Reclamado por la justicia estadounidense por haber filtrado cientos de miles de documentos clasificados, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tratará de convencer a la justicia británica a partir de este lunes de que rechace extraditarle a Estados Unidos.
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Personaje controvertido, el australiano de 48 años declaró en una audiencia preliminar que se negaba a "someterse a una extradición por un trabajo periodístico que recabó numerosos premios y protegió a mucha gente". Podría ser condenado hasta a 175 años de prisión en Estados Unidos.
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En un primer momento, fue acusado de pirateo informático, pero en mayo la justicia estadounidense lo acusó, además, de 17 cargos adicionales en virtud de la ley antiespionaje. Sus apoyos denuncian que estas acusaciones suponen un grave peligro para la libertad de prensa.
Estados Unidos lo acusa, principalmente, de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes al publicar, en Wikileaks en 2010, 250.000 cables diplomáticos y medio millón de documentos confidenciales sobre las acciones del ejército estadounidense en Irak y en Afganistán.
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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, estuvo asilado en Ecuador, pero fue expulsado de la embajada hace 10 meses.
Justin Tallis / AFP
Ahora, la justicia británica tendrá que determinar si la demanda de extradición respeta varios criterios legales, y sobre todo si no es desproporcionada o incompatible con los Derechos Humanos.
Julian Assange debe comparecer a partir de este lunes por la mañana y durante toda la semana en el tribunal de Woolwich Crown Court, cerca de la prisión de Belmarsh, al sureste de Londres. A continuación, la audiencia se aplazará y se retomará el 18 de mayo, durante tres semanas. El fallo podrá ser recurrido.
Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde que fue expulsado de la embajada de Ecuador hace diez meses.
En la última audiencia preliminar, el miércoles pasado, la defensa de Julian Assange alegó que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió indultar al australiano si este negaba que Rusia filtró los correos electrónicos que perjudicaron a su rival, Clinton. La Casa Blanca, sin embargo, negó esta afirmación.
En un documento realizado para su defensa, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, afirmó que la propuesta llegó por parte del exdiputado republicano Dana Rohrabacher "siguiendo instrucciones" del presidente estadounidense.
Por su parte, Dana Rohrabacher afirmó que le había dicho a Assange que si "daba pruebas" de que él estaba en el origen de la filtración, podría "pedirle al presidente Trump que lo indultara", pero desmintió haber hecho su oferta en nombre del presidente estadounidense.
El presidente Donald Trump prometió indultar al australiano si este negaba que Rusia filtró los correos electrónicos que perjudicaron a su rival, Clinton
Wikileaks publicó en 2016, en un momento clave de la campaña de las presidenciales estadounidenses, miles de correos pirateados del Partido Demócrata y del equipo de la entonces candidata Hillary Clinton, que la debilitaron en la carrera por la Casa Blanca.
Según Baltasar Garzón, abogado que coordina la defensa de Julian Assange, "en agosto de 2017, la administración Trump intentó presionar a Julian Assange para que dijera cosas que favorecerían al presidente" estadounidense.
"Cuando Assange se negó a hacerlo, fue inculpado y se emitió una demanda de extradición, además de una orden de arresto internacional", afirmó el exjuez de instrucción español el jueves pasado, durante una rueda de prensa en París.
Jennifer Robinson y Baltasar Garzo, abogados de Julian Assange, fundador de Wikileaks.
EFE
Numerosas voces han denunciado el trato infligido a Julian Assange. El relator de la ONU sobre torturas, Nils Melzer, consideró en mayo que el australiano presentaba "todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, una ansiedad crónica y traumatismos psicológicos intensos". Según sus familiares, su estado de salud mejoró recientemente.
Entretanto, el Consejo de Europa apuntó la semana pasada que la extradición de
Assange tendría un efecto muy negativo en la libertad de prensa.
AFP