España dio este jueves un gran paso en la confrontación con su propia historia al exhumar al dictador Francisco Franco del mausoleo en el que estuvo enterrado 44 años para sepultarlo en un cementerio municipal madrileño.
El procedimiento marca un hito en la forma en que el país afronta su complicado y tormentoso pasado reciente, con un dictador que murió en 1975 tras casi cuatro décadas en el poder y una transición democrática pactada para dejar atrás la violencia de la Guerra Civil (1936-1939), un acuerdo que respetó buena parte del legado franquista en pos de la reconciliación nacional.
La exhumación pone fin a la "afrenta moral" que suponía que un dictador tuviera una tumba en un mausoleo público donde podía recibir homenajes, afirmó el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración oficial tras el final de la operación.
Esta jornada ha visto un breve renacer de la simbología y los eslóganes del régimen franquista, tanto en los gritos de "Viva España" y "Viva Franco" de sus familiares hasta en las banderas y actitudes de sus nostálgicos.
"Nos costó mucho tiempo deshacernos de un régimen represor.Y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público", remarcó Sánchez.
Sebastián Mariscal / Efe
Entre estos estaba Francisco Franco y Martínez-Bordiú, el mayor de sus nietos, quien tachó de estratagema política la operación y la discreción con la que el gobierno socialista la ha puesto en marcha.
"Siento mucha rabia por que se haya utilizado una cosa tan cobarde como exhumar un cadáver como propaganda y publicidad política ante unas elecciones, para intentar ganar un puñado de votos", dijo el miércoles por la noche.
Los socialistas -que llevan en el Gobierno desde mediados de 2018 y concurrirán a las elecciones generales del 10 de noviembre- llevaban tiempo tratando de exhumar a
Franco, quien desató una guerra civil que causó la muerte de unas 500.000 personas entre 1936 y 1939.
Encargada por Franco en 1940, la construcción del Valle de los Caídos duró casi veinte años y en ella participaron miles de presos políticos.
Emilio Naranjo / Reuters
El Ejecutivo en funciones obtuvo el respaldo de un Parlamento dividido para trasladar sus restos, decisión que el Tribunal Supremo ratificó tras rechazar el recurso de los descendientes de Franco. El gobierno estima que la operación costará unos 63.000 euros.
"Exhumar el cuerpo del dictador podría suponer que se le dé al Valle de los Caídos su razón de ser original, un proceso normal dentro de democracias como la nuestra", dijo el politólogo Pablo Simón.
La exhumación de Franco no ha cerrado todos los asuntos relacionados con su régimen que siguen abiertos: sobre todo, España sigue teniendo más de 114.000 desaparecidos, asesinados y enterrados en fosas comunes por casi todo su territorio, lo que le convierte en el segundo país del mundo, tras Camboya, en este aspecto.
Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, denunció una guerra ideológica, y afirmó que seguirá luchando para que Franco sea reinhumado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una posibilidad negada por el Tribunal Supremo español.
La 'contradicción' en España, una democracia con cuarenta años y un dictador ocupando un mausoleo en su homenaje; "con esta acción se resuelve", se congratuló el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, preso en su juventud en el Valle de los Caídos.
Encargada por Franco en 1940, la construcción del complejo duró casi veinte años y en ella participaron miles de presos políticos. Al lugar, coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura, el 'Caudillo' hizo trasladar en 1959, los cuerpos de más de 30.000 víctimas del conflicto, en nombre de una pretendida reconciliación nacional.
Entre ellos había combatientes del bando franquista pero también republicanos sacados de cementerios y fosas comunes sin informar a sus familias. Desde su muerte en 1975, Franco estuvo en una tumba, siempre adornada con flores frescas, a los pies del altar mayor de la basílica.
Los restos de Franco salen a hombros de sus familiares.
J.J Guillén / EFE
El gobierno actuó basándose en una decisión de 2017 del Parlamento español solicitando la exhumación de Franco, que entonces cayó en saco roto por la oposición del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, cuyos diputados se abstuvieron.
Desde la adopción en 2007 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de una 'Ley de memoria histórica', la derecha acusa a la izquierda de querer reabrir las heridas del pasado.
Rajoy, en el poder entre 2011 y 2018, presumía de no haber gastado un euro para aplicar esta ley destinada a retirar los vestigios de la dictadura, identificar decenas de miles de cadáveres todavía enterrados en fosas comunes y reparar la memoria de los republicanos vencidos y condenados por el franquismo.
AFP, EFE y REUTERS