Nunca antes el rapero Pablo Hasél había sonado tanto en España como esta semana, cuando recibió toda la atención del país.
Comenzó el lunes, día en que debía entregarse a la justicia para ingresar a la cárcel. En lugar de hacerlo, se refugió en la Universidad de Lleida con un grupo de simpatizantes. Siguió el martes, cuando los Mossos d’Esquadra (policía catalana) lo apresaron. Continuó el resto de días, porque se produjeron manifestaciones de ciudadanos y encuentros con la policía en varias ciudades, además de un rifirrafe político centrado en la posición de los partidos respecto a la condena –o no– de la violencia callejera.
El Tribunal Supremo condenó a Hasél a nueve meses y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Se basó en 64 tuits y una canción escritos entre 2014 y 2016.
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En ellos defendía grupos considerados terroristas, atacaba a la policía y a la Corona. “¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien”; “El ladrón del Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotros”; “Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo” fueron algunos de sus mensajes.
Además, el jueves la Audiencia de Lleida confirmó otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo de un juicio contra unos guardias urbanos.
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Pero para muchos, el fondo del asunto no son el rapero, su música y sus trinos, sino la libertad de expresión. Quienes se muestran en contra de la detención de Hasél no necesariamente comparten sus opiniones, sino que expresan su preocupación por los recortes de la libertad de expresión.
Así lo manifestaron más de 200 artistas que firmaron un comunicado en el que aseguran que “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado, se haga aún más evidente”.
“Somos conscientes de que si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”, agrega.
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De hecho, hay otro caso reciente: el del rapero Valtonyk, que fue condenado a pena de cárcel por la letra de sus canciones. Sucedió en 2017, cuando la Audiencia Nacional estableció tres años y medio de cárcel para él por enaltecimiento del terrorismo y delitos contra la Corona. Huyó a Bélgica.
El rapero Pablo Hasél fue detenido en España por sus letras contra la monarquía.
Pau Barrena /AFP
La clave está en las leyes del Código Penal. Los jueces las interpretan y actúan en concordancia con ellas. Las fuerzas del Estado las ejecutan cuando es necesario.
“Escudarse en las expresiones artísticas para enaltecer y humillar a las víctimas del terrorismo está castigado en el Código Penal –artículo 578– y, por supuesto, injuriar a la Corona, en el artículo 491”, explica a EL TIEMPO el abogado Juan Manuel Campo. “Ambos delitos coinciden en estar relacionados con la libertad de expresión, pero este derecho o libertad tiene sus límites, y no puede ser ejercido de forma ilimitada: llega hasta que causa daño a otro”.
Campo explica que el Tribunal Supremo de España aclara que el ejercicio de la libertad de expresión está condicionado, entre otros, por “el respeto al otro (humillación víctimas) y la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimenten un clima favorable a su reproducción” o constituya un germen de otras acciones de esa naturaleza. Ahora bien, Campo afirma que “en tiempos modernos condenar por delitos de opinión puede cuestionar un Estado de derecho”. Y agrega que por ello, “el Gobierno español, por medio de su ministro de Justicia, está estudiando reformar y modificar estos delitos”.
En efecto, el Gobierno español ha reiterado a lo largo de estos días su interés en modificar el Código Penal para que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel.
En algunos lugares y puntos de las manifestaciones callejeras, que terminaron en detenidos y heridos leves, se presentaron actos violentos, que la policía reprimió.
En el escenario político se produjeron críticas a Unidas Podemos (UP), el partido de izquierda que forma el gobierno en coalición con el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), por su apoyo inicial a la violencia.
Con el paso de los días, UP suavizó su postura y el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue tajante en unas declaraciones en las que afirmó: “En una democracia plena como es España, la violencia es inadmisible”. Agregó que hay que defender la libertad de expresión, “incluso la de los pensamientos más infames y absurdos”. Y reiteró la voluntad del Gobierno de “mejorar la protección legal”. La fractura entre los dos partidos de la coalición de gobierno, en todo caso, quedó patente.
Entre la sociedad, en cambio, se nota un consenso sobre la necesidad de amparar legalmente la libertad de prensa y el rechazo general hacia la violencia.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID
