Portugal y España, camino a la legalización de la eutanasia

Portugal y España, camino a la legalización de la eutanasia

Pese a la influencia de la Iglesia en ambos países, se adelantan procesos legislativos para ese fin.

Eutanasia

En 2019, un médico español fue condenado por practicar la eutanasia. Esto llevó a que ciudadanos buscaran un millón de firmas para pedir la despenalización.

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EFE

Por: Redacción Domingo
29 de febrero 2020 , 11:07 p.m.

Hablar de eutanasia no es noticia en los Países Bajos y Bélgica, dos naciones donde se practica desde el 2002, incluso para niños, y en el caso belga, sin límite de edad alguno desde el 2014 (con la autorización de sus representantes legales). Pero que dos de los países más católicos de Europa estén hablando muy seriamente del tema, sí que lo es.

Esta semana, el parlamento portugués adoptó en primera lectura cinco proyectos de ley a favor de la despenalización de la eutanasia que podrían ser aprobados definitivamente por los diputados de ese país en los meses venideros. Y en España, el gobierno del socialista Pedro Sánchez obtuvo luz verde en el Congreso de los Diputados para empezar a tramitar una ley prometida hace dos años reconociendo el derecho a la eutanasia en ciertas condiciones.

La verdad es que la eutanasia no está tan extendida como se cree. Ni en Europa ni en el resto del mundo. Aparte de Países Bajos y Bélgica, solo Luxemburgo la permite a carta cabal (aunque no para menores de edad). Y esto es, básicamente, que los médicos tengan la posibilidad, a solicitud del paciente, de causar la muerte a alguien que sufre una enfermedad irreversible o se encuentra en fase terminal y con padecimiento insoportable.

Aunque hay que decir que esto opera con varios filtros, como que no haya duda de que se trata de una decisión personal y no forzada, que la petición sea consciente y solicitada de forma reiterada, que haya una doble valoración médica o incluso de un consejo médico, entre otras variables, dependiendo del país.

En Suiza, contrariamente a lo que mucha gente piensa, la eutanasia no está permitida, pero sí el suicidio asistido, es decir, la posibilidad de que una persona se quite la vida siguiendo las recomendaciones de un médico. Y aunque ningún doctor puede estar presente, eso no implica que la persona no pueda ser asistida por otras. De hecho, hay varias ONG especializadas en el tema. El requisito ineludible es que quien ayuda no actúe por alguna motivación egoísta o de tipo personal o económico. Si esto se llegase a acreditar, el responsable sería perseguido penalmente.

Esto opera así en virtud de fallo de noviembre del 2006 del Tribunal Federal suizo que amparó el suicidio asistido y lo calificó de legal a partir del derecho a decidir de las personas, e independientemente de su estado de salud. Y Suiza va a más, porque las autoridades de ese país anunciaron recientemente que autorizarán suicidio asistido a presos enfermos en las cárceles de ese país y estudian los mecanismos para ponerlo en práctica.

De otro lado, esta semana en Alemania el Tribunal Constitucional de ese país declaró anticonstitucional una ley que prohibía que médicos o asociaciones ayuden a las personas que se quieren suicidar, argumentando que dejaba a los pacientes sin el derecho a decidir libremente sobre su propia muerte. "Este derecho incluye la libertad de quitarse la vida y de buscar ayuda para hacerlo", dijo Andreas Vosskuhle, el juez que preside el Tribunal Constitucional, situado en Karlsruhe.

El pronunciamiento se produjo a solicitud varias asociaciones alemanas que habían acudido al alto tribunal después de que en 2015 el Bundestag (la cámara baja del Parlamento) aprobara una ley que prohibió el suicido asistido y lo castigó con penas de hasta tres años de prisión. La ley también penaba cualquier tipo de promoción del suicidio asistido.

El asunto estaba muy candente porque en el 2017 el tribunal administrativo de Leipzig, la instancia administrativa más importante en Alemania, decidió por sorpresa que "en casos excepcionales, el Estado no puede impedir el acceso de un paciente a productos anestésicos que le permitan suicidarse de manera digna y sin dolor". Esto, tras la demanda ante este tribunal del marido de una mujer, totalmente paralizada desde 2002 por un accidente, y que tuvo que ir a Suiza para recibir asistencia para suicidarse.

El Tribunal Constitucional alemán subrayó además que la ayuda al suicido no puede estar subordinada al diagnóstico de una enfermedad incurable. "
Podemos lamentar la decisión (de un enfermo de elegir la muerte), podemos intentarlo todo para que cambie de opinión, pero finalmente debemos aceptar su decisión libre", dijo el presidente del Tribunal. La iglesia católica alemana se opuso firmemente. El arzobispo de Berlín, Heiner Koch, advirtió en abril del peligro de "cambiar el sistema de valores" de la sociedad alemana. Pero según un sondeo Infratest-Dimap, el 81% de los alemanes apoyan por otra parte la asistencia médica para el fin de la vida.

En Italia, también el veredicto del Tribunal Constitucional de ese país despenalizó el suicidio en septiembre del 2019, señalando que “no se puede castigar a quien ayuda al suicidio en determinadas condiciones”, como cuando “un paciente que se mantiene en vida con tratamientos de apoyo vital y está afectado por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que él considera intolerables, pero es plenamente capaz de adoptar decisiones libres y en plena conciencia”. Pero obviamente, siendo Italia un país tan católico, el Parlamento esta sometido a fuertes presiones y hasta la fecha se ha visto incapaz de legislar sobre el tema.

