actuación, personas de contacto para incidencias o petición de que entreguen las llaves.
En el caso de que la comunicación que hayan recibido sea oral, les pedirán que identifiquen a su interlocutor y, si poseen ya algún tipo de material electoral como papeletas, urnas, listados de votantes u ordenadores, se requisará inmediatamente.
Los agentes deberán además advertir a los responsable de los centros que "la entrega de llaves o claves de seguridad a cualquier persona privada o pública, incluida la administración educativa, podrá ser considerada un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos", este último penado con cárcel.
La orden de la Fiscalía se produjo el mismo día en el que tuvo lugar en Barcelona la primera reunión convocada para coordinar la labor de las fuerzas de seguridad de cara a la celebración del referéndum. En dicha reunión el número dos de la policía regional catalana, Ferrán López, mostró la disconformidad del cuerpo ante la decisión del Gobierno español de asumir la coordinación del operativo policial que se desplegará para evitar la consulta ilegal.
Esa misma disconformidad la hizo llegar el jefe de los Mossos D'Esquadra en un escrito remitido a la Fiscalía catalana, en el que considera "injustificada" dicha decisión ya que, asegura, "afecta a la profesionalidad y prestigio" del cuerpo.
Los Mossos alegan que ya están investigando los preparativos del referéndum y disponen de "un plan de actuación" para cumplir la orden del ministerio público.
"Este cuerpo policial ha cumplido escrupulosamente y en todo momento con los requerimientos y las órdenes dadas por esta Fiscalía", sostiene Trapero.
La jornada estuvo marcada hoy también por otra decisión judicial, la del Tribunal español de Cuentas, que reclamó al expresidente del Gobierno catalán, Artur Mas, 5,2 millones de euros por los gastos que produjo la consulta independentista de noviembre de 2014, declarada igualmente ilegal por la Justicia española.
El nacionalista Mas, presidente del Gobierno catalán de 2010 a 2016, convocó en noviembre de 2014 un referéndum independentista en esa región, que tras ser suspendido por el Tribunal Constitucional se celebró como una consulta no vinculante y sin valor legal.
El exjefe del Gobierno de Cataluña tildó la decisión de "auténtica aberración" que, según dijo, solo tiene el propósito de "intimidar" en el marco de la "campaña de miedo que comanda el Estado". A las voces a favor y en contra del referéndum se unió hoy la de la Iglesia Católica en Cataluña.
Más de 400 sacerdotes y diáconos de esa comunidad autónoma española remitieron una carta al papa Francisco en la que le solicitan que medie ante el Gobierno de España para que permita realizar el referéndum. En el texto -al que tuvo acceso Efe-, solicitan a Francisco "que pida al Gobierno español, públicamente o mediante vías diplomáticas, que revise su visceral oposición a este referéndum reclamado por el 80 % de la población y cese sus actuaciones represivas".
EFE