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Europa

Las claves de la ley para transexuales que prepara España

En 1969, debido a una redada de la Policía contra homosexuales y transgéneros en la discoteca neoyorquina Stonewall, se inició la revolución gay. Desde entonces se celebra la marcha del orgullo LGBTI en casi todo el mundo.

En 1969, debido a una redada de la Policía contra homosexuales y transgéneros en la discoteca neoyorquina Stonewall, se inició la revolución gay. Desde entonces se celebra la marcha del orgullo LGBTI en casi todo el mundo.

Foto:EFE

El partido Podemos planea presentar el proyecto este mes. Le contamos qué se sabe de la iniciativa.

Tan solo se conoce el borrador, pero ya es centro de innumerables disputas en España.
La ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans no se ha debatido, pero ha creado divisiones políticas y debates entre los grupos feministas.
Podemos, uno de los partidos de la coalición de izquierda que gobierna el país, espera presentarla este mes en el Congreso. Su socio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está expectante porque teme que carezca de seguridad jurídica.
Básicamente, la ley facilita el cambio de sexo a las personas trans, aquellas que no se sienten identificadas con el cuerpo en que nacieron y desean cambiarlo. La novedad respecto a la legislación vigente es que basta con comunicar el deseo del cambio (sin exámenes ni tratamientos previos) y que puede hacerlo cualquier persona desde los 16 años.
Los grupos de feministas, por su parte, se han posicionado en dos bandos: los que no ven sus derechos amenazados y los que creen que estos borrarían los logros jurídicos de la mujer. Antes de entrar en el debate es necesario conocer las principales medidas que contempla el borrador de la llamada “ley trans”.

Libre determinación de la identidad de género

Hasta ahora, la ley vigente en España desde 2007 permite cambiar el nombre y el sexo del documento de identidad sin operación quirúrgica. Son necesarios, eso sí, un informe médico o psicológico y un tratamiento hormonal de al menos dos años. La nueva norma prevé que el cambio se haga efectivo solo con “la libre declaración de la persona interesada”. No se requerirá la “modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”. Es decir, basta con decir que se siente identificado con el sexo contrario al que nació.

Edad y tratamientos

Una de las novedades que incluye el borrador es que se aplicaría a las personas a partir de los 16 años, sin necesidad del respaldo de sus padres o tutores. Este punto, uno de los que ha levantado más polémica, se basa en un pronunciamiento de 2019 del Tribunal Constitucional, que señala que pueden acogerse a esa opción los jóvenes que tengan “suficiente madurez y se encuentren en una situación estable de transexualidad”.
El borrador contempla un tratamiento cubierto por la sanidad social al principio de la pubertad para frenar el desarrollo de pechos y la barba y la nuez, y, posteriormente, uno hormonal cruzado (esto es, testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales). Ahora bien, los menores de entre 12 y 16 años pueden realizar el cambio en el registro mediante sus padres o representantes legales. Si no hay acuerdo, se nombra a un “defensor judicial”.
Irene Montero, Ministra de la Igualdad del Gobierno de España.

Irene Montero, Ministra de la Igualdad del Gobierno de España.

Foto:EFE / Ballesteros

Identidad no binaria

Las personas que así lo deseen, pueden pedir que los documentos oficiales omitan la mención relacionada con el sexo. “Se pretende dar satisfacción a las demandas de una parte de la población que no se identifica con el género masculino ni con el femenino”, explica el borrador de la ley.

Derechos no retroactivos

Con el cambio en el registro, la persona puede ejercer “todos los derechos inherentes a su nueva condición”. Sin embargo, “no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral”. El borrador aclara específicamente que no se puede eludir los que atañen a la Ley contra la Violencia de Género. Es decir, un maltratador de mujeres no puede eludir la justicia gracias a la nueva ley.

Extranjeros

El borrador ampara a los extranjeros residentes en España “con independencia de su situación administrativa”.
El abogado Gabriel Fernández Rojas, exdirector general de Inmigración de la Comunidad de Madrid, señala que “con demasiada frecuencia conocemos casos en que personas, especialmente procedentes de países árabes, africanos y de Oriente Próximo, han visto peligrar su vida como consecuencia de su orientación de género”.
Algunos de ellos son Mauritania, Yemen, Sudán, Arabia Saudita, Irán o Nigeria. “Allí, por ejemplo, persiguen con pena de muerte determinadas opciones sexuales”, explica. “Es evidente que la existencia, o no, de un Estado de Derecho incluyente y garantista subyace en la decisión de muchas personas para emprender un proyecto migratorio hacia Europa y dejar atrás países que criminalizan a sus ciudadanos por razones de etnia, credo o género”, agrega.

