José Manuel Maza Martín falleció este sábado de forma repentina en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de una infección renal. Maza llevaba poco más de un año al frente de la Fiscalía General de España, órgano desde el que afrontó con contundencia la crisis soberanista catalana.
Considerado como un brillante jurista, había sido nombrado para ocupar ese cargo en noviembre de 2016 y el consejo de ministros confirmó su nombramiento una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Nacido en la capital española, el 23 de octubre de 1951, afirmaba sin embargo sentirse de Segovia (centro), de donde es toda su familia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, era además, diplomado en Criminología. En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en juzgados de Pontevedra (noroeste), Valencia (este) y Madrid, en donde también prestó servicios en un juzgado de distrito.
En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España. Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza Martín trató asuntos como los recursos presentados por el exjuez Baltasar Garzón en los procedimientos que se le abrieron.
Maza defendió en febrero de 2012 la sentencia condenatoria para Garzón por entender que éste decidió investigar crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía. Por ello, discrepó del resto de sus compañeros y les advirtió de que, con esa resolución, podía dar lugar a que los jueces puedan ampararse en la protección de las víctimas para imponer su voluntad al margen de la ley.
Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Ignacio Pujana -que había sido condenado a 79 años de cárcel- por anulación de la doctrina Parot, una práctica en España que permitía alargar la permanencia en la cárcel de los condenados por delitos muy graves, como terrorismo y algunos casos de asesinato.
Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de ese mismo mes, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y tomó posesión del cargo el 29.
En su año como fiscal general del Estado destacaron las querellas que presentó en la Audiencia Nacional de España contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y 13 exconsejeros autonómicos por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Y en el Tribunal Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlamento regional catalán, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración unilateral de independencia ilegal el pasado 27 de octubre.
EFE
