A tan solo cinco días de que el gobierno catalán realice una consulta popular con la única intención de separarse de España, las fuerzas de seguridad del país empezaron a “neutralizar” los colegios electorales para impedir ese polémico referéndum independentista.
La policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) recibió el martes la orden de la fiscalía de clausurar los espacios designados como puntos de votación, vigilarlos hasta la noche del domingo y evitar que se vote a 100 metros a la redonda.
Además, estos agentes deberán identificar a los responsables de estos centros, pedirles información relacionada con el voto y advertirles que no cedan estos espacios para la votación del domingo.
Las actuaciones de esta policía, que es autónoma pero está sometida a la legislación del Estado español, es esencial. Por ello, y como parte de su empeño por impedir la consulta, el ministerio del Interior la puso este fin de semana bajo tutela parcial.
Mientras tanto, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, logró el apoyo del presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, donde fue recibido en visita oficial de trabajo.
“Todo el mundo sabe que el referendo no se puede celebrar. (...) Y creo que en una situación como esta lo más sensato y razonable es volver al sentido común”, afirmó Rajoy tras el encuentro con Trump. La crisis catalana forzó al dirigente español a anular un viaje a Estonia para participar en una cumbre informal de la Unión Europea, y su ejecutivo también decidió postergar la adopción del proyecto de presupuesto de 2018.
Al apuntar a los colegios electorales, la Fiscalía profundiza en un plan destinado a parar todos los pasos hacia la organización del referéndum. Desde mitad de septiembre, la justicia amenazó a los alcaldes que cooperen con la votación, así como a otros funcionarios que colaboren con el referendo.
La junta electoral creada para la consulta tuvo que dimitir en bloque después de que el Tribunal Constitucional le impuso multas diarias de 12.000 euros. También detuvieron a 14 altos cargos regionales, incautaron casi 10 millones de papeletas y otro material electoral y cerraron decenas de páginas web que publicitaban el referéndum.
Aun así, el gobierno regional del independentista Carles Puigdemont mantiene su plan. “Cada vez que ellos han intentado impedir una cosa, nosotros hemos encontrado una solución”, dijo su responsable de relaciones exteriores, Raul Romeva. “La gente saldrá el domingo a votar masivamente, pacíficamente”, añadió.
Las autoridades de esta región de 7,5 millones de habitantes denuncian los métodos “represivos” de Madrid. El martes recibieron el apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. “La pregunta es cómo se observa en la era moderna un intento de reprimir a la gente”, dijo por videoconferencia a cientos de jóvenes enfrente de la Universidad de Barcelona. “¿Es posible para los servicios de seguridad del Estado reprimir un movimiento democrático serio o no es posible?”, se preguntó.
Desde Madrid repiten insistentemente que buscan salvaguardar la Constitución, que no autoriza este tipo de consultas, al igual que ocurre en Italia o Francia. Y destaca que los separatistas adoptaron la ley del referéndum sin dejar que la oposición la debatiera en profundidad, y con una votación por mayoría simple, cuando para textos mucho menos importantes la legislación catalana exige una mayoría de dos tercios de la cámara.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el martes la gestión del jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante la situación en Cataluña, al defender que España es “un gran país” que “debería permanecer unido” y considerar que la independencia sería “una tontería”.
“Realmente, creo que la gente de Cataluña se quedará en España, y creo que sería una tontería no hacerlo; estamos hablando de quedarse en un país verdaderamente grande, bonito e histórico”, añadió el presidente estadounidense en la conferencia de prensa que ofreció junto a Rajoy tras su reunión en la casa Blanca.
La respuesta de Trump fue acogida con satisfacción por la delegación española al considerar que deja bien claro el respaldo a la legalidad que defiende el Gobierno.
AFP y EFE