Deportes y cárceles

En estos dos ámbitos las personas serán tratadas y separadas según su sexo registral y se prohíbe la verificación de sexo. Estas medidas son centro de polémicas.
En deportes, hay quienes temen que una persona que gane una competencia en España no pueda participar en una internacional por no ajustarse a las normas. Los organismos mundiales son estrictos en relación con la medicación y las hormonas para mantener una igualdad de condiciones respecto a aspectos como la fuerza y la altura.
En cuanto a las prisiones, hay críticas por la posibilidad de que personas que son biológicamente hombres y no cambian su aspecto físico cumplan condenas en cárceles de mujeres.
l candidato socialista Pedro Sánchez (i), que logró este martes la confianza del Congreso para un nuevo mandato como presidente del Gobierno, al lograr una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, aplaude durante la sesión de investidura.

l candidato socialista Pedro Sánchez (i), que logró este martes la confianza del Congreso para un nuevo mandato como presidente del Gobierno, al lograr una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, aplaude durante la sesión de investidura.

Foto:Juan Carlos Hidalgo. Efe.

Reproducción asistida

El borrador contempla que la seguridad social preste servicios de reproducción asistida y facilite el acceso a técnicas de congelación de tejidos y células reproductivas en personas que sigan tratamientos hormonales.

Educación

Los alumnos podrán exteriorizar su identidad de género y se debe respetar “su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro educativo conforme a su identidad de género”.

Trabajo

El borrador prevé medidas para facilitar a las personas trans el acceso al mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 75 por ciento de ellas padecen problemas de empleo.

Debate entre feministas

La posición de las activistas feministas no está unificada: unas piensan que hay que defender los derechos de un colectivo perseguido y otras, que está en peligro la base de leyes que combaten la discriminación contra las mujeres.
En el manifiesto titulado “Feministas por los derechos de las personas trans”, fijaron su posición más de ochenta asociaciones vinculadas a grandes manifestaciones (como las del Día de la Mujer, el 8 de marzo) y más de 500 periodistas, artistas y mujeres relacionadas con la cultura. Aseguran en él que “otorgar unos derechos por los que el movimiento LGTBI+ lleva mucho tiempo peleando —incluyendo la autodeterminación de género— no es un gesto en contra de las mujeres”.
Se muestran, pues, a favor de la ley. De hecho, aseguran que “mejorar las condiciones de vida de las personas trans profundiza y amplía la democracia, mejora nuestra sociedad y fortalece nuestra lucha contra unas normas de género que nos limitan”.
Reconoce, además, los aportes de las personas trans a la lucha feminista. Agregan que “no necesitamos que nadie nos venga a vigilar qué es ser mujer. Queremos, por el contrario, ampliar su significado y las posibilidades de vivir de maneras diversas sin encajar en los moldes preestablecidos por el patriarcado”.
Por otra parte, hay feministas que se muestran en contra de la ley porque creen que mina los derechos conquistados en años recientes. La clave está en la diferencia entre sexo y género. Para ellas, el sexo es una realidad biológica que no se elige y el género es una construcción cultural de estereotipos. Si el sexo se escogiera, dicen, no tendrían sentido las políticas públicas que protegen a las mujeres y combaten su discriminación.
La alianza “Contra el borrado de las mujeres” explica que “con esa ley, si un hombre manifiesta sentirse mujer, sin ningún requisito que verifique su posible disforia, será, a todos los efectos legales, una mujer”. La consecuencia es que “todos los derechos basados en el sexo desaparecen, y pasan a ser inoperantes las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, o las leyes contra la violencia de género”. De esta manera, “la discriminación contra las mujeres se vuelve imposible de combatir desde el Derecho”.

Resquemores políticos

La impulsora de la “ley trans” es la ministra Irene Montero, miembro de Podemos. Ella ha mantenido un rifirrafe público con la vicepresidenta del PSOE, Carmen Calvo, quien ha manifestado que le preocupa “fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad de los 47 millones de españoles”.
En este sentido, y de manera paradójica, se acerca a partidos de extrema derecha, como Vox, que también ven con resquemor las medidas contempladas en el borrador.
Montero aspira a llevar la ley al Congreso antes del 8 de marzo, Día de la Mujer.
Previamente, sin embargo, deberá buscar unidad dentro del mismo gobierno.
Como explica Fernández Rojas, el alcance de la ley “si finalmente se aprueba, seguramente se vea moderado a lo largo de su tramitación, particularmente en lo relacionado con los menores de edad y la ausencia total y absoluta de previa valoración médica y sicológica, y la reversibilidad o no del proceso”. Queda, pues, un largo camino.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID
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