La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. El caso tiene que ver con la investigación que adelanta la CPI por la deportación ilegal de niños en zonas ocupadas por Rusia en Ucrania.
(Lea aquí: Corte Penal Internacional abrirá dos casos de crímenes de guerra contra Rusia)
"Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia Federación (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma)", dice el comunicado publicado en la página oficial de la CPI.
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
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La orden de captura que emitió también involucra a una segunda persona. Se trata de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.
La señora Lvova-Belova "es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8( 2)(b)(viii) del Estatuto de Roma)", agrega la información oficial de la CPI.
Existen motivos razonables para creer que cada sospechosos es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal (...), en perjuicio de los niños ucranianos
Para la Corte, los crímenes "presuntamente se cometieron" en el territorio ocupado de Ucrania y datan, al menos, desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú ordenó a sus tropas invadir suelo ucraniano.
Pero, ¿cuáles son las bases, según la CPI, para ordenar estas dos detenciones? La CPI asegura que, sobre la base de las solicitudes que hizo la Fiscalía el pasado 22 de febrero 2023, "existen motivos razonables para creer que cada sospechosos es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal (...), en perjuicio de los niños ucranianos".
La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.
Cabe mencionar que, aunque Ucrania ya inició acciones contra Rusia en la CPI, este tribunal, con sede en La Haya, sólo puede juzgar crímenes de agresión contra otro país si el Estado responsable es uno de los firmantes del tratado que impulsó su creación, en los que no se cuenta Rusia.
Por su parte, La Haya sí puede juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan haberse cometido en Ucrania.
Tanto Ucrania como Rusia ya reaccionaron a esta decisión de la CPI. Desde Kiev, las autoridades aplaudieron las órdenes de captura y dijeron que este es "solo el principio". Mientras que en Moscú, el Kremlin calificó de "nula" y "sin sentido" la medida de la Corte.
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Los antecedentes
Desde marzo del 2022, la CPI anunció que abrió un caso para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en la guerra en Ucrania. Y, de hecho, hace unos días el diario estadounidense The New York Times informó que la Corte iba a abrir dos casos por estos episodios.
Se trata de los primeros cargos internacionales que se presentan desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero del 2022, y se dan después de meses de trabajo por parte de equipos especiales de investigación de los crímenes de guerra, según el rotativo.
Vista de los combates entre Ucrania y Rusia en Bajmut.
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El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, debe presentar los cargos investigados ante un panel de jueces de instrucción, que antes de emitir órdenes de arresto decidirán si se han cumplido los estándares legales o si se necesitan más pruebas.
El Kremlin, lugar de residencia oficial del presidente Vladímir Putin, ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, sin embargo hay investigadores internacionales y de ucranianos quienes han reunido pruebas contundentes de una serie de atrocidades desde los primeros días de la invasión, recuerda el medio The New York Times.
Expertos admiten que es poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal.
CARLOS JOSÉ REYES
SUBEDITOR INTERNACIONAL
EL TIEMPO
@CarlosJ_Reyes