La eutanasia y el suicidio asistido están penalizados en la mayor parte de Europa, aunque en Francia, los países escandinavos y Gran Bretaña, entre otros, se toleran desde hace tiempo ciertas ayudas, como administrar medicamentos contra el dolor, que acortan la vida de los enfermos incurables, en una especie de ayuda a una muerte por compasión. Los países con una fuerte tradición católica, como Irlanda o Polonia, siguen siendo reacios a cualquier tipo de asistencia para morir, pero precisamente por eso es tan importante lo que está pasando en Portugal y España.

En el caso portugués, no se trata de la primera vez que se intenta aprobar la eutanasia, pero en las elecciones legislativas de octubre los socialistas ganaron peso y eso cambió la balanza, pese a que Iglesia católica, las organizaciones de médicos y enfermeros, así como el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida se oponen con fuerza y recogen firmas para exigir un referendo sobre el tema. 

España da un paso decisivo para reconocer el derecho a una muerte digna

Las propuestas adoptadas en primera lectura serán ahora fusionadas en un solo texto de cara a la votación final, antes del verano europeo. Esta ley será sometida después a la firma del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. El jefe de Estado no ha expresado abiertamente su posición respecto al tema pero, como ferviente católico, podría interponer un veto, que sería sin embargo anulado en una segunda votación de los diputados. También podría enviarlo al Tribunal Constitucional para que este juzgue si esta nueva normativa está conforme a la ley fundamental del país.

En el caso de España, la cámara baja aprobó tramitar el proyecto con 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones. "España da un paso decisivo para reconocer el derecho a una muerte digna. Gracias a las personas y colectivos que llevan años peleando por ello", tuiteó el socialista Pedro Sánchez, que gobierna en coalición con la izquierda radical Podemos.

Es la tercera vez desde 2018 que los socialistas presentan esta proposición de ley que no solo despenaliza la eutanasia, sino que la convierte en "un nuevo derecho individual", aunque su aplicación se haría bajo estrictas condiciones.

El texto prevé que quienes sufran una enfermedad grave, invalidante o incurable que les causa un sufrimiento intolerable puedan ser auxiliados para morir si ellos lo solicitan. La demanda debe realizarse por escrito, repetirse quince días más tarde y ser aceptada sucesivamente por dos médicos y revisada por una comisión.
La ley contempla el derecho a la "objeción de conciencia" para los miembros de los servicios sanitarios que no quieran participar en la eutanasia.

A partir de ahora, la propuesta será debatida en profundidad y debe ser aprobada por el Congreso y el Senado, un proceso que tomará meses, y será sin duda un debate muy intenso y polémico

"Tenemos grandes expectativas con que esta vez (...) la ley salga adelante" y entre en vigor a final de año, declaró el lunes el doctor Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente.

Los partidos de gobierno, sus aliados nacionalistas e independentistas y los liberales de Ciudadanos se posicionan a favor del texto, formando una amplia mayoría.
Los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, segunda y tercera fuerza, la rechazan.

Actualmente, la ayuda al suicidio y la eutanasia conllevan entre dos y diez años de cárcel, penas que pueden reducirse si la persona sufría una enfermedad grave y pidió morir.

Tengo que adelantar mi muerte (pero) me indigna tener que hacerlo en la clandestinidad

El debate llega 22 años después de la muerte del español Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, que pasó 29 años reclamando el derecho a la eutanasia. La historia inspiró la película "Mar Adentro" del chileno-español Alejandro Amenábar, ganadora de un Oscar en 2005.

Más recientemente, dos enfermos terminales que pidieron ayuda a sus parejas o se las arreglaron solos para poder morir dignamente y grabaron videos para explicar su decision de quitarse la vida, estremeciendo a España. En abril del 2019 fue María José Carrasco que sufría esclerosis múltiple hace 30 años. Su marido la ayudó a morir y fue detenido por eso.

Y en el 2017, José Antonio Arrabal, un electricista de 58 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) grabó un video antes de suicidarse donde explica: “Ya necesito ayuda para darme la vuelta en la cama, para vestirme, para desnudarme, para comer, para limpiarme. Solo puedo beber con una pajita (pitillo) en una taza de plástico, porque no puedo con un vaso de cristal (…) Lo que me queda es un deterioro hasta acabar siendo un vegetal (…) No quiero que mi mujer y mis dos hijos hipotequen lo que me queda de vida en cuidarme para nada (…) Es triste que no haya una ley que regule estos actos. Así me la estoy jugando. He tenido que comprar los medicamentos por Internet, lo que no da ninguna garantía (…) Tengo que adelantar mi muerte (pero) me indigna tener que hacerlo en la clandestinidad (…) Adiós a todos”.

El caso colombiano

En Colombia la eutanasia fue reconocida por la Corte Constitucional como el derecho fundamental a la muerte digna en una sentencia de 1997.

Según dicho fallo, en los casos en los que una persona se encuentra en una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables e incompatibles con la vida digna, el Estado no puede oponerse ni a su decisión de morir ni a la de solicitar la ayuda necesaria para ello. Desde esa fecha la Corte le ordenó al Congreso reglamentar esta práctica pero el legislativo nunca ha cumplido. Por eso, la eutanasia en Colombia solo se comenzó a realizar en hospitales y clínicas en el 2015, cuando el Ministerio de Salud emitió una regulación al atender una nueva orden del tribunal constitucional. En el 2018 este ministerio también reguló la muerte digna de menores de edad.

Pese a los avances, el hecho de que la eutanasia esté regulada por el Gobierno pero no por el legislativo, sigue creando huecos que constituyen una barrera. Esta semana la Corte le ordenó al congreso, una vez más, ponerle reglas claras a este procedimiento y, al Ministerio, establecer cuándo se puede tener en cuenta el consentimiento de un tercero para permitir estos casos. 

REDACCIÓN DOMINGO

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