El Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español, investigará al rey emérito Juan Carlos I por los presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de dinero. La decisión se tomó después de varios meses de una investigación paralela iniciada por la justicia suiza y tras seis años de la abdicación a favor de su hijo Felipe VI.
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La pieza judicial está centrada en el seguimiento a las comisiones que el monarca habría recibido por su intervención en la concesión a empresas españolas de la construcción de la vía del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina en Arabia Saudí.
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La justicia española no entra a dilucidar las actuaciones del rey antes de su abdicación, pues gozaba de inmunidad constitucional, sino lo sucedido con los dineros desde junio de 2014. Se calcula que Juan Carlos I recibió cerca de ochenta millones de euros, que luego habría donado a su íntima amiga alemana Corinna Larsen.
Las primeras sospechas nacieron justamente de unas grabaciones a Larsen realizadas por el comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión por diversos delitos, en las que ella aseguraba que el rey Juan Carlos había recibido comisiones que fueron depositadas en Suiza y eran manejadas por testaferros.
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Se calcula que Juan Carlos I recibió cerca de ochenta millones de euros, que luego habría donado a su íntima amiga alemana Corinna Larsen.
La fiscalía suiza había tomado cartas en el asunto en el verano de 2018 cuando abrió una investigación sobre una donación millonaria que recibió Larsen a través de una cuenta vinculada a una fundación panameña en la que figura el nombre de Juan Carlos I.
La fiscalía española intercambió información con las autoridades suizas a lo largo de los últimos meses. Pero ahora debe ser el Tribunal Supremo el que continué la investigación para decidir si actúa penalmente contra el rey emérito por presuntos delitos cometidos después de la abdicación.
En 2018 se había cerrado otra investigación en España en este sentido, pues se consideró que el monarca gozaba de inmunidad constitucional por sus actuaciones como rey. Dado que ya no conserva ese privilegio, se abren las puertas a una acusación penal por fraude fiscal y lavado de dinero al no haber declarado esos ingresos y haberlos ocultado en el exterior.
El rey emérito, Juan Carlos I (d.) junto con su hijo, el rey Felipe VI.
Efe
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de la Sala del Tribunal Supremo especializado en delitos económicos, Juan Ignacio Campos.
El rey emérito, por su parte, cuenta con la ayuda profesional del abogado Javier Sánchez-Junco, antiguo fiscal anticorrupción que está a cargo de su defensa.
Las reacciones del gobierno se han manifestado a través de la portavoz María Jesús Montero, quien aseguró que “la justicia es igual para todos”. También dijo que el ejecutivo “no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario”.
Unidas Podemos, socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, manifestó su preocupación por lo ocurrido. Pablo Echenique, su portavoz, señaló que “las sospechas de corrupción sobre la Casa real” constituyen un factor “gravísimo para la democracia”.
Por otro lado, el partido Ciudadanos, de centro-derecha y en la oposición, aseguró ser partidario “de la transparencia y la claridad”. Y Vox, agrupación de ultraderecha, dijo que el gobierno de Sánchez ha metido sus “sucias manos” en todas las instituciones democráticas.
JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid
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