El informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia se difundió mutilado y censurado, pero con suficientes cargas de profundidad como para hacer tambalear al Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, que parece más frágil que nunca.
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A petición de la policía, la autora de la investigación, la alta funcionaria Sue Gray, se vio obligada a dejar fuera del documento sus hallazgos concretos sobre la presunta vulneración de las reglas anticovid en la sede del primer ministro.
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Sin embargo, pese a reconocerse "extremadamente limitada", Gray es lo suficientemente explícita en las doce páginas de su informe como para lanzar una durísima crítica al funcionamiento y la ética en Downing Street.
En ellas denuncia la "falta de liderazgo y de buen juicio" por "diferentes partes" tanto en la oficina del primer ministro como en el Ministerio del Gabinete (equivalente al de Presidencia) respecto a algunos encuentros sociales que "nunca se deberían haber permitido".
"En el contexto de la pandemia, cuando el Gobierno pedía a los ciudadanos que aceptasen restricciones de amplio calado en sus vidas, algunos de los comportamientos en torno a estas reuniones sociales son difíciles de justificar", señala Gray.
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Ten Downing Street en Londres, Gran Bretaña, 11 de enero de 2022.
EFE/EPA/ANDY RAIN
Para la investigadora, con fama de imparcial e implacable en sus indagaciones, "algunos de esos encuentros representan un grave incumplimiento, no solo de los estándares que se esperan de quienes trabajan en el núcleo del Gobierno, sino también de los que se esperaban entonces de toda la población".
También llama la atención sobre el "excesivo consumo de alcohol" en el seno del Ejecutivo, que considera "inapropiado para un lugar de trabajo".
Sin entrar en detalles sobre ellas, pone un total de 16 celebraciones bajo su lupa, de las cuales doce son objeto de la pesquisa policial. Y ahí es donde se complica la situación para Johnson.
Uno de esos "eventos" tuvo lugar el 13 de noviembre de 2020 presumiblemente en el propio apartamento del primer ministro y su mujer, Carrie. Difícil alegar, en esa situación, que él no estaba al corriente ni autorizó ciertas fiestas.
También presenta graves complicaciones para el primer ministro la famosa fiesta del 20 de mayo de 2020, en la que su secretario personal invitó a la gente a "traer su propia bebida" y a la que él ya ha admitido que asistió durante un rato.
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Tras la publicación del informe, Johnson compareció ante el Parlamento, donde tuvo que escuchar un chaparrón de peticiones de renuncia, alguna desde sus propias filas conservadoras.
Volvió a recurrir al ejercicio de contrición que ya había realizado hace unas semanas -"pido perdón, pero sé que no es suficiente"- y anunció una reforma del funcionamiento interno de sus oficinas interna como muestra de que ha aprendido las lecciones que deja el llamado "Partygate".
Tras afirmar que "acepta los hallazgos del informe de Gray", añadió que no esperará al final de la investigación policial y que hará cambios en las "estructuras fragmentadas y complicadas" de Downing Street y del Ministerio del Gabinete.
Entre esas reformas, adelantó que creará la función de un "secretario permanente" que supervise el funcionamiento de las oficinas del primer ministro, aunque no ofreció más detalles.
Las promesas distaron mucho de contentar a una oposición que volvió a reclamar en bloque la dimisión de Johnson, en una sesión muy caliente y en la que hasta el portavoz de los nacionalistas escoceses, Ian Blackford, fue expulsado por acusar al primer ministro de mentir.
La cómoda mayoría de la que goza el líder "tory" en la Cámara de los Comunes hace que la única manera de lograr la salida de Johnson -descontada una renuncia voluntaria- sea una rebelión interna entre los propios conservadores.
Y ése fue el llamamiento que lanzó el jefe de la oposición, el laborista Keir Starmer, al pedir a los diputados "tories" que convoquen una moción de confianza interna sobre su líder.
"Las miradas de este país están sobre ellos", dijo Starmer, al tiempo que les reclamaba "librar al país de un primer ministro totalmente indigno de sus responsabilidades".
Los medios del Reino Unido reaccionando a la disculpa del primer ministro británico Boris Johnson tras las acusaciones del partido por asistir a una fiesta en el jardín en Downing Street.
EFE/EPA/ANDY RAIN
Todavía no son muchos los conservadores que se han atrevido a significar en público su rechazo, pero en el Parlamento el lunes lo hizo uno más, Andrew Mitchell, aunque varios dejaron caer que las explicaciones del primer ministro no les convencieron.
Una de esas voces discrepantes fue precisamente su predecesora en Downing Street, Theresa May, quien se preguntó si Johnson no se había leído las reglas, no las comprendía o simplemente decidió ignorarlas.
Aunque cada día que pasa como primer ministro es un triunfo para Johnson, su panorama no parece aclararse a corto plazo.
La policía aseguró el lunes que dispone de más de 300 fotografías y 500 páginas de documentos, facilitadas por la investigación interna de Sue Gray, de las que elegirá a las personas que interrogará para esclarecer si se violaron las reglas anticovid, un delito castigado con multas.
La imagen de Johnson declarando ante la policía, o siendo finalmente sancionado por participar en fiestas, podría terminar de rematar a un primer ministro que ya está contra las cuerdas.
Desde diciembre, en un goteo incesante de filtraciones, la prensa ha publicado informaciones sobre más de una docena de estos eventos presuntamente ilegales, en algunos de los cuales Johnson tuvo que admitir haber participado aunque esforzándose por eludir responsabilidades.
Esto no impidió que la oposición al completo y algunos de sus propios diputados pidieran la dimisión del controvertido líder. Johnson, de 57 años, llegó triunfalmente al poder en 2019 prometiendo llevar a cabo un Brexit con el que su predecesora, Theresa May, llevaba años debatiéndose.
Sedujo así a un gran número de bastiones laboristas en el norte posindustrial de Inglaterra y se alzó con la mayoría conservadora más importante desde los años 1980.
Pero ahora son precisamente los jóvenes diputados de su partido elegidos en esas circunscripciones que tradicionalmente votaban a la izquierda quienes se rebelan con más fuerza contra su líder.
Para lanzar una moción de censura interna necesitan enviar al menos 54 cartas, 15 por ciento de los 360 diputados de la mayoría gubernamental, al denominado Comité 1922, encargado de la gestión del grupo parlamentario. Su número se mantiene secreto hasta que se alcanza ese umbral.
AFP y EFE
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