¿Por qué la justicia española es criticada por juicio a separatistas?

Cuando está a punto de abrirse el histórico proceso contra 12 separatistas catalanes por la tentativa de secesión de Cataluña, el Estado español ha salido en defensa de la independencia de su sistema judicial, sabedor de que existe un problema de imagen.

Los separatistas califican de "farsa" el proceso ante el Tribunal Supremo, y no son los únicos en poner en duda la independencia de la justicia española.

La oposición de derechas acusa al gobierno socialista de presionar a los magistrados, y varios tribunales europeos se han mostrado reticentes a secundar sus decisiones.

En respuesta, el gobierno entregó recientemente a la prensa extranjera un voluminoso dossier para demostrar que la justicia española es tan virtuosa como la de los países europeos vecinos, apoyándose en clasificaciones de la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la oenegé Transparencia Internacional.

Si la justicia no fuera independiente no habría enviado a prisión por corrupción a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, ni habría provocado la caída del gobierno conservador de Mariano Rajoy investigado sobre la financiación ilegal de su partido, resalta el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Según lamenta, hay una "gran campaña de desprestigio de la institución judicial española". Con todo, Madrid reconoce que hay un problema de imagen. En términos de percepción de independencia del poder judicial por parte de la gente, España se sitúa en el puesto 23 dentro de los 28 países de la UE, según la Comisión Europea.

"Haremos que quien acabe sentado en el banquillo de los acusados sea el Estado", lanzó desde la prisión el principal acusado, Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno regional catalán.

Según él, las audiencias permitirán "desmontar esta farsa" que es el juicio. En su discurso, los separatistas se presentan como "presos políticos", víctimas de una "represión" que comparan con la que asoló a España durante el franquismo.

Y todo por haber organizado el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido por la justicia, y proclamado en vano la independencia de Cataluña.

En una decisión publicada a fines de enero, el Supremo respondió que no se les juzga por sus ideas, sino por haber violado la ley cuando eran en su mayoría "líderes políticos integrados en el gobierno de una Comunidad Autónoma, en la que asumían la máxima representación del Estado".

Durante la instrucción, el gobierno ha tenido que defenderse en todo momento de la sospecha de haber presionado a la justicia. En el juicio, la acusación es ejercida a la vez por la fiscalía, que persigue las vulneraciones de la ley, y por la Abogacía del Estado, defensora de los intereses de su cliente, es decir, el Estado.

La primera ha acusado a nueve de los procesados de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado optó por el cargo de sedición, con penas de cárcel más reducidas.

Por este gesto, la oposición de derechas acusó al gobierno de estar cediendo ante los independentistas catalanes, a fin de tratar de obtener su indispensable apoyo a los presupuestos del Estado de 2019.

Acusaciones a las que replicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseverando que la Abogacía del Estado tomó su decisión sin presiones y en base a "unos criterios estrictamente profesionales".

En noviembre, un senador del conservador Partido Popular (PP), Ignacio Cosidó, contribuyó a aumentar las sospechas sobre el sistema judicial, al felicitarse en Whatsapp por la promoción anunciada al frente del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, quien va a presidir el proceso.

Según Cosidó, dicho nombramiento permitiría controlar el Supremo "desde atrás". Ante el revuelo generado, Marchena renunció a la promoción, pero el mal quedó hecho.

Igualmente han contribuido a las dudas tribunales de Alemania, Bélgica y Escocia, que se negaron a ejecutar las euroórdenes de arresto emitidas contra los dirigentes separatistas fugados.

El año pasado, un tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein denegó la extradición por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, quién huyó de la justicia española.

Y es que según los jueces alemanes, "las violencias (en Cataluña) no fueron suficientes" para justificar dicha acusación. "Nuestra mejor campaña de comunicación va a ser el juicio", replicó Carlos Lesmes, presidente del Supremo.

Convocadas por la derecha y la ultraderecha, decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), al que acusan de "traidor" a España por dialogar con los
separatistas catalanes.

En medio de una marea de banderas españolas y algunas de la Unión Europea (UE), 45.000 personas, según la policía, "más de 200.000" según los organizadores, se concentraron en la céntrica plaza de Colón y alrededores. Su exigencia: que Sánchez convoque elecciones legislativas anticipadas, sin esperar al fin de la legislatura, a mitad de 2020.

Gracias a una particularidad del sistema penal español, el partido de extrema derecha Vox podrá fungir de acusador en el juicio a los independentistas catalanes, una situación incómoda para el gobierno español y rechazada de plano por los acusados.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, baraja la posibilidad de adelantar las elecciones legislativas al próximo de 14 de abril, según aseguraron fuentes del Ejecutivo.

Esta hipótesis se produce en plena incertidumbre por la aprobación de los presupuestos del Estado de 2019, que por ahora tienen el rechazo expreso de la oposición de centro y derecha (Ciudadanos y Partido Popular) y de los partidos independentistas catalanes (PDeCAT y ERC).

Sánchez accedió a la Jefatura del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy apoyada por las formaciones de izquierda y los nacionalistas vascos y catalanes, en el ecuador de una legislatura cuyo final está previsto para mediados de 2020.

Pero tanto el PP como Ciudadanos han intensificado su presión a Sánchez tanto en el Parlamento como con manifestaciones en la calle, para que adelante las elecciones, con el argumento de que no se puede mantener en el poder con el apoyo de los independentistas catalanes.

España celebrará elecciones locales, regionales y europeas el 26 de mayo, pero los dirigentes regionales del Partidos Socialista (PSOE) han pedido a Sánchez no unirlas con unas legislativas, de modo que las primeras no se "contaminen" con el debate nacional, especialmente con la crisis política de Cataluña.

AFP y Efe