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Justicia europea condena a España por violencia policial
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reemplazará al papa en el mecanismo que seleccionará los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pactada en La Habana.

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www.echr.coe.int

Justicia europea condena a España por violencia policial

El Tribunal Europeo consideró desproporcionado el uso de la fuerza de la policía en un caso de 2014.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por violencia policial contra una manifestante en una protesta que tuvo lugar en 2014. El TEDH, con sede en Estrasburgo, consideró desproporcionado el uso de la fuerza de la policía contra Laguna Guzmán, cuando intervenía en una marcha a favor del empleo y de presupuestos sin recortes sociales.

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El 2 de febrero de 2014 organizó la protesta la Asociación Parad@s en Movimiento, una institución que lucha contra el desempleo, uno de los más graves problemas en España. La manifestación estaba autorizada por las autoridades de Valladolid, una ciudad ubicada a 190 kilómetros al norte de Madrid.

La protesta terminó sin enfrentamientos y cerca de cien manifestantes decidieron continuar la marcha hasta el centro de la población. Al enterarse de que un grupo de políticos del conservador Partido Popular (PP) se hallaba en un restaurante cercano, acordaron situarse frente a él. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exhibieron una pancarta en la que pedían que se detuviera “la criminalización de la protesta social”, al tiempo que denunciaban la corrupción política

Nada sugiere que la demandante (Laguna Guzmán) en particular haya cometido un acto reprobable

Momentos después, sin que los manifestantes hubieran intentado ingresar en el restaurante, apareció la policía. Exigió que se deshicieran de la pancarta, que portaba Laguna Guzmán, y se disolviera la protesta. Los manifestantes se negaron a ello sin incurrir en ningún tipo de reacción y, sin embargo, uno de los policías golpeó violentamente con una porra a Guzmán. La mujer resultó herida en la boca y una mano, lo que le significó una incapacidad médica de nueve días. Debido a las lesiones producidas por el policía, dos años más tarde se dictaminó su incapacidad permanente.

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La agredida denunció los hechos policiales ante el Tribunal Constitucional español, que no admitió la demanda en 2017.

Guzmánacudió luego a la Audiencia Nacional, la más alta institución judicial del país, que aceptó la denuncia y condenó luego, en 2019, al Ministerio del Interior, responsable de la policía en España, a pagarle 10.000 euros a la demandante. Pero ella decidió llevar el caso a las instancias europeas con el objeto de dar mayor alcance a lo sucedido por brutalidad policial.

El comportamiento de la manifestación y lo inofensivo de sus lemas y pancartas no justificaban la fuerza desplegada por la policía

Alcance europeo

El TEDH admitió la acusación contra el Estado español y sentenció este martes a favor de la demandante. Juzgó la acción policiva de desproporcionada e injustificada, pues la manifestación había sido pacífica. En su dictamen el ente europeo de justicia señaló que “las autoridades públicas deben mostrar un cierto grado de tolerancia hacia manifestaciones espontáneas que sean pacíficas”. Para los siete jueces que firmaron la sentencia, “El comportamiento de la manifestación y lo inofensivo de sus lemas y pancartas no justificaban la fuerza desplegada por la policía”.

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El Estado español fue condenado a pagar 248 euros a Guzmán, una cifra simbólica, pero dotada de una enorme repercusión y de advertencia hacia los Estados de la Unión Europea.

Con la ley en la mano

El caso estudiado por el Tribunal europeo, que se registró oficialmente como Case of Laguna Guzmán v. Spain, derivó en una clara violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y de la libertad de asociación, contemplados en el artículo 11.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta normativa europea entró en vigor en 1953.

El alto tribunal estimó, además, que llevar una pancarta y manifestarse pública y pacíficamente no atenta contra la convivencia: “Nada sugiere que la demandante (Laguna Guzmán) en particular haya cometido un acto reprobable”.

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La decisión, más allá del alcance judicial, constituye un llamado de atención a los Estados europeos para que controlen sus fuerzas de seguridad y aseguren el respeto hacia los ciudadanos, en momentos en que los episodios de violencia policial excesiva se reproducen en el mundo.

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
MADRID

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